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Colombia dio a conocer hace unos días que tiene listo el decreto que prohíbe la venta de carbón a Israel, dado que, según el gobierno, este mineral impulsa la fabricación de armas en medio del asedio a la Franja de Gaza, que lleva poco más de 10 meses y que ha matado a más de 40.000 personas, según el Ministerio de Salud gazatí, controlado por Hamás. El presidente Gustavo Petro, a través de X, lo puso en estos términos: “Con el carbón colombiano hacen bombas para matar a los niños de Palestina”. Pero la discusión no termina ahí. Un reciente estudio, llevado a cabo por la organización Oil Change International, traza las principales fuentes de petróleo de Israel desde octubre del año pasado hasta julio de 2024, es decir, después de que el ataque del grupo islamista dejara cerca de 1.200 víctimas mortales y alrededor de unas 250 secuestradas, y pone de relieve la discusión sobre la posible responsabilidad que ellas tendrían en lo que está sucediendo en el enclave palestino.
Azerbaiyán (28 %), Kazajistán (22 %) y Gabón (22 %) son los principales Estados que suministran petróleo crudo, pero en la lista también aparece un país latinoamericano: Brasil (9 %). Además, en lo que respecta a la participación en los envíos de productos petrolíferos, Estados Unidos (36 %) y Rusia (28 %) también salen a relucir. Tras el rastreo de 65 envíos, 35 de ellos (54 %) partieron después de que la Corte Internacional de Justicia dijera en enero que el pueblo palestino tiene derechos plausibles bajo la Convención sobre Genocidio. La investigación sugiere que los tanques y aviones israelíes que bombardean la Franja están siendo alimentados por un número creciente de países signatarios de dicha convención, además de la de Ginebra. De hecho, cuatro barcos cisterna cargados de combustible estadounidense para aviones, utilizado principalmente por aeronaves militares, han sido enviados a Israel desde el inicio de sus bombardeos aéreos sobre Gaza, tres de los cuales partieron después de la divulgación de la postura del tribunal internacional.
“Tras el fallo del 26 de enero, los Estados no pueden alegar que no sabían en qué se arriesgaban a participar”, le dijo a The Guardian Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados. Agregó: “En el caso de los envíos de combustible para aviones estadounidenses, hay motivos serios para creer que se ha violado la Convención sobre Genocidio por no haber actuado de manera preventiva y por no haber aceptado la decisión de la Corte Internacional de Justicia y las medidas provisionales. Los demás países que suministran petróleo y otros combustibles también merecen una investigación más profunda”. En ese contexto se deben leer los informes que desde la sociedad civil se están realizando al respecto, al menos eso cree Enrique Prieto-Ríos, profesor de derecho internacional de la Universidad del Rosario: “Los Estados que forman parte de la Convención deberían garantizar que la exportación de petróleo o carbón, como es el caso de Colombia, no sea usada para cometer actos genocidas. Es decir, asegurarse de que los recursos tengan un uso civil y no militar. Si no se para ese tipo de extracción, bajo el argumento de la reportera y de la orden del tribunal, esos Estados podrían llegar a ser corresponsables, en caso de que se llegue a determinar que Israel violó la Convención sobre el Genocidio”.
El reporte de Oil Change International menciona la decisión del Gobierno colombiano y la tilda de haber sentado un fuerte precedente, sobre el cual habría que evaluar los efectos más adelante, pero también indica, por ejemplo, que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, crítico de las acciones de Israel en el enclave palestino, debería aprovechar la oportunidad para presionar a favor de un cese al fuego, promoviendo un embargo petrolero. Prieto-Ríos considera que esa decisión podría resultar interesante, en la medida en la que podría ser un mecanismo para ablandar la posición del primer ministro, Benjamin Netanyahu, pues tendría que entrar a priorizar el uso de la energía. El problema alrededor de ello sería generar coordinación entre los diferentes países, entre ellos Estados Unidos, donde la situación puede ser más compleja en medio de las elecciones presidenciales de noviembre. El escepticismo también lo siente Janiel Melamed, docente de la Universidad del Norte y doctor en seguridad internacional: “Las medidas de presión energética fueron aplicadas en la guerra del Yom Kipur por países miembros de la OPEP y no dieron resultado”.
La abogada Nadia Silhi Chahin piensa algo diferente. Ella, máster en derechos humanos y candidata a doctora en derecho por la Universidad de Edimburgo, recuerda cómo terminó el apartheid en Sudáfrica: “Gracias a la presión internacional, al embargo militar y a que las grandes potencias dejaron de vetar resoluciones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Estos países tendrían que hacer lo mismo ahora. De hecho, es lo que el pueblo palestino está pidiendo desde 2005, con lo que se conoce como boicot, desinversiones y sanciones a Israel”. Esto, según ella, podría cambiar la situación en la Franja de Gaza: “Este es un país enteramente dependiente de la ayuda internacional, y lo dice el economista israelí Shir Hever. Si los terceros Estados cumplieran sus obligaciones jurídicas y dejaran de prestar asistencia a Israel, no habría forma de continuar con este genocidio y la pesadilla se terminaría”.
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