Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Apenas 36 años después de salir de la dictadura, Brasil se tambalea al borde de un abismo autoritario. El año que viene sabremos si las instituciones democráticas del país, aún jóvenes, son capaces de resistir el asalto sin cuartel de un presidente populista que parece decidido a mantenerse, como sea, en el poder. (Recomendamos: Lea aquí todos los artículos de la serie Pensadores globales 2022).
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, fue electo en 2018, en gran parte, por la movilización de grupos de derecha que exigían la liberalización económica, y a una alienación generalizada de los partidos políticos tradicionales del país y sus crónicos escándalos de corrupción. Durante la campaña electoral, Bolsonaro creó su base política aprovechando estas dos fuentes de apoyo y sumando el respaldo de una importante burocracia que, en gran medida, se había mantenido apartada de la política: los militares.
Pero los dos compromisos electorales de Bolsonaro —liberalizar la economía y combatir la corrupción— resultaron vacíos. En 2020, Sergio Moro, el juez estrella responsable de enviar a prisión al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por cargos de corrupción después de las elecciones de 2018, renunció como ministro de Justicia de Bolsonaro. Moro fue una figura clave para otorgar credibilidad a las poses anticorrupción de Bolsonaro. Desde que Moro dejó el cargo, la familia de Bolsonaro quedó envuelta en escándalos y se disolvió el famoso grupo anticorrupción brasileño Lava Jato.
Bolsonaro, quien se había presentado como “alguien de afuera” (a pesar de haber sido legislador federal durante 28 años), prometió que no haría concesiones a los pequeños partidos políticos a cambio de apoyo. Sin embargo, ahora depende de esos partidos e incluso negocia agresivamente para otorgarles recursos financieros que garanticen su supervivencia. Gracias a una alianza con el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, Bolsonaro logró desviar 139 solicitudes independientes de juicio político presentadas por más de 1.550 personas y 550 organizaciones (para dar un poco de contexto, el Congreso nacional recibió 68 de esos pedidos para la presidenta Dilma Rousseff entre 2011 y 2016, y ella fue sometida a juicio político y separada de su cargo).
Bolsonaro no cumplió su promesa de liberalizar la economía. Cuando asumió el cargo tenía una plataforma neoliberal diseñada por su ministro de Economía, Paulo Guedes. Guedes, uno de los Chicago Boys (estudió en la Universidad de Chicago con los partidarios del libre mercado), pretendía seguir el modelo de los programas económicos del dictador chileno Augusto Pinochet en las décadas de 1970 y 1980. Pero ahora Bolsonaro y Guedes parecen dispuestos a abandonar su compromiso previo de liberalización para mejorar sus perspectivas de reelección en 2022.
Entre otras cosas, el gobierno impulsa una gigantesca ampliación de Bolsa Familia (rebautizado Auxilio Brasil), un programa de transferencias condicionales de efectivo instituido por el Partido de los Trabajadores, de Lula, en 2003. Es comprensible: en septiembre de 2021, la inflación anualizada superaba el 10 %, y los precios del combustible, los alimentos y la electricidad afectaban seriamente a los grupos sociales menos favorecidos. Sin embargo, con el fin de garantizar los recursos para Auxilio Brasil, Guedes jugó una carta peligrosa y dio señales de que está dispuesto a abolir el límite constitucional para el gasto gubernamental.
Esta norma fiscal de mediano plazo, fijada por el expresidente Michel Temer, estabiliza el gasto real (ajustado por inflación) primario en su nivel de 2016, limitando así el crecimiento del gobierno federal. Los mercados brasileños cayeron, como era de esperar, cuando Guedes anunció sus intenciones.
Pero tal vez la característica del gobierno de Bolsonaro que más llama la atención sea la presencia en su gobierno de funcionarios militares de alto rango. Como señala Marcelo Pimentel, coronel reservista del Ejército brasileño, Bolsonaro no tuvo que pertenecer a ningún partido político desde 2019 porque ya cuenta con el apoyo de hecho del “partido militar”. Este acuerdo representa una peligrosa politización de la fuerzas armadas, con funestas implicaciones para el sistema político.
Las crisis de la deuda soberana, el desajuste fiscal y la hiperinflación de la década de 1980 erosionaron gravemente la imagen de la fuerzas armadas brasileñas y debieran haber puesto fin a sus aspiraciones políticas, pero Bolsonaro les dejó probar de nuevo el poder a algunos generales. Su vicepresidente, Hamilton Mourão, es un general retirado; en 2018 había 2.765 funcionarios militares activos y retirados en puestos civiles del gobierno federal. Para 2020, esa cantidad había saltado a 6.157. El gobierno brasileño tiene ahora proporcionalmente más funcionarios militares como ministros que el venezolano. El personal militar también está a cargo de aproximadamente un tercio de las empresas públicas y recibe por ello elevados salarios.
Ahora que recuperaron el control del poder estatal, las fuerzas armadas también deben asumir la mayor parte de la culpa por la desastrosa respuesta del país ante el covid-19. Aunque la cifra oficial de muertes supera los 600.000, el número real seguramente es mucho mayor. En octubre de 2021, una investigación del Senado brasileño acusó a la gestión de Bolsonaro de crímenes de lesa humanidad por sus insensatas políticas durante la pandemia.
Entre junio de 2020 y marzo de 2021, el Ministerio de Salud estuvo a cargo de Eduardo Pazuello, un general de tres estrellas del Ejército, quien fue incapaz de negociar la compra de vacunas a Pfizer. Eso preparó el terreno para una agresiva segunda ola de contagios, durante la cual Pazuello demostró una incompetencia mayor cuando no implementó una respuesta nacional coordinada. Fue incluso sujeto a una investigación penal por su inacción frente al colapso del sistema sanitario de Manaos, capital del estado de Amazonas, donde murieron pacientes con covid-19 por falta de oxígeno médico.Pazuello dista de ser el único, pues durante el gobierno de Bolsonaro se otorgaron puestos a funcionarios militares para los cuales carecen del conocimiento y la experiencia necesarios. La capacitación y experiencia profesional tradicional de un general, en tiempos de paz o de guerra, no es transferible a la gestión de los servicios públicos, especialmente en Brasil. Mientras que los militares mantienen una jerarquía rígida, el servicio civil tecnocrático brasileño suele permitir más iniciativa y autonomía a sus empleados que la mayoría de los países. Aunque los funcionarios militares no se atreven a cuestionar las decisiones de sus superiores, la deliberación abierta es fundamental para la democracia y una virtud clave para la administración pública eficiente.
Las elecciones presidenciales de 2022 serán un momento decisivo para Brasil. Está por verse si la oposición de Bolsonaro será capaz de movilizar apoyo para una alternativa, pero algo queda claro: otro mandato de Bolsonaro y sus patrocinadores militares implicaría una grave amenaza para la sociedad y las instituciones democráticas brasileñas. Aunque no se volvería a la era de los golpes militares, eso solo se debe a que los militares ya detentan en el poder… y están decididos a seguir haciéndolo.
* Traducción al español por Ant-Translation. Camila Villard Duran es profesora de Derecho en la Universidad de São Paulo, investigadora sénior asociada del Programa de Gobernanza Económica Global de la Universidad de Oxford e investigadora visitante en el ISJPS, en la Universidad París 1 Panteón-Sorbona. Copyright: Project Syndicate, 2021.
Conoce más