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Un mal manejo de una catástrofe postsismo puede llegar a matar como el temblor mismo. Meses después del terremoto de 2010 Haití sufrió una epidemia de cólera, importada por los cascos azules de la ONU, que mató al menos a 7.000 personas y que tardó nueve años en controlarse por completo. Ante ese recuerdo fresco en la memoria de la región, Venezuela vive hoy sus horas más críticas.
Una semana después del doble terremoto que sacudió el país, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una alerta sanitaria sobre Venezuela debido a las condiciones en las que se encuentra el norte del país. El foco, para muchos, ha estado sobre los cuerpos apilados, aunque la advertencia apunta a otros lados.
Al igual que en Haití, donde las morgues quedaron destruidas o colapsadas, los cadáveres que dejó el terremoto en Venezuela se han apilado en las vías públicas. Los cementerios locales y las morgues no dan abasto ante la alta demanda de servicios funerarios que tiene dos grandes problemas de entrada: el costo y los suministros.
Incluso morirse ha sido difícil en una Venezuela sacudida por la corrupción y la emergencia financiera en los últimos años. En 2019, uno de los años más severos de la crisis, se popularizó la modalidad de alquiler de ataúdes. El ataúd rentado se utilizaba solo para la velación, disponiendo de una bolsa biodegradable para el cuerpo que se retiraba concluida la ceremonia para ser cremado o llevado a una fosa común. Era para lo que alcanzaba el bolsillo.
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Para 2025, los servicios funerarios en Venezuela seguían siendo prácticamente inaccesibles. Se cotizaban sobre los USD 250 a los USD 4.000, según la funeraria Loira de Caracas. Este precio sigue estando fuera de las capacidades de muchas víctimas de los terremotos, por lo que el gremio acordó esta semana fijar precios de servicios de cremación, exclusivos para los afectados, en unos USD 150. También se donaron unos 500 ataúdes, pero todavía hay un gran tramo por cubrir. Al cierre del miércoles, el último informe contabilizaba 2.295 fallecidos.
Ante la urgencia, las acciones de la sociedad civil han destacado por encima de las del gobierno, ampliamente criticado no solo por el desorden, sino por bloquear la asistencia con burocracia. Guillermo Uzcanga, un influenciador que hace contenido de ejercicio físico, pero que también trabaja como carpintero, pidió el fin de semana ayuda para la “donación más triste” en este momento. Les dijo a sus seguidores que podía construir urnas para llevar a La Guaira, pero necesitaba MDF, un material derivado de la madera, para trabajar. Su mensaje llegó a particulares y empresas como la ferretería Imeca, que le dio 40 láminas.
“No estoy en ningún tema político, lo están haciendo los venezolanos y todas las personas del exterior”, dijo Uzcanga, luego de dar fe de producir un centenar de urnas que busca enviar a Caracas con urgencia para tener más espacio en su taller. “Yo estoy acostumbrado a salir de mi taller de carpintería, de hacer cosas bonitas. Y miren cómo está mi taller ahorita, lleno de urnas. Me duele el alma. No es normal para mí”, lamentó Uzcanga.
Pero el espacio tampoco da alivio. Si bien cientos de cuerpos provenientes de La Guaira han ido a los cementerios de Caracas, como el del Este, a donde han llegado mínimo 50 cadáveres cada día, estos empiezan a saturarse y ya se baraja la apertura de fosas comunes. Tampoco ayuda el factor del tiempo. Rafael Hernández, un hombre que buscaba a su sobrina y a su hija, recibió la noticia de que algunos cuerpos ya no pueden identificarse debido al avanzado estado de descomposición, según recogió “El Comercio”. Sin un sistema de refrigeración, la descomposición avanza rápido.
Los primeros signos externos, como la coloración verdosa en la piel, aparecen entre las 12 y 24 horas después de la muerte. En un clima tropical como el venezolano, ese proceso se acelera todavía más. Con refrigeración adecuada, un cuerpo puede esperar tres días o más antes de perder viabilidad para una identificación confiable. Sin ella, ese margen se reduce a unas cuantas horas, por lo que muchos cuerpos terminarán pronto en fosas.
Algo similar ocurrió en Turquía y Siria tras el terremoto de 2023. Las autoridades optaron por fosas comunes improvisadas casi de inmediato. En el pueblo de Nurda, donde murió hasta el 40 % de la población, se abrieron fosas marcadas apenas con tablones de madera clavados en el suelo, separados por poco más de un metro entre sí. A las afueras de Antioquía se instaló un cementerio de emergencia, donde excavadoras trabajaban sin parar mientras camiones con bolsas de cadáveres llegaban de forma continua.
Esto alimenta otra arista de la crisis: la emocional. Lo que se pierde en estos procesos acelerados no es solo la identificación. En países musulmanes, como los mencionados, el protocolo funerario exige lavar el cuerpo y enterrarlo en un plazo breve, orientado hacia La Meca. La velocidad de las fosas comunes hizo imposible cumplir ese ritual para miles de familias, que hoy, dos años después, siguen sin saber con certeza si enterraron al familiar correcto.
En Venezuela los ritos también se ven interrumpidos. No hay velorios de 24 horas, misas de nueve noches o el santoral popular. Las despedidas son más cortas, improvisadas e insuficientes. Y, como si no fuera suficiente dolor, las familias todavía deben enfrentarse a la corrupción.
“Es increíble que nosotros no tengamos solo que lidiar con la tragedia en Venezuela, sino también con la extorsión de los funcionarios que deberían estar prestando un servicio público”, le afirmó Greta Torres a la RFI, una mujer que llevaba más de cuatro días buscando a sus familiares en la hilera de cadáveres en Bello Monte. Funcionarios le estaban cobrando por acelerar su búsqueda.
Cabe destacar que la ciudadanía tuvo que construir su propio sistema de identificación ante la ausencia estatal. Plataformas civiles como desaparecidosterremotovenezuela.com, venezuelatebusca.com y venezuelareporta.org surgieron en horas, permitiendo que cualquiera registrara nombre, foto y última ubicación conocida de un desaparecido.
Para un país que lidia constantemente con desaparecidos y fosas comunes, como a las que van a dar trabajadores mineros en la frontera con Colombia, esta vez la tecnología y la labor ciudadana pueden ser una gran aliada. Sin embargo, la opacidad del gobierno en cuanto a información y la falta de claridad en el proceso de recopilación de ADN y registros dentales de quienes van a dar a las fosas anticipa miles de historias sin cierre. El gobierno de Delcy Rodríguez no ha logrado explicar el paradero de unas 8.000 personas en La Guaira en sus reportes de afectados.
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Aun con todos los complejos problemas relacionados con los cuerpos, estos no son la razón de la alerta sanitaria. Así como en el caso haitiano, estamos observando la entrada internacional a un sistema que de por sí ya era sensible. El sistema de salud venezolano ya arrastraba años de deterioro antes del sismo. Solo en 2025, el país destinó apenas un 3,5 % del presupuesto a salud, muy por debajo del 10 % que se destina en promedio mundial y del 6 % mínimo recomendado por la OMS.
Un monitoreo independiente de hospitales encontró en 2024 un déficit de cerca del 60 % en capacidad quirúrgica, con un promedio de apenas cuatro quirófanos operativos por hospital cuando la capacidad instalada es de unos 10. Es decir, el terremoto no quebró un sistema forense o de salud sano. Sin contar las grietas en los otros servicios públicos.
Sobre ese saneamiento precario se están levantando campamentos improvisados de rescatistas y personal humanitario, instalados cerca de fuentes de agua que la población desplazada está usando. Un informe independiente encargado por la ONU concluyó en 2011 que la epidemia de cólera en Haití se originó cuando materia fecal del campamento de un batallón de cascos azules nepalíes fue vertida indebidamente en el río Artibonite, una fuente de agua que la población usaba a diario para beber, lavar y bañarse. Los infectólogos advierten que el riesgo real está en la falta de acceso a agua segura, el deterioro del saneamiento, la interrupción de los servicios médicos y el hacinamiento en refugios que alimentan un escenario perfecto para un brote.
El riesgo en Venezuela de una crisis sanitaria es latente. Por eso mismo la OMS está hablando del riesgo de brotes de dengue, malaria e infecciones gastrointestinales en los refugios venezolanos. La lección de Haití, 16 años después de lo ocurrido, no es que el problema no tenga solución. Es que tener el protocolo de ayuda no es lo mismo que tener los recursos para cumplirlo, y esa es exactamente la pregunta que Venezuela tiene abierta hoy.
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