Venezuela en silencio

En Caracas reina la ley del silencio. Los cacerolazos que se escucharon la noche del jueves, luego de que la jueza Susana Barreiros condenara al líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión por “daños e incendio, instigación pública y asociación para delinquir”, dieron paso a una protesta muda, discreta, temerosa. Aunque muchos venezolanos consideran injusta la condena contra López —al igual que expresidentes, gobiernos, legisladores y organismos de derechos humanos de América y Europa— muy pocos se atreven a gritarlo en las calles. Hay miedo.El caso López es el reflejo de una Venezuela polarizada, dividida, es el espejo en donde se mira un país que no logra encontrar los caminos para que opositores y oficialistas convivan en paz. Los enfrentamientos con piedras, palos y patadas en la calle de los juzgados de Caracas, cuando los dos bandos esperaban la sentencia contra López, reflejaron la rabia que polariza a los venezolanos.

Disentir se castiga. Así lo dijo el secretario de Estado de EE.UU., John Kerry: “La decisión del tribunal plantea una gran preocupación por la naturaleza política del proceso judicial y el veredicto, y por el uso del sistema judicial venezolano para reprimir y castigar a los críticos del Gobierno”. Y así lo confirman los datos de la ONG Foro Penal Venezolano, que señalan que hasta abril de 2015 había en Venezuela 89 personas privadas de su libertad por motivos políticos; de ellas, 43 fueron a prisión por protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Después de la detención de Leopoldo López, el 18 de febrero de 2014, los también opositores Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal y dirigente de Voluntad Popular, y Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas, fueron a parar tras las rejas. Hoy cumplen arresto domiciliario. Según las autoridades venezolanas, los políticos fraguaban un plan magnicida en contra del presidente Maduro al incitar a las protestas que sacudieron al país entre febrero y julio de 2014 y que dejaron 43 muertos, 878 heridos y 3.351 detenidos.

Pedro Troconis, representante del Foro Penal, aseguraba recientemente que aquellas manifestaciones no tuvieron el éxito que se esperaba, porque, según él, en la actualidad la población en general se muestra indiferente ante la situación del país. “Hoy vemos personas sumisas ante el Gobierno, conformes ante la escasez, las colas y la inseguridad. No ha habido el apoyo que merecían los manifestantes. Estamos ante un pueblo sumiso e indiferente”.

Quizás por eso no se vio una reacción masiva en las calles ante la condena a López. Según explica desde Caracas un periodista colombiano, “no vamos a ver protestas en las calles porque muchos de esos seguidores del líder de Voluntad Popular, jóvenes de clase media entre 18 y 30 años, hoy tienen miedo. Ellos estuvieron dos y tres meses en prisión y fueron liberados con medidas cautelares como no protestar otra vez, etc. Seguro no se van a exponer a estar tras las rejas”. Organizaciones de derechos humanos señalan que 2.006 personas tienen procesos judiciales pendientes por manifestar y continúan sometidas a esas medidas sustitutivas de libertad.

La situación en Venezuela es, en efecto, tan volátil que hasta los presidentes de la región prefieren guardar silencio frente a los hechos en el vecino país. La soledad en la que Colombia enfrentó los primeros días de la crisis fronteriza es una muestra de ello. Nadie se atrevió a condenar la deportación masiva de colombianos del vecino país. Esta vez, ningún jefe de Estado comentó la condena de López. El único que rompió el silencio fue el mandatario de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, que aseguró: “Me parece que es muy mala idea utilizar los tribunales de justicia para castigar ciudadanos por sus opiniones políticas”.

Estados Unidos también expresó su “profunda preocupación” por la condena, para después recibir la andanada del mandatario venezolano: “Estoy revisando toda la relación que veníamos constituyendo con EE.UU. (…) Los venezolanos no nos la vamos a calar con ustedes, no”, dijo Maduro. Su canciller, Delcy Rodríguez, rechazó las críticas y consideró “peligroso que desde algunas voces internacionales se pretenda legitimar los actos de violencia terrorista”.

Henrique Capriles, gobernador del estado de Miranda, como muchas otras voces de la oposición, considera que las manifestaciones no son el camino. “La libertad de López depende de que la oposición logre la mayoría en la Asamblea”, señaló.

“En Venezuela es más grave protestar que asesinar. La protesta es un delito para el gobierno venezolano porque se trata de un mecanismo legítimo para reclamar la reivindicación de los derechos. Es el principal vehículo para exigir justicia y eso genera molestia”, comentó a la prensa Manuel Virgüez, representante de Funpaz.

A través de una carta leída por su esposa, Lilian Tintori, el líder de Voluntad Popular (VP) llamó a la población venezolana a tomar las calles en paz, junto a los candidatos opositores a las elecciones legislativas de diciembre, para emprender el camino “que abrirá las puertas del cambio”. “El único acto de solidaridad que pido ante mi sentencia es que no se rindan, porque, como una vez dijo Gandhi: los caminos de la verdad y el amor siempre han triunfado”.

La marcha, si no cunde el pánico, será el 19 de septiembre.

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La condena a López y las elecciones

Según analistas venezolanos si bien al Estado le conviene mantener al coordinador nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, tras las rejas para lograr que una oposición con diversas corrientes ideológicas se frustre y, en consecuencia, fracture su unidad, esta condena puede jugar a su favor y provocar un malestar tan grande que provoque que muchos salgan a votar el próximo 6 de diciembre cuando se realizan las elecciones legislativas. Según las encuestas, por primera vez en 16 años, la oposición puede arrebatarle la mayoría al partido oficialista en la Asamblea Nacional. Recientes sondeos señalan que el presidente, Nicolás Maduro, a tres meses de la cita electoral, tiene el 20% de respaldo popular.