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La libertad de Juan Pablo Guanipa, uno de los opositores venezolanos más relevantes de los últimos tiempos, duró unas pocas horas el domingo, tras un abrupto operativo de recaptura en Caracas. Guanipa, quien acompañó a la Plataforma Unitaria Democrática, a María Corina Machado y a Edmundo González en las presidenciales de 2024, fue detenido en mayo de 2025 y puesto en libertad en medio del proceso de amnistía que se discute en la Asamblea Nacional y que puede quedar aprobado en su totalidad esta misma semana.
Hablamos de cuestión de horas porque, tan pronto fue liberado, se le vio victorioso en una caravana de motos que pedía la liberación total de los aproximadamente 600 presos políticos que restan en Venezuela. En teoría, esa es la base de la amnistía que promueve la líder interina del régimen chavista, Delcy Rodríguez, pero es una premisa que queda completamente en duda después de ver cómo el líder opositor fue recapturado horas después de que lo soltaran.
Según un comunicado de la Fiscalía venezolana, Guanipa habría violado las condiciones de su excarcelación. No especifican cuáles, pero por otras liberaciones recientes se puede deducir por qué. Hace un par de semanas, con la liberación de Rafael Tudares, académico y yerno de Edmundo González, su boleta de liberación se filtró en medios venezolanos. En ella se ve cómo Tudares tenía prohibidas actividades como salir del país, referirse públicamente a su liberación o hablar con medios de comunicación. También se le exige presentarse a controles periódicos.
Guanipa, además de participar en la caravana, también dio una rueda de prensa improvisada, y allí habría estado el pretexto para que varias camionetas particulares se lo llevaran de su casa en la noche del mismo domingo. “Nos apuntaron, estaban fuertemente armados y se llevaron a mi padre”, afirmó Ramón Guanipa, hijo del opositor.
Diosdado Cabello resumió bien lo que ocurrió. Al aire, en televisión, dijo: “Han salido 897 personas y no había pasado nada. Hasta que la estupidez ilustrada de algunos políticos creyó que podían hacer lo que les da la gana y embochinchar el país”. Bien lo describió: los liberan, pero no pueden hacer uso de esa libertad, que en un sentido práctico representa eso, hacer lo que quieran.
¿Qué garantías da la amnistía?
Según el oficialismo, la propuesta de amnistía plantea liberar y otorgar beneficios legales a personas encarceladas por delitos políticos o vinculadas a protestas, críticas al poder y acusaciones como “traición” o “terrorismo” usadas contra opositores. El objetivo es permitir que sus dirigentes puedan reincorporarse a la vida pública. En palabras de Jorge Arreaza, diputado chavista, excuñado de Hugo Chávez y quien preside la comisión encargada del proyecto de ley, “la finalidad de la ley de amnistía es la convivencia democrática y la paz. Expresa su intención de promover el reencuentro. Quien la recibe debe actuar con espíritu de entendimiento, ejerciendo la política con respeto a las leyes. Todos debemos reflexionar y rectificar”.
Ahora, si esa es la idea que justo se discute esta misma semana, mientras ocurre lo de Guanipa, cabe por completo preguntar: ¿qué garantías reales puede ofrecer un proceso político que ni siquiera sostiene sus propias decisiones? Ligia Bolívar, defensora de derechos humanos y coordinadora general de Alerta Venezuela, lo resume al señalar que, en esta lógica, “todas las libertades son condicionales, pero condicionales además en términos que ellos consideren aceptables o no”. En otras palabras, hablamos de la noción de que la libertad no se restituye como derecho, sino como beneficio.
Para Bolívar, la sentencia de Cabello se resume en que no es una amnistía, sino sumisión. El caso expone bien lo que han sido las liberaciones en Venezuela que empezaron en diciembre: con falta de claridad, sin respeto por el debido proceso y con más arbitrariedad que otra cosa. Las listas no han sido claras, los momentos han sido desincronizados y sin orden, y ha sido el trabajo de ONG como Foro Penal y Justicia, Esperanza y Perdón que existe un estimado y un listado de los liberados que regresaron a sus hogares. “Este caso pone de relieve el altísimo nivel de desinstitucionalización al que ha caído Venezuela. Una persona es injustamente, arbitrariamente, sin que responda a la ley, apresada, excarcelada de la misma manera y luego vuelta a encarcelar de la misma manera”, analiza Alejandro Martínez Ubieda, politólogo y miembro de la organización Diálogo colombo-venezolano, sobre la falta de estructura de todo lo que está ocurriendo con estos presos políticos.
Mientras todo esto ocurre, la Fiscalía de Tarek William Saab pidió que en la amnistía se tenga en cuenta a funcionarios y miembros chavistas, al tiempo que afirmó que su despacho presentó un anteproyecto de ley. Cabe resaltar que, para la fecha, ya hay un borrador disponible en la web de la Asamblea Nacional.
No está claro si de alguna forma están anticipando la necesidad de que funcionarios del régimen necesiten amnistías en el futuro por crímenes cometidos en el ejercicio de sus cargos. Pero, para Bolívar, “en teoría, todo lo que son casos de corrupción y violaciones graves de derechos humanos quedarían excluidos. Así que, por ese lado, no deberían estarse cuidando; o sea, la ley aparentemente no debería servir para cubrirles las espaldas a las atrocidades que hayan cometido. Pero con ellos nunca se sabe: tienen una capacidad infinita de reinterpretar lo que ellos mismos escriben”.
Lo más probable es que para el viernes ya esté aprobado el proyecto de ley y que todas las organizaciones de derechos humanos estén alertas sobre su implementación, pero hasta entonces el caso de Guanipa sirve como un campanazo sobre las reales garantías y el alcance de una eventual amnistía o puesta en libertad de los presos políticos que se reintegren a la sociedad.
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Por Hugo Santiago Caro
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