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La invasión rusa de Ucrania lleva más de una semana y los ucranianos están atrapados en medio de los bombardeos. Los ataques indiscriminados y el uso de bombas en contra de bienes civiles, como hospitales y colegios, han sido denunciados por organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional. “La invasión de Ucrania por Rusia es una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas y un acto de agresión que constituye un crimen de derecho internacional”, agregó la institución, que además ha reportado el uso de armas de efectos indiscriminados, como misiles balísticos, y el uso de armas prohibidas, como las bombas de racimo, que podrían constituir crímenes de guerra.
Ante este panorama, la justicia internacional, desde la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ), decidió tomar acciones frente a la guerra que se libra en Ucrania. Por un lado, desde la CPI, el fiscal Karim Khan notificó a la Presidencia de la Corte “la decisión de proceder de inmediato con investigaciones activas sobre la situación”. Según aseguró, ya comenzó la recopilación de pruebas, tarea que podrá remontarse al 21 de noviembre de 2013, “abarcando así, dentro de su alcance, cualquier denuncia pasada y presente de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio cometidos en cualquier parte del territorio de Ucrania, por cualquier persona”. El fiscal Khan aseguró que “el objetivo central es garantizar la rendición de cuentas por los crímenes que caen dentro de la jurisdicción de la CPI”.
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Por otro lado, la CIJ llevará a cabo unas audiencias el 7 y el 8 de marzo, las cuales abordarán las denuncias que presentó Ucrania en contra de las acciones que ha realizado Rusia tras la invasión. Esto se da luego de que Ucrania presentara una demanda contra la Federación Rusa, rechazando que Putin se respalde en argumentos de genocidio para justificar su acción militar. Según la solicitud, Ucrania “niega enfáticamente” que tal genocidio haya ocurrido y dice que presenta este recurso “para establecer que Rusia no tiene base legal para tomar medidas en y contra Ucrania con el fin de prevenir y castigar cualquier supuesto genocidio”. Además, se acusa a Rusia de “planear actos de genocidio en Ucrania”, afirmando que “se está matando intencionalmente e infligiendo lesiones graves a miembros de la nacionalidad ucraniana”.
Si las sanciones interpuestas por Occidente contra Rusia juegan en un plano económico y político, el rol de la CPI y la CIJ se enmarca en el ámbito jurídico internacional, desde el derecho internacional público, donde opera la CIJ entre Estados, y el derecho penal internacional, competencia de la CPI, donde los individuos pueden ser juzgados por cometer crímenes internacionales. Es decir, son dos planos jurídicos dentro del mismo conflicto ucraniano. ¿Qué se espera con esto?
Aunque Ucrania no es signataria del Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI, desde 2014 la Corte reconoce formalmente su jurisdicción por los crímenes cometidos en su territorio. Y si bien Rusia se retiró del estatuto y la Corte no puede juzgar a ciudadanos rusos en territorio ruso, sí puede hacerlo si son detenidos en un Estado en el que tenga jurisdicción. Sin embargo, la labor de la CPI, por ahora, es recolectar evidencia. Según comenta Cristian González, politólogo y abogado de la Universidad de los Andes, la investigación de la Corte permitirá que las autoridades ucranianas ayuden a consolidar la documentación necesaria para determinar “qué, quién, dónde, cuándo y cómo pasaron los hechos, y si ellos responden a actitudes sistemáticas y generalizadas”. Según afirma, es una etapa compleja, porque recoger evidencia de crímenes internacionales no es una tarea fácil, pero reconoce que las guerras de ahora están bien documentadas por las redes sociales.
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En medio de este panorama, y dado que la CPI no puede juzgar el crimen de agresión, entendido como el ataque de un Estado contra otro planificado por un dirigente político o militar, si ese país no ratificó el Estatuto de Roma, el cual es el caso de Rusia y Ucrania, algunos han puesto sobre la mesa la posibilidad de crear un tribunal penal internacional ad hoc, específicamente para este caso. Así lo hizo saber Philippe Sands, profesor de Derecho Internacional, en un artículo de Financial Times.
Ahora bien, esta no sería la primera vez que se acude a dicho recurso: el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son ejemplos de ello y constituyen antecedentes de esta propuesta. Sin embargo, el problema es que estos tribunales fueron credos por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y allí Rusia tiene poder de veto, por lo que es poco probable que se pueda crea un tribunal ad hoc para el caso ucraniano.
Entonces, qué tan probable es que Putin y los máximos responsables lleguen a ser juzgados por la CPI. De acuerdo con González, las medidas de la Corte se muestran efectivas cuando la gente poderosa a quien persigue pierde el poder. Por citar un ejemplo, el politólogo y abogado habla del caso de Omar al-Bashir, expresidente de Sudán, quien fue solicitado por la CPI hace más de diez años para rendir cuentas por los crímenes contra la humanidad y genocidio cometidos en la guerra de Darfur, donde murieron cerca de 300.000 personas y alrededor 2,5 millones fueron desplazadas. Luego de estar en el poder por tres décadas, ser derrocado por un movimiento popular en 2019, ser declarado culpable por corrupción y permanecer encarcelado en Jartum, el país decidió entregarlo a la CPI.
En cuanto a la CIJ, como respuesta a la demanda interpuesta por Ucrania en contra de Rusia, las audiencias que empiezan hoy son medidas provisionales encaminadas a lograr un eventual pronunciamiento desde La Haya, siendo espacios para escuchar los argumentos de las partes. “Seguramente, lo que espera Ucrania, bajo su interpretación de la Convención para Prevenir y Sancionar el Genocidio —de la que los dos países hacen parte—, es que se pruebe que Rusia no tiene razones que justifiquen la intervención”, comenta González.
En el papel, Rusia está jurídicamente obligada a cumplir con las normas del derecho internacional, pero lo que hemos visto en los últimos días, como lo dijo Arlene Tickner a este diario hace algunos días, es una violación abierta de las mínimas normas del sistema internacional. A esto se suma el hecho de que, como lo dijo Geoff Gordon, investigador principal en el Instituto Asser de derecho internacional y europeo, a la AFP: La CIJ, cuyas sentencias tienen carácter definitivo e inapelable, “no cuenta con un mecanismo de aplicación clásico” para hacerlas cumplir. Además, en el caso de la CPI, la Corte requiere de los Estados miembros para proceder a los arrestos de personas, pues no tiene una figura propia para hacerlos.
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Entretanto, González afirma que la comunidad internacional está en un limbo: por un lado, la diplomacia y el derecho internacional han tratado de mediar en el caso ucraniano, pero, por el otro, Vladimir Putin ha puesto en alerta máxima a sus fuerzas nucleares. “No sabemos cómo solucionar este conflicto”, advierte. A su parecer, “el derecho internacional es como un tigre mueco, pues no hay un mecanismo que obligue su cumplimiento, pero es una herramienta discursiva para deslegitimar las acciones de Rusia”. Puede que, en el corto plazo, según comenta, las operaciones militares sigan, pero las acciones desde el derecho internacional pueden resultar en un duro golpe contra la reputación y la moral rusa.
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