Unasur volverá a analizar la crisis de Bolivia tras estancamiento del diálogo

La convocatoria de Bachelet se produce cuando el proceso de diálogo en Bolivia se encuentra trabado después de cinco días de negociaciones porque el Gobierno de Evo Morales y los gobernadores opositores de las regiones de Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca no han logrado consensos.

El presidente Morales y sus ministros intentaron sin éxito arrancar a sus opositores un acuerdo para desbloquear la convocatoria al referendo sobre la nueva Constitución, con la garantía de armonizar en el texto el régimen autonómico que reclaman los prefectos.

En concreto, Morales pedía un acuerdo inmediato para que el Congreso apruebe antes del 1 de octubre la ley de convocatoria de las dos consultas necesarias para ratificar el proyecto de nueva Constitución.

Sin embargo, los gobernadores demandaron más tiempo para profundizar en los acuerdos y exigieron que el convenio establezca la “autonomía plena” para sus departamentos.

De este modo, el llamado “diálogo nacional” en Bolivia, que ha sido respaldado por observadores internacionales, ha quedado estancado pero no interrumpido, ya que en la ciudad central de Cochabamba continúa trabajando la comisión técnica encargada de compatibilizar el asunto autonómico con la nueva Constitución.

El próximo jueves, Morales y los gobernadores tienen previsto retomar la negociación en Cochabamba, cuando el mandatario retorne de la Asamblea General de la ONU.

El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, señaló que “hay indicios para sospechar” que los gobernadores no tienen “la voluntad de firmar un documento de gran acuerdo” porque, a su juicio, en esas autoridades hay “retrocesos” y actitudes “ambiguas” en la negociación.

Dijo que el Gobierno, tras el referendo de agosto que ratificó a Morales con un 67,4 por ciento de respaldo, tiene el derecho de impulsar la aprobación de la nueva Carta Magna frente a “las minorías y las fuerzas regionales que no tienen ningún derecho a veto”.
 
El diálogo continuará pero “no puede ser indefinido”, adelantó García Linera, al señalar que el objetivo es tener “un nuevo texto constitucional que incluya autonomías departamentales”.
 
“Yo he sugerido un baño de realidad a las prefecturas. Son fuerzas locales y, si algún día quieren tener o llevar adelante un proyecto nacional, que ganen las elecciones, así como hemos ganado nosotros”, enfatizó García Linera.

Para el Gobierno, solo un acuerdo sobre la convocatoria del referendo constitucional podrá además terminar con las medidas de presión que mantienen sectores leales a Morales en torno a la ciudad oriental de Santa Cruz, feudo de la oposición autonomista.

Según el vicepresidente, las movilizaciones campesinas que llevan más de una semana “surgieron para defender la democracia, la unidad del país y la institucionalidad frente al proceso sedicioso y golpista” que, a su juicio, se inició con protestas opositoras hace tres semanas.

Sobre el otro tema de conflicto, que tiene que ver con la distribución de las rentas petroleras, sí se han producido avances técnicos en el diálogo aunque no se han plasmado en un documento definitivo.

Morales y los gobernadores han abierto este escenario de negociación tras una ola de conflictividad y violencia que ha causado al menos 17 muertos en la región amazónica de Pando, donde se decretó el estado de sitio.

A diferencia de los procesos de diálogo anteriores, que fracasaron, la actual mesa de negociación ha contado con el respaldo de numerosos organismos internacionales como Unasur, la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Iglesia Católica.

El representante de Unasur en Cochabamba, el ex canciller chileno Juan Gabriel Valdés, ha lamentado que no se haya cerrado un acuerdo a pesar del “esfuerzo importante, generoso, honesto y auténtico” que ha hecho el Gobierno de Morales, según declaraciones recogidas por la agencia estatal ABI.