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Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la captura de Nicolás Maduro tras un ataque militar en Venezuela abrieron un escenario sin precedentes y cargado de incertidumbre.
Aunque Washington no ha presentado pruebas públicas que confirmen la detención del mandatario venezolano, el señalamiento reactivó de inmediato las causas judiciales que pesan sobre él en tribunales estadounidenses y encendió alarmas diplomáticas en la región.
Trump aseguró en Truth Social que EE. UU. ejecutó un “ataque a gran escala” y que Maduro y su esposa, Cilia Flores, habrían sido capturados y trasladados fuera del país. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, confirmó en televisión estatal que se desconoce el paradero del presidente y exigió a Washington una “prueba de vida inmediata”.
Mientras tanto, altos funcionarios del Gobierno venezolano, incluido el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, denunciaron una “agresión militar” por parte de Estados Unidos y respaldaron la activación de un decreto de estado de conmoción exterior, con despliegue total de fuerzas armadas y policiales en el país. Caracas sostiene que se trata de una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y del principio de soberanía.
En paralelo, medios estadounidenses reportaron que el Comité de Servicios Armados del Senado no fue notificado con antelación sobre posibles acciones militares en Venezuela, lo que ha reavivado el debate interno en EE. UU. sobre los límites del poder presidencial para ordenar ataques sin aval del Congreso.
Cargos contra Maduro por narcotráfico y terrorismo
Si Maduro llegara efectivamente a quedar bajo custodia estadounidense, el camino judicial ya está trazado. Desde marzo de 2020, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York mantiene cargos formales en su contra por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, conspiración para portar armas de guerra y vínculos con organizaciones calificadas como terroristas por Washington.
Las acusaciones sostienen que Maduro habría liderado el llamado “Cartel de los Soles” y utilizado el narcotráfico como herramienta política.
Un eventual traslado a EE. UU. implicaría que Maduro comparezca ante una corte federal como acusado penal, no como jefe de Estado, y se exponga a penas que podrían incluir cadena perpetua.
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