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El primer año de la segunda presidencia de Donald Trump en Estados Unidos ha sido muy costoso para el Estado de derecho. Este concepto, fundamento ideal de la gobernanza estadounidense, se invoca como expresión de una amplia variedad de esperanzas, pero en su núcleo encierra dos valores complementarios: que el ciudadano de a pie pueda usar la ley como criterio para predecir con exactitud las consecuencias de sus acciones, y que esa misma ley hará predecible el comportamiento de los funcionarios que ejercen los enormes poderes del Estado.
El segundo gobierno de Trump se niega a someterse a algo tan ordinario y mundano como las leyes que aprueba el Congreso. El Departamento de Justicia ha declarado en forma explícita que ya no puede darse por sentado que cumplirá las órdenes de los tribunales federales de distrito o de los tribunales de apelación, y el Ejecutivo considera que obedecer las leyes que mandan partidas de gasto (entre otras) es opcional.
El fundamento retórico de estas medidas es la afirmación de Trump de que tiene un “mandato”, en la forma de su (estrecha) victoria electoral en noviembre de 2024. No importa que en el sistema constitucional estadounidense los presidentes ejerzan su autoridad dentro de los límites establecidos por las leyes del país. La administración está decidida a derribar los dos pilares del Estado de derecho: la previsibilidad que supuestamente promete la ley escrita y el principio de que ese corpus normativo es tan válido para los funcionarios como para el ciudadano común y corriente.
De modo que las afirmaciones de Trump referidas a un “mandato” ofrecen un punto de partida útil para pensar en los meses y años venideros. Las cuestiones centrales que definirán no solo la segunda administración Trump, sino también el cada vez más sombrío futuro de la democracia estadounidense dependerán de hasta dónde el presidente estará dispuesto a llevar esa tesis. ¿A qué extremos llegará para mantener el espejismo?
Los agentes facilitadores
Para dar una respuesta debemos analizar cómo se usó hasta ahora la idea de un mandato ilimitado para desmantelar el Estado de derecho. En este sentido, hay que hablar no tanto del presidente cuanto de los otros poderes del Estado, que presuntamente obran como controles del Ejecutivo estadounidense. Por supuesto, el hecho de que las ramas Ejecutiva y Legislativa estén ambas bajo control republicano implica que la administración Trump enfrenta escasa supervisión o resistencia del Congreso. Pero es probable que el facilitador más importante de la actuación ilegal del presidente haya sido la Corte Suprema.
Bajo la presidencia de John Roberts, la Corte se ha convertido (aunque parezca paradójico) en una fuerza debilitadora del Estado de derecho. En 21 de las 23 apelaciones promovidas por la administración Trump por fuera de los canales ordinarios (a través de la “agenda de emergencia” de la Corte) en los primeros nueve meses de mandato, el tribunal afirmó que el presidente tiene poder para actuar (a menudo, a pesar de la ley escrita) hasta tanto se emita un fallo definitivo. Por increíble que parezca, los supremos incluso permitieron al gobierno hacer caso omiso de los recientes mandatos de gasto aprobados por el Congreso, con lo que en la práctica desvirtuaron el más importante de los mecanismos que tiene la Rama Legislativa para poner límites al poder de la Presidencia.
Que la Corte dé estas licencias a una Presidencia que incumple declaradamente las leyes es algo nuevo en la historia de Estados Unidos. También lo es la inquietud generalizada que se observa entre los jueces de tribunales inferiores nombrados por presidentes de ambos partidos. Son funcionarios bajo supervisión directa de los supremos, y su pérdida de confianza en la Corte no tiene precedentes.
Debemos considerar ahora la posibilidad de que esta inquietud creciente pueda cuajar en un rechazo más explícito durante el próximo año o bienio, cuando es probable que la Corte se convierta en el lugar donde el bufete de abogados del presidente (nombre que ahora es lícito asignar al Departamento de Justicia) intentará transmutar el discurso de “mandato” en doctrina legal duradera. La agenda de la Corte ya incluye varios casos que tienen relación directa con esa posibilidad.
Dos de ellos tienen que ver con las facultades del presidente para despedir a funcionarios a los que el Congreso haya decidido blindar en sus puestos. A pesar de que hay pruebas contundentes de que la intención original de los redactores de la Constitución se oponía a ello, es casi seguro que la Corte dará al presidente amplio poder para despedir a funcionarios a voluntad. La mayoría conservadora de la Corte se declara partidaria del “originalismo”, una escuela de jurisprudencia que sostiene que la Constitución de Estados Unidos puede y debe interpretarse según el significado original de las palabras que aparecen en ella, tal y como las usaron sus redactores. Pero el bloque conservador de la Corte ha mostrado, una y otra vez, que solo defiende esta postura cuando le conviene.
Igual de importantes son los cuestionamientos a los aranceles dictados por Trump en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Cuando la Corte decida en estos casos, hay que observar con atención su manejo de la definición de “emergencia”. Si los supremos denominan “emergencia” algo tan banal como un desequilibrio comercial (situación experimentada por Estados Unidos desde los años setenta), en la práctica, cualquier otra ley donde exista una cláusula de activación en caso de emergencia podrá considerarse activada. El presidente podrá invocar esas cláusulas cuando y como le parezca oportuno.
Las implicaciones de esta flexibilización de los poderes de emergencia presidenciales se sentirán enseguida. La administración Trump no ha dudado en usar otras leyes de emergencia para arrestar y encarcelar por tiempo indefinido en condiciones espeluznantes a extranjeros, y podría hacer lo mismo para ampliar el despliegue de tropas dentro del territorio nacional conforme a la Ley de Insurrección. Ya utiliza a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a los efectivos de la Guardia Nacional contra residentes de ciudades controladas por el Partido Demócrata. En Chicago, estas tropas de choque usaron gases lacrimógenos contra manifestantes e incluso contra la policía local, y arrestaron a periodistas y concejales locales que intentaban documentar esos abusos. ¿Qué ocurrirá cuando la Corte dé vía libre a Trump para redoblar la represión?
Disolver al pueblo
Aunque los medios de comunicación tienden a centrarse en los despliegues de la Guardia Nacional, a lo que hay que prestar más atención en los próximos meses es a una intensificación gradual del uso agresivo de la violencia por parte del ICE contra los estados. Una agresión tan descarada no ayudará en nada a suavizar la postura de los residentes locales ante el gobierno federal. En vez de eso, podría ocurrir que se normalice la represión violenta de protestas, sobre todo si se tiene en cuenta la radicalización de la cultura interna del ICE. Si este organismo (con un presupuesto que hoy supera los de la mayoría de las fuerzas armadas de otros países) llegara a considerarse algo parecido a un ejército de ocupación en su propio país, con derecho a usar cualquier grado de fuerza que considere necesario para someter al “enemigo interno”, el riesgo de una escalada de violencia política será todavía mayor.
Hay otro ámbito de la aplicación de la fuerza donde en los próximos meses también podrían verse cambios radicales. A mediados de octubre, las fuerzas armadas estadounidenses habían hundido cinco embarcaciones presuntamente usadas por narcotraficantes venezolanos. Estos ataques constituyen un uso inédito de fuerza militar indiscriminada contra objetivos civiles. No hay motivos para creer que no era posible capturar las embarcaciones y detener, en vez de matar, a sus tripulantes.
Son ejecuciones, sin la menor pretensión de garantía procesal. Pero incluso si las embarcaciones fueran blancos legítimos, matar a sus tripulantes es un claro delito conforme al derecho nacional e internacional. El expresidente filipino Rodrigo Duterte enfrenta cargos en la Corte Penal Internacional por una campaña similar de violencia extrajudicial indiscriminada contra presuntos narcotraficantes en su país.
De esto se desprende una pregunta clave para los próximos años: si el uso letal de la fuerza militar se mantendrá confinado a objetivos fuera de Estados Unidos. No cuesta imaginar a este gobierno hallando argumentos para aplicarla al territorio nacional. Si un dron Predator puede atacar una lancha sin previo aviso en aguas internacionales, ¿por qué no también cuando se encuentre a menos de 200 millas náuticas de la costa estadounidense? Y si es en mar abierto, ¿por qué no en un puerto estadounidense o en una autopista? ¿O en la casa de alguien? La extensión de las actividades del ICE desde las fronteras hacia el núcleo territorial estadounidense ya sigue esta lógica autoritaria.
El uso de la violencia militar y cuasimilitar contra grupos étnicos desfavorecidos y ciudades opositoras sería significativo incluso si no tuviera consecuencias sistémicas para la democracia, pero es evidente que las tiene. Estos actos, y su posible escalada, cambian los términos en los que se desarrollarán las elecciones de 2026 y posteriores. La administración está echando intencionadamente una sombra de intimidación sobre el proceso democrático, al mismo tiempo que introduce otras amenazas más sutiles contra el experimento estadounidense.
Una de ellas es la manipulación del trazado de distritos electorales (“gerrymandering”) en estados bajo control republicano (Texas, Missouri y Carolina del Norte), algo que Trump promueve abiertamente para asegurarse de que posibles victorias demócratas en las elecciones intermedias de 2026 no le arruinen el “mandato”. Ya en tiempos normales sería irónico que un presidente use su victoria en elecciones justas para asegurarse de que las siguientes no sean justas y estén sesgadas a su favor. Pero no son estos tiempos normales. Si el “gerrymandering” fracasa (o lo contrarresta una respuesta en espejo de California), y si la presencia de uniformados en ciudades bajo control demócrata no logra disuadir la participación de los votantes, es improbable que Trump se detenga allí.
Como advierte Paul Rosenzweig, exfuncionario de la presidencia de George Bush (hijo), el objetivo evidente de la orden ejecutiva que emitió Trump en marzo de 2025 sobre la “integridad” de las elecciones es Wprivar del derecho de voto a sus oponentes y evitar una derrota electoralW. La Corte presidida por Roberts ya analiza seriamente uno de los puntos más escandalosos de esa orden (la prohibición de contar votos que se reciban después del día de las elecciones), y otras disposiciones, como la que exige la recertificación de todas las máquinas de votación, se podrían usar para confiscar máquinas en los distritos donde los aliados de Trump pierdan.
El pueblo contra el American Way
Si el riesgo para la democracia estadounidense, derivado de la erosión del Estado de derecho se limitara a las elecciones de 2026 y 2028, casi podríamos decir que no sería tan preocupante. Pero la amenaza contra la celebración de elecciones libres y justas es solo un síntoma de un problema mayor. Basta pensar en las derivaciones de la idea de mandato presidencial ilimitado. Lo que está en juego no es solo la manipulación de algunas pocas elecciones (aunque eso ya es bastante grave). Más bien, estamos hablando de un jefe del Ejecutivo situado por encima de la ley. Sería un repudio categórico del “American Way”, un rechazo a la noción de que existe una comunidad política compartida, extendida en el tiempo y animada por el debate y la decisión democrática.
En un sistema donde el presidente puede descartar leyes a su arbitrio, no hay razón para que el Congreso apruebe leyes en primer lugar. Las que se aprueben hoy no tendrán efecto sobre los futuros gobernantes. Con su rechazo a la fuerza moral del pasado, los defensores de la idea del mandato presidencial ilimitado se alejan de la política democrática tal como se ha expresado a lo largo de la historia. La ley escrita, trabajosamente labrada por las mayorías democráticas, es la razón de ser y la demostración de la vida democrática; o acaso ya no.
Por supuesto, quienes renuncian al pasado también renuncian a sus pretensiones sobre el futuro. Si el proyecto democrático ya no se extiende en el tiempo, deja de existir. Si no respetamos lo que nuestros antepasados consagraron en leyes, ¿por qué deberían importar mañana las decisiones que se tomen hoy? La legislación, reducida a un mero momento de ruido y furia, sin ningún significado. La adopción de una política por la vía legal se torna imposible.
Pero aquel que no puede redactar leyes que obliguen a sus sucesores, tendrá que asegurarse de que los sucesores se le parezcan. Tendrá que eliminar la molesta costumbre que tienen los votantes de cambiar de opinión. Tendrá que hacer permanente su mandato de algún modo, tal vez mediante órdenes ejecutivas, manipulación de distritos electorales o uniformados en las calles. La idea que anima a la segunda administración Trump es un rechazo de todo lo que Estados Unidos defendió siempre. Y es posible que su visión termine de concretarse en 2026.
* Copyright: Project Syndicate, 2025. www.project-syndicate.org.
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