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Aunque este martes se cumple el primer mes de la caída de Nicolás Maduro y de la apertura de tiempos inciertos para Venezuela, el fin de semana se cumplirán los primeros 30 días de uno de los procesos que más atención ha recibido durante estas semanas convulsas. El 8 de enero, Delcy Rodríguez anunció que se abriría un proceso de excarcelación masiva de un “número importante” de personas, seguido por el anuncio reciente de una amnistía general.
Es el pedido más grande que se ha hecho durante los últimos años en Venezuela: la liberación de presos políticos, que según la ONG Foro Penal superan los 800 reos desde inicios de 2026, cuando Estados Unidos tomó como prisionero a Maduro. El anuncio para ese entonces fue textual, como lo contamos: un número importante. No 100, no 500: todos. Tampoco se dejaron ver las pautas bajo las cuales estaba establecido el proceso de excarcelación ni los plazos. A cuentagotas, por grupos disparejos y en plazos extraños, se ha venido cumpliendo bajo el escepticismo de la sociedad civil, que vigila y trata de seguir de cerca el proceso.
Durante el último mes, voces oficiales como Diosdado Cabello, ministro del Interior, han afirmado que han liberado a más de 800 presos. Sin embargo, a corte del último fin de semana, según Foro Penal, la cifra total en casi un mes es de 344 personas excarceladas. Es decir, existe una brecha sustancial entre el relato del régimen y las cifras reales, si es que existen.
La ONG Justicia, Esperanza y Perdón buscó recoger nombres en una lista que incluye opositores y activistas clave como Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona, Rocío San Miguel Sosa, Enrique Márquez, Biagio Pilieri, Alejandro Rebolledo, Larry Osorio y Arelis Balza. El último y tal vez más relevante es Javier Tarazona, director de Fundaredes, detenido en 2021.
Tarazona denunciaba, para el momento de su detención, los nexos del régimen venezolano con las disidencias de las Farc y fue acusado por delitos de incitación al odio, terrorismo y “traición a la patria”: los delitos de manual por los que son imputados la mayoría de los presos políticos en Venezuela.
“Delcy Rodríguez está forzada a obedecer a Donald Trump y Marco Rubio, a quienes incluso intentó manipular durante semanas con la cifra de excarcelaciones. El chavismo no ha cambiado, no ha visto la luz ni hace concesiones. Básicamente, está respondiendo a la presión”, cree al respecto Luis Carlos Rojas, periodista y defensor de derechos humanos, quien también resalta que desde el régimen han tratado de inflar las cifras oficiales sumando a las listas liberaciones previas a enero.
Liberados, ¿pero libres?
Rojas hace énfasis en que una cosa es ser excarcelado en Venezuela y otra muy distinta es ser libre. El ejemplo más claro de esto es Rafael Tudares, docente universitario y yerno de Edmundo González Urrutia, candidato opositor en las elecciones presidenciales de 2024. Fue liberado en las últimas semanas después de pasar más de 380 días preso y más de un año incomunicado, hasta que le permitieron a su esposa, Mariana González, visitarlo en El Rodeo, tras la caída de Maduro.
A pesar de que las condiciones de liberación de Tudares no son claras —como ocurre con la mayoría de los excarcelados—, medios de investigación como El Pitazo han revelado detalles que dan cuenta del verdadero trasfondo del proceso. Han mostrado, entre otros documentos, su boleta de liberación. Esta muestra cómo Tudares tiene prohibido, entre otras cosas, salir de Venezuela y hablar con la prensa. También se le exige presentarse a controles periódicos. ¿Qué tan libres pueden ser si siguen teniendo sobre sí un aparato de control?
“Esas restricciones le afectan la vida a cualquiera, porque está fuera de prisión, pero igual teme volver a ser encarcelado en cualquier momento, como ya ha ocurrido en varios casos. Se dificulta mucho conseguir trabajo por el miedo y cualquiera que esté en esta condición es mucho más vulnerable a ser víctima de extorsiones policiales y militares. Por eso, las libertades deben ser plenas y eso es lo que se exige para una posible amnistía: libertad plena para los presos, para las miles de personas que ya fueron excarceladas pero viven con restricciones a su libertad, y para los exiliados”, continúa Rojas.
Las condiciones de la amnistía
Rodríguez anunció la intención de una amnistía general para presos el último viernes, en horas de la noche, durante una alocución pública. Lo hizo en la misma intervención en la que sugirió acabar con El Helicoide, una de las cárceles venezolanas más señaladas por violaciones a derechos humanos, y cambiar la finalidad del edificio. Sin embargo, aunque ya comenzó la semana, todavía se desconocen los detalles del proyecto de ley que contemplaría esa amnistía.
Según lo que dijo, se pretende borrar las causas judiciales de los presos políticos y cerrar procesos que, en casos particulares, datan incluso de la época de Hugo Chávez, muerto hace más de una década. “Hasta no tener el documento del chavismo no sabremos qué están ocultando. Siempre preocupa que intenten autoamnistiarse y siempre preocupa que mantengan presos a sus trofeos. Delcy dijo que quedarían excluidas las personas señaladas por homicidio, narcotráfico, corrupción y violaciones de derechos humanos, pero sabemos de primera mano de casos montados y manipulaciones en los cuales la gente es acusada de esos crímenes, así que se debe abrir el compás para revisar las causas”, advierte Rojas, quien se abstiene de responder puntualmente a la idea de la amnistía sin conocer el contenido de la propuesta.
Mientras se conocen los detalles, lo cierto es que fuera de las cárceles y frente a diversas instituciones venezolanas se siguen manifestando madres, familias, colectivos de estudiantes y defensores de derechos humanos, con el mismo pedido: que los liberen a todos. Foro Penal pidió que mientras se discute la amnistía no cesen las liberaciones. Esto, por lo menos, parece que continuará, porque Tarazona salió después del anuncio junto con otros 20 presos.
La expectativa es alta, pero por detrás quedan interrogantes y pendientes, como los procesos de justicia y reparación para las miles de personas, venezolanas y extranjeras, que han sido objeto de la represión por el simple hecho de pensar diferente.
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Por Hugo Santiago Caro
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