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Los nuevos giros que ha dado la relación comercial y política entre Estados Unidos y Venezuela parecen sacados de un escenario hipotético. Hace apenas un año, esta cercanía y estos acuerdos habrían sido vistos como algo imposible. Sin embargo, ahora forman parte de la nueva normalidad de las relaciones bilaterales, especialmente tras el anuncio, este 28 de agosto, de un acuerdo petrolero entre ambas naciones que el presidente Donald Trump calificó como el “mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” y que, según afirmó, permitirá más que duplicar las reservas de petróleo de Estados Unidos.
El acuerdo contempla 17 campos petroleros que, en conjunto, estarían asociados a unos 65.000 millones de barriles de reservas. La idea es que empresas y capital estadounidense participen directamente en la recuperación y explotación de esos campos, con una participación mayoritaria de Estados Unidos en la estructura que los administrará.
Según Antonio De Lisio, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela (UCV) e investigador del Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes-UCV), los 65.000 millones de barriles mencionados en el acuerdo deben entenderse, por ahora, como un potencial de reservas cuya certificación no está del todo clara. Explica que están distribuidos en 17 campos, algunos ubicados en la Faja Petrolífera del Orinoco, donde todavía sería necesario verificar y certificar las reservas, y otros en la cuenca del lago de Maracaibo, donde existiría mayor certeza sobre los recursos disponibles.
Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, señaló que el acuerdo petrolero,tendrá una duración de 25 años y contempla elevar la producción del país por encima de 1,5 millones de barriles diarios.
Rodríguez afirmó que el Gobierno también busca ampliar la cooperación con grandes compañías internacionales, entre ellas Chevron, Repsol, Eni, Shell y BP, con la intención de fortalecer a Venezuela como potencia energética.
Sin embargo, esta alianza, que varios analistas ya anticipaban tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, evidencia un cambio significativo en la relación entre Caracas y Washington. La operación estadounidense que terminó con la detención del exgobernante marcó un punto de inflexión y, desde entonces, la postura del Gobierno venezolano frente a la cooperación con Estados Unidos ha cambiado significativamente.
El acuerdo petrolero también deja ver cómo los intereses de Washington comienzan a adquirir una mayor presencia dentro de Venezuela, no solo en el ámbito energético, sino también en las decisiones económicas y políticas del país.
Uno de los aspectos que más llaman la atención es precisamente la duración de la alianza: 25 años. Para De Lisio, mantener durante ese periodo un esquema en el que Estados Unidos tendría un control directo sobre parte de los recursos petroleros venezolanos supondría un retroceso en la participación del Estado sobre su propia industria.
El investigador compara el modelo con una especie de arrendamiento que, según cálculos preliminares basados en información de prensa, podría dejar a Venezuela alrededor de USD 3,24 por barril. Una cifra que estaría muy por debajo de la cotización internacional del petróleo y que, de acuerdo con su análisis, incluso sería inferior a las regalías que el país recibía hace más de un siglo, durante la dictadura de Juan Vicente Gómez.
En ese sentido, De Lisio considera que el acuerdo representa un cambio significativo frente al modelo que se consolidó con la nacionalización petrolera de 1976, e incluso frente al esquema 50/50 establecido en 1948, cuando el Estado venezolano comenzó a garantizar una participación equivalente a la de las empresas explotadoras en los beneficios del petróleo.
Desde otra perspectiva, Andy Lipow, presidente de Lipow Oil Associates, considera que el acuerdo podría favorecer la recuperación de la industria petrolera venezolana. Según explicó a CNN, el hecho de que las grandes compañías del sector operen bajo un marco jurídico estadounidense podría ofrecer mayores garantías y facilitar la llegada de nuevas inversiones.
Ambos gobiernos han presentado la alianza como una oportunidad para impulsar la recuperación de la industria petrolera venezolana. Delcy Rodríguez aseguró que Estados Unidos aportará capital, tecnología y capacidad operativa para acelerar la reactivación del sector, pero insistió en que el acuerdo no supone una cesión de la soberanía venezolana sobre sus recursos.“Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos”, afirmó la mandataria encargada, al defender un esquema en el que, según explicó, cada parte contribuiría con aquello que está en mejores condiciones de aportar.
Sin embargo, para De Lisio, el acuerdo también supone un giro en la orientación política que había mantenido el chavismo. “Delcy Rodríguez está sacrificando todo lo que había venido siendo el legado de Chávez para acá: la idea de un mundo multipolar y la necesidad de establecer asociaciones con países que, desde el punto de vista de la visión revolucionaria y socialista, estarían más cerca de Venezuela, como China”, afirmó el profesor.
El experto añadió que Rodríguez estaría dejando de lado parte de sus posiciones ideológicas a cambio de preservar una situación política más estable, lo que podría favorecer sus posibilidades de mantenerse en el poder e incluso llegar a ejercer la Presidencia de Venezuela, cuyo periodo está previsto hasta 2030.
Para Donald Trump, el acuerdo podría traducirse en beneficios tanto energéticos como políticos. En materia petrolera, y según la interpretación planteada por el propio presidente estadounidense, Washington tendría acceso a una parte importante de los recursos venezolanos sin tener que recurrir directamente a sus propias reservas estratégicas de crudo.
Pero el posible beneficio más inmediato para Trump sería político. Con las elecciones de medio término de noviembre en el horizonte, un aumento de la oferta de petróleo venezolano podría contribuir a reducir los precios de la gasolina en Estados Unidos. Si los consumidores perciben una disminución en el costo del combustible, Trump podría presentar el acuerdo como un resultado concreto de su política hacia Venezuela y convertirlo en un rédito político de cara a las elecciones.
De Lisio considera que el acuerdo podría abrir una nueva etapa para la industria petrolera venezolana, aunque sus efectos dependerán de la llegada efectiva de capital y de la capacidad para recuperar la producción. Los USD100.000 millones anunciados serían una inversión progresiva, por lo que recuperar los niveles productivos de hace más de una década seguiría siendo difícil. Además, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), perdería parte del control sobre los campos incluidos, aunque esto no implicaría necesariamente una pérdida de soberanía, pues los recursos del subsuelo siguen perteneciendo al Estado. El alcance real de estos cambios, advierte el experto, solo podrá conocerse cuando se hagan públicos los términos definitivos del acuerdo.
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Por Laura Henao Arévalo
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