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Justamente este miércoles se cumplen siete semanas desde que Venezuela experimentó dos sismos separados por 40 segundos que destrozaron una gran porción de La Guaira, en la costa caribeña venezolana, y dejaron a su paso más de 6.000 personas fallecidas hasta la fecha. Fueron dos terremotos de magnitud superior a 7, similares al que sufrimos el lunes en horas de la mañana y que, hasta el momento de escribir este artículo, causó la muerte de más de 200 personas.
Colombia, que ha sido uno de los principales países en brindar asistencia a través de instituciones como el Banco de Alimentos de Bogotá o mediante rescatistas, ahora necesita ayuda humanitaria para responder a los territorios afectados, principalmente en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas. Ahora bien, el hecho de que en ambos países estemos sufriendo las consecuencias de la catástrofe no significa que haya que escoger si se presta asistencia en uno o en el otro, ni que, por haber estado ayudando este mes y medio a Venezuela, no haya recursos para la crisis en nuestro país.
Según Adriana Mangones, magíster en gestión del riesgo de desastres y consultora del Banco Interamericano de Desarrollo, la clave para entender cómo se atienden ambas crisis simultáneas está en los tiempos de cada una. “Hay que entender que, por el tiempo transcurrido desde el terremoto de Venezuela el 24 de junio, las necesidades de la respuesta inmediata ya se acabaron; ya se está moviendo hacia la fase de rehabilitación y preparación para la recuperación, en el restablecimiento de servicios esenciales, en evaluaciones y exposiciones de daños y necesidades, recuperación de medios de vida y de planificación para la reconstrucción. Entonces, es una etapa mucho más compleja porque requiere una atención a largo plazo. O sea, las necesidades inmediatas de emergencia ya pasaron en Venezuela, que es la fase en la que acabamos de entrar en Colombia”, explica.
Es allí donde entran a ser vitales las primeras 48 horas, en las que la ventana para lograr el rescate de personas con vida es crucial. Claro, existen casos como el de Hernán Gil, un vigilante venezolano de 44 años que sobrevivió ocho días (192 horas) bajo los escombros, pero se consideran casi milagros o excepciones. Mangones destaca también que el hecho de que Colombia haya construido su infraestructura para responder a desastres después de catástrofes como la de Armero en 1986 o el terremoto del Eje Cafetero de 1999 hace que tengamos una capacidad de respuesta fuerte. Recuerda que de esas experiencias surgió la ley que dio inicio al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Las lecciones de Venezuela
Pero el hecho de que Colombia tenga capacidad para responder a su propio terremoto mientras Venezuela avanza hacia la recuperación no significa que la experiencia venezolana deje de ser relevante. Al contrario: lo ocurrido allí ofrece una lista de problemas que Colombia debería intentar evitar desde ahora. Hasta la fecha, el gobierno de Delcy Rodríguez lleva contabilizadas más de 6.000 personas fallecidas en estas seis semanas. Sin embargo, dentro de las muchas críticas que ha recibido la respuesta a la calamidad, una de las principales es la irregularidad en la entrega de información.
Para Nastassja Rojas, directora adjunta de Amnistía Internacional para Venezuela, una de las claves de la tragedia son los reportes constantes. “La rendición de cuentas en las tragedias para generar confianza y tranquilidad en la ciudadanía no debe darse al final, después de todo lo que sucede. Debe ser una rendición de cuentas constante”, explica. Durante los primeros seis días, Venezuela actualizó prácticamente a diario el balance de fallecidos. Después hubo intervalos más largos entre los reportes, aunque el número siguió aumentando de manera importante.
Rojas destaca uno de los primeros reportes que hizo la Alcaldía de Cali en las primeras horas, en el que se hablaba de 239 “personas atrapadas reportadas”. Esto, según ella, es un error, pues “no todas las personas que desde el inicio se reporten como no localizadas podemos asumir que han fallecido” o que están atrapadas en los escombros.
Dicho de otra forma, Colombia debería establecer desde el comienzo qué se reporta, con qué periodicidad y cómo se actualizan las distintas categorías, precisamente para que el número de fallecidos, no localizados y fallecidos sin identificar no evolucione por caminos separados.
El último reporte entregado por el presidente Abelardo de la Espriella, al cierre de esta edición, ya hablaba de 181 muertos a pesar de que los balances regionales hablaban de más de 200. Unificar los reportes y las cifras es precisamente una de las tareas urgentes pendientes.
Otra de las alertas que lanza Rojas es el riesgo de que sean las mismas familias las que terminen haciendo las labores de rescatistas. Si bien, tanto en Venezuela como en Colombia, la solidaridad ciudadana ha sido un pilar en la respuesta, en La Guaira se llegaron a conocer casos en los que las personas invertían miles de dólares en maquinaria privada para rescatar personas ante la falta de respuesta. “Eso no quiere decir que entonces nos tengamos que quedar cruzados de brazos en nuestras casas sin apoyar. Nos tiene que mover la solidaridad, pero esas actividades grandes de búsqueda, de registro, de acompañamiento, incluso a las familias de las víctimas, debe hacerlas el Estado. Es una función del Estado”, declara.
Colombia tiene hoy la capacidad institucional para responder a su propia tragedia mientras Venezuela avanza en esa segunda etapa, pero también tiene una oportunidad que Venezuela perdió: empezar desde ahora a registrar, actualizar y hacer públicos los datos de cada persona afectada. Atender ambas catástrofes al mismo tiempo no significa repartir la solidaridad entre dos países, sino entender que cada una requiere respuestas distintas y que, en Colombia, la primera de ellas es no permitir que una víctima termine convertida en un número que nadie vuelva a buscar.
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Por Hugo Santiago Caro
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