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El sector de la construcción en Turquía está bajo escrutinio luego de los terremotos de magnitudes 7,5 y 7,8, ocurridos el 6 de febrero, y que ya dejan más de 40.000 muertos: más de 35.000 en ese país y por encima de los 5.000 en Siria. Expertos consultados por distintos medios coinciden en que las imágenes de los edificios colapsados, entre los que hay construcciones prácticamente nuevas, dan indicios de falencias en las obras.
De hecho, como señala “The New York Times”, “la construcción deficiente probablemente exacerbó la escala de destrucción del terremoto, así como la cantidad de vidas perdidas”. En un sentido parecido se expresó David Alexander, experto en planificación y gestión de emergencias del University College London, quien le dijo a la BBC que “la intensidad máxima de este terremoto fue violenta, pero no necesariamente suficiente para derribar edificios bien construidos”.
Ahora, no es que Turquía tuviera una deficiente regulación antisísmica, pues esta fue reforzada luego del terremoto de 1999, que dejó 17.000 víctimas fatales. En cambio, la atención ahora se está dirigiendo a la pobre aplicación de la ley en un país en el que los sismos son frecuentes y, más aún, a las llamadas amnistías de construcción de las que el propio presidente, Recep Tayyip Erdogan, llegó a ufanarse.
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La construcción, muchos han recordado por estos días, ha estado en el centro de la política de desarrollo del país durante los últimos 20 años, en los que Erdogan ha fungido como primer ministro y presidente. Es un sector de sus afectos. Por eso no sorprende que ahora la oposición política en Turquía le enrostre las flexibilizaciones que se han concedido en los últimos años, justo cuando el país se dispone a celebrar elecciones presidenciales en junio próximo.
Hoy recirculan videos de Erdogan, grabados en 2019, aplaudiendo la “solución” que había dado a los problemas de casi 145.000 habitantes en Kahramanmaras, una de las ciudades más afectadas tras los terremotos de la semana pasada. Se refería a las amnistías otorgadas para los edificios que no cumplían con los códigos de construcción. Lo mismo hizo tiempo después en Hatay, otro de los lugares más dañados por los sismos del 6 de febrero.
Las amnistías han sido recurrentes (por lo que no solo se ha señalado a la administración de Erdogan, sino también a sus antecesores) y su objetivo ha sido “sanear” las construcciones irregulares a cambio del pago de una tarifa o multa. La más reciente fue en 2018 y, como recogió la BBC, justo antes del desastre un proyecto para una nueva amnistía aguardaba aprobación parlamentaria. “El programa le valió al gobierno US$3.100 millones”, según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Urbanización citados por el “Times”.
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El secretario general adjunto del área metropolitana de Estambul, Bugra Gokce, citado por el medio turco “Duvar”, aseguró que 3,1 millones de edificios recibieron amnistía antes de las elecciones generales de 2018. Según sus datos, el número de inmuebles saneados en las 10 provincias afectadas por los sismos fue de 294.165.
A raíz de este escrutinio, al menos 10 personas han sido capturadas desde el fin de semana, incluyendo a promotores inmobiliarios o empresarios que fueron sorprendidos tratando de salir del país. Uno de ellos, Yavuz Karakus, citado por varios medios, les dijo a los periodistas que tenía la conciencia tranquila y que de 44 edificios que ha construido, solo cuatro se derrumbaron. Por otro lado, otras 163 personas estarían siendo investigadas en relación con los colapsos.
“No elegimos nuestro apartamento por los baños de mármol y las hermosas lámparas”, dijo Mine Goze, una mujer de 42 años citada por el “Times”. Goze vive con su esposo y sus dos hijos en la ciudad de Malatya, en el Bloque A de un complejo de edificios en el que una de las torres colapsó. “Sabíamos que nos mudaríamos a una zona de alto riesgo sísmico y queríamos estar en un edificio seguro, incluso si eso significaba pagar el doble de la renta en el área”, señaló indignada.
En medio de esta indignación cada vez son más las voces que piden que se haga responsables no solo a los constructores, sino a los funcionarios que han otorgado los avales, a los inspectores que probablemente tampoco cumplieron con su función e incluso a las empresas o personas particulares dueñas de las estructuras amnistiadas. Sin olvidar la necesidad de revisar los marcos normativos o no volver a incurrir en la negligencia que parece cada vez más evidente.
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