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Hoy se vence el ultimátum que el cartel Guerreros Unidos les dio a los cerca de 400 efectivos de la Policía Federal que desde el lunes controlan la zona por orden del presidente del país Enrique Peña Nieto, luego del hallazgo de 28 cadáveres en una fosa común en un sector montañoso de la localidad.
Las investigaciones apuntan a que algunos de estos cuerpos corresponden a parte de los 43 estudiantes desaparecidos en la zona desde el 26 de septiembre pasado y existen serias sospechas de que su asesinato —y posterior incineración— es parte de una trama que vincula a Guerreros Unidos con las autoridades locales. Por esa razón, la primera acción de los 400 policías federales fue desarmar a los agentes locales (143 en total) que desde la semana pasada son interrogados respecto a la desaparición. Actualmente, 22 de ellos permanecen detenidos y el ultimátum del cartel pide justamente su liberación a cambio de no iniciar una guerra.
La angustia de los familiares de los desaparecidos, quienes guardan la esperanza, mientras se realizan pruebas forenses, de que sus seres queridos no estén entre los 28 cuerpos encontrados, contrasta con el descaro de la alianza entre Guerreros Unidos y el gobierno local. Hoy se desconoce el paradero del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, como ocurre con quien fuera el jefe de Policía del pueblo.
Sin que haya hasta el momento una versión certera de cómo ocurrieron las desapariciones, las investigaciones señalan que los jóvenes, de entre 18 y 23 años, irrumpieron para protestar en un acto público liderado por la esposa de Abarca. Al terminar la protesta, la Policía local presuntamente detuvo los buses en los que se transportaban los estudiantes —fuego real de por medio—, los detuvo y los entregó al cartel.
De acuerdo con la fiscalía del estado, dos sicarios de Guerreros Unidos confesaron haber participado en el asesinato de las 28 personas encontradas.
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