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Durante los casi tres meses del gobierno de Donald Trump han regresado a Venezuela periódicamente aviones con cientos de migrantes de ese país, sin contar con los más de 200 que completan casi un mes en la megacárcel de Nayib Bukele en El Salvador. Han sido grupos y grupos de personas con variedad de estatus migratorios que han sido repatriados a Caracas. Sin embargo, en las últimas semanas han resonado particularmente los casos de Leonel Moreno (Leíto Oficial) y Nelson Soto.
Ambos son creadores de contenido. El primero se hizo viral desde 2022 por recomendar a sus seguidores en Tiktok robar supermercados y tomar prácticas de okupa (ocupar viviendas abandonadas) en Estados Unidos. Además, afirmaba que este país se podía vivir sin trabajar y que EE. UU. le pagaba por tener una hija nacida allí, lo que fue desmentido por las autoridades.
La semana pasada se confirmó que llegó a Venezuela en un vuelo de 178 migrantes deportados y, según dijo el Ministerio Público (la Fiscalía), está siendo procesado por la justicia venezolana acusado de crímenes de odio, además de estar recluido desde su regreso en la cárcel del Helicoide.
“Este señor les hizo mucho daño a los venezolanos con su actitud en Estados Unidos. Eso es parte de un gran plan y ahora tiene que enfrentar delitos de odio en su país, contra su propio pueblo, y que se defienda, explique y madure”, afirmó Diosdado Cabello en su espacio televisivo durante la semana.
Después se supo que Nelson Soto, quien cuenta con casi un millón de seguidores en Tiktok y ha desacreditado públicamente al régimen de Maduro en sus videos, afirmando que Venezuela vive una dictadura, también había sido deportado y recluido en el Helicoide. Los cargos son los mismos que enfrenta Leíto.
“Algunos de estos tiktokers han publicado informaciones exageradas en muchas ocasiones. Eso, a mi juicio, le sirve poco al gobierno para justificar, en parte, la represión y la censura que ejerce sobre los medios de comunicación tradicionales y ahora los digitales, que operan en redes sociales”, explica Txomin Las Heras, investigador del Observatorio sobre Venezuela de la Universidad del Rosario. Es decir que su contenido, en sí mismo, sería el motivo de las detenciones.
Leíto fue detenido hace aproximadamente un año por incumplir con sus presentaciones ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y su deportación fue ordenada en septiembre último. Por otro lado, Soto, según el medio venezolano El Pitazo, tenía vencido su estatus legal en Estados Unidos, estaba acusado de agredir a su expareja y amenazar con arma de fuego a la nueva pareja de esta, y fue detenido intentando entrar a Canadá, en donde intentó pedir asilo.
¿Crímenes de odio?
Algunos podrían afirmar que el de Soto es un contenido abiertamente opositor al régimen y, de cierta forma, político, con frases como “Mientras el Tribunal Supremo de Justicia esté a favor del Gobierno los demás poderes estarán secuestrados”.
Para otros, como Las Heras, que tachó de “exagerado” el contenido de estos creadores, el discurso puede ser reprochable. Eso no justifica, no obstante, que su camino al Helicoide deba carecer de un debido proceso.
Para Pilar Sáenz, coordinadora de proyectos de la Fundación Karisma, especialistas en humanidades digitales, la configuración de una censura “implicaría vigilancia masiva, es decir que se estén revisando las conversaciones de todo el mundo y monitoreando a los tiktokers para identificar quiénes son opositores. También surgirían problemas si hay revisión de redes sociales o dispositivos, o si se están utilizando mecanismos de revisión automatizada. Sin duda, eso representaría un problema mucho más grave”, explica.
Bajo esa lógica, ¿existe un patrón? Las Heras recuerda que desde 2017 en Venezuela existe la “Ley contra el Odio”, la misma con la que acusan a los dos creadores de contenido. Esta norma, promovida por el madurismo, “prohíbe la propaganda a favor de la guerra y la apología del odio, legaliza el bloqueo de portales considerados inadecuados, establece multas a empresas y medios electrónicos y permite cerrar medios de comunicación”.
Recuerda que “ha sido utilizada desde entonces para censurar y reprimir a toda la sociedad venezolana, con especial énfasis, por supuesto, en los medios de comunicación, comunicadores sociales, periodistas y también en los usuarios de redes sociales. Indudablemente, ha sido un instrumento de represión, incluso uno de los más utilizados, y que se ha reforzado recientemente con otros instrumentos legales, como la Ley Simón Bolívar. También se han aprobado recientemente otros marcos legales, como la Ley contra el Fascismo”.
Por esta Ley contra el odio, según contempla su redacción, ambos creadores se enfrentan sobre el papel a penas hasta de 20 años de cárcel.
Represión digital en otros contextos
Ahora bien, no todos los creadores de contenido político de origen venezolano se dedican a la fabricación de noticias falsas, pues las redes sociales también son espacio para la protesta y oposición legítima. Así se ha visto en otros contextos. Sáenz menciona los tres regímenes de izquierda más longevos en la región: el chavismo, ahora madurismo, en Venezuela; el régimen de los Castro en Cuba y la copresidencia de Rosario Murillo y Daniel Ortega en Nicaragua. “Son gobiernos de izquierda con líderes que han estado en el poder durante mucho tiempo y que ejercen un control muy particular, vemos una dinámica clara. Ese control político sobre los disidentes o sobre quienes se oponen al régimen también se traslada al mundo digital. En estos tres países, el control de los espacios digitales es mucho más fuerte que en otros lugares de la región”, afirma recordando que la instrumentalización de la justicia en estos casos también es una tendencia.
En Nicaragua desde 2020 existen legislaciones similares a las venezolanas que se han recrudecido recientemente, como la Ley de Ciberdelincuencia, que castiga la información no afín con Ortega, mientras que la Ley de Agentes Extranjeros pone trabas a la financiación de medios de comunicación con capital extranjero. Sáenz también lo pone en perspectiva con el “ciberpatrullaje” durante los paros nacionales en Colombia de 2019 y 2021; y con lo que está pasando en Argentina con las protestas a favor de los jubilados en 2025, donde la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha señalado en redes sociales a quienes acusa de “atentar” contra los miembros de la fuerza pública.
Deportar sin importar el riesgo
Quedan muchas preguntas abiertas mientras avanzan los casos de Leíto y Nelson. Una de las más preocupantes es cómo Estados Unidos está deportando migrantes, incluso cuando su integridad corre peligro en sus países de origen. Es el caso de estos dos venezolanos, acusados de delitos en tribunales controlados por personas afines al madurismo.
Si bien son casos diferentes, algo similar ocurrió con un migrante salvadoreño que huyó de las pandillas y fue deportado desde Estados Unidos, solo para terminar encarcelado en la megacárcel de Bukele. Este caso en particular escaló hasta la Corte Suprema de Justicia de EE. UU., que bloqueó este lunes temporalmente la orden de un juez federal de repatriarlo. Queda también por verse si desde Caracas seguirán aprovechándose de esta coyuntura migratoria para “controlar la narrativa”, como dice Las Heras, de discursos disidentes.
“De alguna manera, sí se busca infundir miedo, al igual que ocurre con el resto de las formas de represión: las detenciones, los malos tratos a las personas detenidas… En efecto, creo que es una estrategia para generar temor en la población. Esto forma parte del esquema represivo del gobierno”, afirma.
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Por Hugo Santiago Caro
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