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La trama entre Estados Unidos y Venezuela se mueve en varios frentes. Aunque la tensión principal está en la posibilidad de un escenario militar de mayor escala —con ataques por tierra y dentro de territorio venezolano—, esta semana ocurrió un hecho que, aunque no tuvo mayor ruido, puede complicar seriamente no solo los planes del chavismo, sino en general los del propio Estado venezolano: la ruta de pérdida de Citgo, la filial de PDVSA en Estados Unidos y uno de los activos más importantes del país.
Leonard P. Stark, juez del estado de Delaware, autorizó formalmente la venta de PDV Holding a Amber Energy, afiliada al fondo Elliott Investment Management, tras aceptar su oferta de USD 5.900 millones. Una luz verde que deja en manos de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) la decisión final para concretar la venta, una instancia en la que tanto el Estado venezolano como otro oferente, Gold Reserve, están impugnando.
Según el gobierno de Nicolás Maduro, se trata de un “despojo forzoso” o “venta fraudulenta” de un activo perteneciente a la petrolera venezolana. Más allá de lo jurídico y de las instancias en las que todavía se puede retrasar la venta, posiblemente a concretar durante 2026, el problema radica en que es la liquidación potencial de una palanca financiera clave en un Estado con deuda crónica. Ahora el debate es práctico: cómo se cierra, quién frena y qué costo real paga Venezuela.
Como explica José Ignacio Hernández, analista de Aurora Macro Strategies, Citgo es la expresión externa del colapso macrofiscal venezolano: años de déficit oculto, endeudamiento irresponsable y politización de PDVSA derivaron en un impago que ahora se materializa con la pérdida de activos claves. La subasta no es un episodio aislado, sino la consecuencia inevitable de una crisis fiscal que no pudo corregirse.
“Lo que demuestran, en el fondo, es que Venezuela no tiene activos externos; lo que en realidad tiene son obligaciones en el exterior, derivadas de la deuda pública externa contratada o contraída durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, a números muy muy muy gruesos. Todos los activos externos de Venezuela —Citgo, cuentas de banco, etc.— pudiesen llegar, conocidos, a unos USD 30.000 millones, y los pasivos en términos de deuda pública externa superan los USD 160.000 millones”, desarrolla Hernández. Sin embargo, este es solo un punto de inflexión en un proceso de más de 20 años.
Francisco Monaldi, economista y director del programa de Energía para América Latina del Centro de Estudios Energéticos de la Universidad Rice, afirma que es un problema desde que Hugo Chávez “hizo expropiaciones sin compensar e incurrió en una deuda externa colosal que eventualmente no pudo pagar”. Una situación que solo empeoró con el pasar de los años y que, a la postre, hizo que Citgo fuera el último activo relevante de Venezuela en el extranjero, del que “todos los acreedores han tratado de participar en la subasta para intentar cobrar algo del dinero que se les debe, sabiendo que una reestructuración de la deuda en Venezuela puede tomar mucho tiempo”.
Monaldi también explica que la venta de la filial se hace realmente por un precio relativamente menor al que tiene Citgo en el mercado, rondando los USD 10.000 u USD 11.000 millones. Concretamente, los casi USD 6.000 millones no llegan a cubrir ni un 10 % de la deuda acumulada por el chavismo. Las consecuencias económicas, además de la evidente devaluación como activo, incluyen también la pérdida de un chance para apalancar una eventual recuperación económica si llegara a ser posible.
“Se pierde por una cantidad mucho menor, es decir, que apenas se les paga a unos pocos acreedores el 100 %, en vez de ser usado para una reestructuración de la deuda o que se lo quedara Venezuela y usara esto como una manera de apalancar la industria petrolera. O sea, sí tiene un costo importante”, continúa Monaldi. En contraste, Hernández afirma que desde 2019 PDVSA y Citgo no tienen realmente “ningún tipo de relación comercial”, por lo que “no es esencial para la recuperación de la industria petrolera venezolana”.
El inevitable costo político
Como cualquier suceso en el caldeado ambiente político venezolano, tanto el oficialismo del régimen como la oposición —en la clandestinidad o en el exilio— harán de esto un argumento contra el otro lado. Desde el chavismo ya comienzan a alimentar la narrativa del “despojo” y la pérdida de elementos del Estado, del intervencionismo. Del otro lado, la oposición culpará al Estado porque fueron sus decisiones históricas las que desembocaron en la pérdida que explicamos.
José Ignacio Hernández va más allá y asegura que realmente a Nicolás Maduro no le afecta en profundidad la pérdida de Citgo: hace mucho que el Estado no controla la filial. Por el contrario, la pérdida más grande le cae a la oposición. “Para las juntas ‘ad hoc’, la pérdida de Citgo básicamente implicará que ya no tiene mayor sentido existir, porque no es la única, pero sí la principal finalidad de la junta ‘ad hoc’ de PDVSA, bajo el control de la Asamblea Nacional de 2015: preservar Citgo, lo cual se logró —o se ha logrado hasta ahora”, analiza. la larga, hay posibilidades de retrasar, mas no de detener la venta de la empresa.
Mientras esto se resuelve, Amber, la empresa cuya oferta recibió luz verde, ha manifestado su intención de mantener operativas las refinerías, terminales y activos de Citgo, y administrar la compañía a largo plazo. Será otra la historia cuando se concrete.
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Por Hugo Santiago Caro
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