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Estados insulares como Kiribati, Tuvalu, las Islas Marshall, Maldivas, Barbados, Granada, entre otros, son vulnerables al cambio climático, que amenaza su existencia al volver inhabitables sus territorios o cubrirlos por el aumento del nivel del mar. Esto genera incertidumbre sobre si podrán continuar siendo Estados y qué ocurrirá con su población.
En este contexto, el programa Copérnico de la Unión Europea afirmó que “el aumento del nivel del mar se está acelerando” y que “debido al cambio climático, el nivel medio global del mar subió entre 15 y 25 cm desde 1901 hasta 2018”. Esta tendencia representa “una amenaza cada vez mayor para las zonas costeras de todo el mundo”.
Además, Penélope Ridings, una abogada internacional de la Comisión de Derecho Internacional (CDI), destacó la injusticia de que el cambio climático afecte principalmente a los Estados más vulnerables, mientras que los mayores responsables son países como China, Estados Unidos e India.
Entre los más de 30 países insulares en zona de riesgo, destacan dos casos particulares: Tuvalu y Kiribati.
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Tuvalu, ¿un Estado digital?
Para Tuvalu surgió una alternativa, anunciada por el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Simon Kofe, quien afirmó que “a medida que su tierra desaparece, no les queda otra opción que convertirse en la primera nación digital del mundo”.
Esta iniciativa busca digitalizar la identidad nacional, el gobierno y las instituciones del Estado, en la nube, para preservar su personalidad jurídica, asegurar la continuidad gubernamental en línea y mantener la representación nacional, incluso si la población se traslada a otros países.
Felipe Cadena García, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, aseguró que “debido a la crisis climática, se está replanteando la perspectiva [de un territorio físico como necesario]. Nada impide que Tuvalu llegue a ser reconocido como el primer Estado digital del mundo, sin territorio, con el fin de preservar su identidad”.
En 2023, el gobierno modificó su constitución para que Tuvalu “permanezca indefinidamente en el futuro”. Además, logró que Nueva Zelanda, Australia y más de 10 naciones, reconocieran su condición de Estado permanente.
De hecho, Tuvalu firmó un acuerdo con Australia por el cual Canberra aceptará ciudadanos de este pequeño Estado. El pacto busca ofrecer una vía legal y segura para la migración por motivos climáticos, evitando que las personas queden apátridas.
Aquella categoría, según la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, implica la pérdida de derechos vinculados a la nacionalidad. Según la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), esto, con frecuencia, genera limitación de acceso a servicios básicos (como salud o educación) y en general, aumenta la probabilidad de vulnerabilidad social.
Kiribati, una “migración planificada”
Kiribati cuenta con un “plan B”: el reasentamiento. Su expresidente, Anote Tong, fue pionero en 2014 al adquirir un terreno en Fiyi como posible nuevo hogar para su nación ante la amenaza del aumento del nivel del mar.
Sin embargo, esta estrategia presenta un cuestionamiento legal: la compra no otorga soberanía sobre el territorio, por lo que no existe garantía de que los kiribatíes puedan establecerse allí. Las condiciones para la migración dependerán únicamente de la administración de Fiyi, que también ha enfrentado desastres como el ciclón Winston en 2016.
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¿Seguirán siendo Estados si desaparece su territorio?
La Convención de Montevideo sobre los Derechos y Deberes de los Estados establece en su primer artículo que “el Estado, como persona de derecho internacional, debe poseer las siguientes características: una población permanente, un territorio definido, gobierno y capacidad de entrar en relaciones con los demás Estados”.
La Corte Internacional de Justicia sostuvo que “una vez establecido un Estado, la desaparición de uno de sus elementos constitutivos no implica necesariamente la pérdida de su condición de Estado”. Sin embargo, esta posición genera ambigüedad porque la pérdida del territorio dificulta la cohesión poblacional, lo que afecta dos características, de las cuatro, mencionadas por la convención.
En contraste, la misma Convención de Montevideo señala en su artículo tercero que “la existencia política del Estado es independiente del reconocimiento por parte de los demás Estados” y en el artículo sexto que “el reconocimiento es incondicional e irrevocable”.
Asimismo, el académico Cadena explicó que “en el mundo existen precedentes de Estados que tienen soberanía y gobierno, pero sin territorio físico propio, como la Orden de Malta, la Santa Sede, antes del Tratado de Letrán de 1929 o, incluso, algunos gobiernos durante la Segunda Guerra Mundial, a los cuales se les respetó su personalidad jurídica internacional a pesar de la ocupación de su territorio.”
¿Qué implicaciones hay para los Estados isleños?
En términos de la soberanía marítima, el analista enfatizó en que “según la Convención Internacional sobre el Derecho del Mar de 1982, la Zona Económica Exclusiva (ZEE) está vinculada al territorio de un Estado y, si una isla desaparece, también desaparecería su ZEE”, no obstante, aquellos países “han impulsado una perspectiva de congelación de líneas de base, según la cual, aunque desaparezca físicamente una isla, esto no conlleva la pérdida automática de sus derechos sobre el mar”.
Por otra parte, la economía de los países isleños está siendo afectada significativamente. Un estudio de la Iniciativa de Islas Resilientes y Sostenibles (RESI) reveló que entre 2000 y 2020, los fenómenos meteorológicos extremos podrían haber costado a 35 pequeños Estados insulares en desarrollo un total de US$ 141.000 millones, lo que equivale a un promedio de alrededor de US$ 2.000 por persona, según la investigación.
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Por Juliana Valentina Vélez
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