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Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Usted tiene un amigo o conocido que ha tomado la decisión de migrar hacia Estados Unidos, sin papeles, en busca del llamado sueño americano? ¿Ha visto reportajes directamente desde la frontera con México con cientos de casos de personas engañadas por las bandas organizadas que cobran por, supuestamente, llevarlos hasta zona segura en alguno de los estados del sur de Estados Unidos tras cruzar el río Bravo? O, de manera más cercana, ¿ha visto las docenas de colombianos que llegaron al aeropuerto El Dorado deportados desde el centro de detención migratoria de Texas? Pues el resumen de este boletín está dedicado al fin del Título 42 y lo que se viene tras esa decisión gubernamental, así que lo construimos con la ayuda de todos los contenidos que ha desarrollado el equipo de la redacción Internacional. Comencemos.
Hace unos 15 años, en un viaje de esos de cubrimientos informativos que hacemos los periodistas, hablamos con un argentino en un bar en Orlando, Florida, muy cerca de los parques de Disney. Ese era uno de sus tres trabajos, atendía la barra y ganaba más en propinas que en salario. Contaba que tan solo dormía entre dos y tres horas al día en su carro y que se duchaba en el baño de servicio que le prestaba su jefe. Todo lo que se ganaba, por cada hora laborada, lo giraba a Argentina. La misma rutina, mes a mes. Tenía unos 45 años y había comprado dos casas en su país de origen. Decía que estaba a poco tiempo de regresar porque ya había cumplido la tarea. Tenía un capital.
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Al norte, en Nueva York, esa gran manzana tan soñada para muchos, fue la ciudad de llegada en los 80 para un colombiano que creía también en ese sueño. Que arribó con lo justo, buscando un mejor futuro y huyendo de la violencia que ya había aterrizado en las ciudades como Bogotá. Llegó a conducir un bus de transporte público. Enviaba el dinero a su familia, como todos los demás. Pero su esposa y sus dos hijos, que estudiaban en la Universidad de Los Andes, tomaron la decisión de emigrar también. Ellos, al contrario del argentino, sí querían construir su vida allí. Hablaban inglés. La familia va en la tercera generación, con la última nacida en New Jersey.
Tanto la del argentino como la del colombiano es la realidad de millones de personas. De acuerdo con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de las Naciones Unidas (ONU), para el 2020 en Estados Unidos se contaban unos 50 millones de migrantes; pero la pandemia cambió esa realidad, muchos regresaron a sus países y otros no alcanzaron. Así que un reporte más cercano, el del Center for Immigration Studies (CIS), publicado en The San Diego Union-Tribune, habla de que para mediados del 2022 se calculaba la cifra en 47 millones de personas y de ellos tres cuartas partes tenían documentos legales. Por eso resulta necesario entender qué es el Título 42 y por qué tiene un impacto directo en países como los nuestros.
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Por ejemplo, explica la organización Migration Policy Institute que el 2022, citando información de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), fue el año con más encuentros con migrantes, unos 2,38 millones, todos sin autorización. Una cifra históricamente alta, pero que, además, ha develado más variables en la ecuación: ya no es el mismo volumen de mexicanos, guatemaltecos y hondureños, la balanza ha venido cambiando y la población creciente es de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Colombia, Brasil y Haití, además de casos con ciudadanos de Ucrania, Turquía e India.
Pero, ¿qué es el Título 42 y por qué han sido expulsadas 2,5 millones de personas de Estados Unidos usando esa herramienta jurídica? Eileen Sullivan, escribiendo para The New York Times y publicando en El Espectador, explicaba que se trata de “una sección de la Ley de Servicio Público de Salud de 1944, que permite que el gobierno pueda detener la entrada de personas e importaciones con el fin de prevenir la introducción de una enfermedad transmisible desde afuera de las fronteras continentales de Estados Unidos. En marzo de 2020, cuando el COVID-19 se estaba extendiendo por todo el país, la gestión de Trump autorizó el uso de la regla bajo la emergencia nacional de salud pública para expulsar rápidamente -en 10 minutos- a las personas que cruzaron de manera ilegal hacia Estados Unidos”. Dicho título tenía vigencia hasta el pasado 11 de mayo a las 23:59 horas porque hasta ese día iba “la designación de crisis de salud pública”.
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Tan solo el miércoles 10 de mayo 41 hombres adultos, 66 mujeres adultas y 102 menores de edad, todos colombianos, fueron enviados de vuelta al país por Estados Unidos, precisamente entre esos grupo de deportados que querían entrar sin éxito. Y aquí es preciso aclarar que muchos migrantes llegan a las fronteras de ese país buscando asilo. Una de ellas era Mabel, quien lamentó “la falta de oportunidades para exponer su caso” al Gobierno estadounidense y afirmó que sufrieron “una discriminación horrible”. “Nos encadenaron las manos, pies y cinturas”, dijo la colombiana, quien señaló que los oficiales la acusaban de “llevar cocaína” al país norteamericano. La deportada explicó que salió “huyendo” de Colombia por “el reclutamiento de menores en el departamento del Tolima” por cuenta del conflicto armado, situación que pondría en riesgo a sus cuatro hijos, explicaron los colegas de la sección Internacional.
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¿Qué va a suceder ahora? Que sin la vigencia del Título 42 se podría disparar la llegada de migrantes a Estados Unidos buscando asilo, lo que el mismo presidente demócrata, Joe Biden, ha calificado como una situación “caótica por un tiempo”. De ahí que también ha sido noticia el proyecto que cursa en el Congreso de ese país y que pretende alargar el muro fronterizo y, además, restringir el acceso al asilo. Ya pasó en la Cámara, falta el Senado. Pero, como en todos los legislativos, es una puja política entre orillas de pensamiento diametralmente distintas. “Biden, de todas formas, ha adelantado que la vetará si un día llega a su escritorio”, escribió la agencia AFP.
¿Y entonces? Las autoridades fronterizas deben usar las leyes tradicionales, lo que implica que los procesos, por ejemplo, en el trámite de asilo se tomará más tiempo, es posible que con el volumen de migrantes los centros de internamiento se llenen y ya se habla de crisis por condiciones inhumadas y hacinamiento. “Los funcionarios de fronteras se verán obligados a liberar a los migrantes en las comunidades fronterizas con más frecuencia, lo que aumentará la carga de los funcionarios locales y los operadores de refugios para proporcionar apoyo en todo el país. También será más difícil para los migrantes encontrar abogados de asilo que les ayuden a presentar sus casos, pues ya hay escasez de personas que hagan este trabajo. Pero los funcionarios esperan que en un momento dado sea más fácil, a medida que más migrantes sean sancionados por cruzar la frontera varias veces”, escribía Sullivan en The New York Times.
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Para el caso que tiene que ver con la relación Colombia – Estados Unidos, se anunció la creación de una mesa técnica an te las denuncias por maltrato a los colombianos retornados desde ese país. “Más de 300 personas han regresado a Colombia en los últimos días como parte de un plan piloto puesto en marcha entre ambas naciones, en preparación al fin de la política estadounidense conocida como Título 42 (que expiró en la medianoche del jueves), con el fin de liberar flujo de la frontera sur del país norteamericano”, contó el equipo de la sección Internacional. “Nuestros cónsules están trabajando, de manera permanente, para responder a la situación muy coyuntural del levantamiento de la no aplicación del título 42 y el que se ha empezado a aplicar: el título 8″, dijo el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo.
Y en medio de toda esta turbulencia migratoria, también se supo que las personas de nacionalidad colombiana que estén en Estados Unidos podrán acceder al plan de reunificación familiar. “Este tipo de permiso fue anunciado al tiempo con la creación de centros para tramitar las solicitudes de migrantes en Colombia”, nos contaron. Aquí, la buena nueva, es que “cuando estos procesos se inicien oficialmente, ciertas personas evaluadas y con un Formulario I-130, Petición de Familiar Extranjero, basado en la familia ya aprobado, podrán ser consideradas, previa invitación, para obtener el permiso humanitario de permanencia temporal en Estados Unidos, caso por caso, mientras esperan su visa de inmigrante”, de acuerdo con la información dada por la Oficina de Servicios de Inmigración de Estados Unidos, USCIS, por sus siglas en inglés. El proceso fue anunciado, pero no ha entrado en vigencia y aplicará para ciudadanos de Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras.
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María Clara Robayo, quien es investigadora del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y de la Bitácora Migratoria en alianza con la Fundación Konrad Adenauer, recordó que “el gobierno de Joe Biden desde hace más de un año viene adoptando medidas que buscan contrarrestar la continua llegada de migración irregular a Estados Unidos”.
Y ahí aparecen los centros de procesamiento para migrantes en Colombia y en Guatemala, de tal forma que allí se adelanten primero todas las posibles peticiones de asilo de, por ejemplo, población venezolana. Pero, existen peros, pues hay otra realidad inocultable, y esa es la de las cifras de migrantes que se lanzan a cruzar el tapón del Darién, y que vienen en evidente crecimiento. El pasado 4 de mayo revelaba la agencia EFE que “en los primeros cuatro meses de este año, más de 127.000 personas en movilidad que se dirigen a EE.UU. llegaron a Panamá tras cruzar la jungla del Darién, la peligrosa frontera con Colombia, seis veces más que en el mismo lapso de 2022, que cerró con la cifra histórica de más de 248.000 migrantes transitando por la zona”. El asunto aquí es que, nos decía Robayo, “Colombia aún no ha definido una política pública dirigida al creciente número de migrantes que se encuentran en tránsito hacia terceros países, lo que podría aumentar la presión migratoria en el país y generarle pérdida de autonomía en el manejo de la movilidad humana”.
El sueño americano, tal y como lo hemos visto durante años y con miles de casos, sigue estando vivo para tantos migrantes que buscan allí oportunidades laborales en Estados Unidos. Y más cuando vemos a diario noticias que informan de vacantes en muchos campos laborales en varias ciudades de ese país. Pero también están aquellos que huyen de lo que pasa en sus propias tierras buscando construir una vida alejada de la violencia, de los derechos humanos pisoteados. Ahora, no se nos puede olvidar que Estados Unidos tiene todo el derecho de decidir a quién le abre la puerta y a quién no. Lo que sí le piden los migrantes que se han sentido maltratados es que lo hagan dentro del respeto por la humanidad de cada una de esas personas. Se viene, lo escribió Zolan Kanno-Youngs en The New York Times, atrasos de varios años porque precisamente “el sistema judicial tiene rezagos de muchos años y una baja moral debido a que la fuerza laboral de 650 jueces no logra seguir el ritmo del volumen de casos de inmigración. Una realidad que pasará factura ahora que el Título 42 ha dejado de tener vigencia”.
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Por Edwin Bohórquez Aya
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