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La reestructuración del Estado venezolano se llevará a cabo con base en la propuesta de Nicolás Maduro de una reforma constitucional, presentada a la Asamblea el pasado 15 de febrero y que se centrará en tres ejes principales, distribuidos en 80 artículos. En este escenario, la oposición deberá definir su estrategia respecto a su participación en el referéndum nacional (aún sin fecha) que busca legitimar el proyecto. Al mismo tiempo, los países de la región tendrán que adoptar una postura firme que podría traerles tanto facilidades como consecuencias adversas.
La elaboración del documento, en un plazo de 90 días, estará a cargo de una comisión conformada por las figuras más cercanas: entre ellos, el fiscal general Tarek William Saab; la vicepresidenta Delcy Rodríguez y la esposa de Maduro, Cilia Flores.
Contra el “fascismo”, limitando el poder
Maduro afirmó, presentando su reforma, que “es hora de identificar los peligros y las amenazas”, pues “el fascismo es una acechanza para Venezuela”. Aseguró que el gobierno venezolano ha “extirpado una célula nazi” de la cual se han capturado varios de sus integrantes “con planes de terrorismo, de asesinato y de violencia generalizada” recalcó.
No obstante, según él, en la Constitución “debe quedar explícito que Venezuela no tolera, de ninguna manera, ninguna amenaza fascista […] y debe ser penada de la manera más draconiana que pueda estipularse”.
El término “célula nazi” empleado por el autoproclamado mandatario, hace referencia a la oposición, a la que señala como una “amenaza fascista”. Esta acusación no solo busca deslegitimar a sus adversarios políticos, sino que, en un sentido más profundo, sirve como argumento para justificar medidas represivas contra quienes se manifiestan en contra del régimen.
Busca, además, crear lo que ha denominado un “poder comunal” como eje fundamental del Estado, además de los ya existentes: nacional, regional y municipal.
Ronal Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, explica que con la reforma Maduro busca “intentar tener algún tipo de legitimidad judicial en el marco legal para hacer que el sistema político se adapte a los caprichos del régimen y, puntualmente, para generar mecanismos más expeditos de persecución”.
Nelson Chitty, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, afirmó que “todo esto es una maniobra de normalización después del anormal hecho de desconocer el resultado electoral del 28 de julio”. Según el analista, la participación se encuentra en una encrucijada pues hay dos probabilidades “si votas legitimas el régimen, y si no votas, te incluyes dentro de los huelguistas electorales y te desciudadanizas tú mismo”.
Rodríguez destaca que, al menos en la teoría, la Constitución de 1999 es garantista de derechos. “Es una constitución que hace parte de una oleada de transformación que incluso se inspiró en la Constitución colombiana, ampliando el espacio de derechos y participación”. Recuerda, no obstante, que durante el gobierno de Hugo Chávez se impulsaron una reforma en 2007 y una enmienda en 2009, con “la excusa de la ampliación de la participación, para limitar el poder de los entes territoriales”. Algo similar es lo que se escucha ahora.
Venezuela, al ser un Estado federal, otorga a sus estados un grado de autonomía en la gestión política y administrativa, lo que se conoce como lógica estadal. Esto “permitía grandes espacios de desarrollo político para proyectos que de pronto no tenían la característica nacional, pero territorialmente tenían mucho éxito”.
Rodríguez pone como ejemplo a Manuel Rosales, “quien fue líder opositor y gobernador de Zulia, el estado más importante de Venezuela”. Rosales “logró, en diferentes momentos, recabar gran apoyo por parte de la población contra Chávez”. Al presidente del momento le molestaba este tipo de acciones y fue entonces cuando promovió la reforma constitucional de 2007. “El eje central en ese momento era disminuir el poder de los gobernadores y de los alcaldes de los espacios políticos territoriales, con el objetivo de generar una relación directa entre el presidente y el pueblo”.
El poder territorial que buscaba restringir aquella reforma es relevante porque antes “la oposición ganaba gobernadores, pero el Estado le ponía protectores [limitantes] a su ejercicio de poder. Aun así, el chavismo nunca lograba contener las expresiones políticas territoriales”.
Actualmente, uno de los principales problemas es la pérdida de autonomía y capacidad de acción del poder territorial en Venezuela.
Otro factor de peso en la tendencia antidemocrática y limitadora de la participación, como resalta Rodríguez, es atentar contra las organizaciones de la sociedad civil, “desde las ONG hasta la capacidad de organización de juntas de vecinos de diferentes figuras que hay dentro del esquema de participación ciudadana, como los padres de los colegios, lo vecinos de un barrio, los que pertenecen a una empresa que no son propiamente sindicatos, entre otros”, pues han sido muestra de la existencia “de figuras en Venezuela que el gobierno no ha podido contener”.
En resumen, “el régimen quiere retomar ese discurso de 2007, en el cual ellos hablan de una relación directa del pueblo con el presidente, pero fundamentalmente quieren: por un lado, socavar el poder territorial de las autoridades locales y estatales y, por el otro, socavar la capacidad de organización de la sociedad civil que no se ha dejado dominar por el oficialismo”.
La economía que imagina Maduro
Aunque la propuesta puede parecer un ideal para la economía venezolana, en la práctica los resultados se quedarían cortos. Chitty explica que “la autarquía [autosuficiencia] es un viejo sueño de todos los pueblos”, sin embargo, “no hay país alguno que la pueda asegurar”.
La propuesta del régimen como una “Venezuela del bienestar, que es la nueva base económica del país, con un modelo diversificado, no dependiente, y autosuficiente”, es utópica. El analista afirmó que en los últimos 12 años el país ha visto descender hasta el 70 % del producto interno bruto, lo para él reduce el segundo punto de la propuesta a “una bobada”.
El discurso busca, una vez más, mostrar que en Venezuela “no está pasando nada”, que la situación es normal. Pero “ninguna de las ofertas de Maduro va a cambiar las cosas. Para que Venezuela pueda tener un PIB similar al que tenía en 2013 tendrían que pasar 20 años creciendo al 5 % anual”, según Chitty.
Uno de los principales problemas es que la industria petrolera no es sostenible, entre otras, por la inexistencia de seguridad jurídica y la corrupción.
“Adaptar” a Venezuela
Otro de los puntos es “la actualización jurídica, constitucional y política de todo el engranaje constitucional de la Constitución de 1999”, pues la Carta Magna debe estar ajustada a “las nuevas realidades del país en términos globales”, según Maduro.
Rodríguez compara este proceso son la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, ilustrando que Nicolás Maduro ya había intentado realizar un proceso similar en aquella fecha. No obstante, su proyecto fue obstaculizado y lo único que logró fue producir leyes con rango constitucional, que funcionaron como instrumentos de persecución.
Para el politólogo, “lo más seguro es que, al igual que le pasó en 2017, los procedimientos que den lugar para tratar de justificar la reforma constitucional no cumplan los parámetros procedimentales que se exigen. Lo hicieron en 2017, que eligieron a asambleístas, de formas bastante particulares, al punto que había ciudadanos que no tenían posibilidad de representación y había ciudadanos que quedaban sobrerrepresentados porque podían elegir varias veces a diferentes asambleístas”.
¿La cubanización en Venezuela?
Ambos analistas plantearon una caracterización comparativa entre Venezuela y el régimen cubano.
Por un lado, Chitty habla de la posibilidad de que la reforma constitucional represente el golpe definitivo que empuje a Venezuela de manera irreversible hacia un proceso de “cubanización”, “desrepublicanización” e “ideologización”. Esto implicaría la imposición de una única verdad o criterio donde cualquier disidencia sea etiquetada como fascismo.
Por el otro, Rodríguez enuncia que Maduro es un sucesor del modelo político cubano, por lo que en algún momento será necesario comparar las figuras emergentes dentro de este proyecto con el concepto de “democracia popular” que promueve el régimen cubano. Dicho modelo no es más que un mecanismo mediante el cual el Estado, con un sistema autoritario, busca restringir y controlar los espacios de participación ciudadana.
Perspectiva internacional: ¿humanitaria o pragmática?
En términos regionales, diferentes países se han visto afectados por lo que ocurre en Venezuela, ya sea por los flujos migratorios, el comercio, la seguridad, entre otros. Dos de los casos evidentes son Brasil y Colombia.
Dada la complejidad de los desafíos que enfrenta Venezuela, los países vecinos han adoptado una postura pragmática, enfocándose en sus propios intereses y necesidades inmediatas, en lugar de priorizar una respuesta contundente ante las medidas antidemocráticas y represivas que afectan a la población venezolana. Esto significa que, en muchos casos, las consideraciones económicas, diplomáticas o de estabilidad interna pesan más que la defensa activa de los derechos y libertades dentro de Venezuela.
Al respecto, Chitty afirma que “el pragmatismo y la proximidad ideológica parece ser más importante que la verdad. Es triste, pero es una situación de la que no podemos desprendernos con el solo deseo de la objetividad y de la veracidad como bases de la política exterior, y menos aún con nuestros vecinos”.
En cuanto a la relación con Estados Unidos, ambos analistas explican la política exterior del gigante americano por las acciones de su mandatario, Donald Trump.
Chitty recalcó que “hoy en día se está conociendo quién es Donald Trump, y no en un buen sentido”, pues el presidente “no tiene ninguna sobriedad ni equilibrio para conducir la política exterior norteamericana”, además, “Venezuela no es un asunto que esté en el primer abordaje de la política exterior norteamericana”.
Rodríguez, por otro lado, clasifica la política exterior de Washington como “transaccional”. Esto implica que “valores como la democracia y la libertad ya no cuentan”. Esto es: a Trump solamente le interesa negociar sobre puntos útiles para su gobierno, como la deportación de migrantes venezolanos, a los cuales probablemente se les ha violado su derecho al refugio.
¿Y la oposición? Rodríguez plantea que “hay dos decisiones en la oposición, por un lado, los que están adentro y por otro los que están afuera”. Explica: “Los que más se han pronunciado fuerte en contra de cualquier forma de participación están fuera de Venezuela. No tienen el termómetro de la vida diaria del venezolano, pero son los que cuentan con el apoyo internacional, los que pueden canalizar recursos para que la causa opositora siga existiendo”.
Por otro lado, “está la oposición que se encuentra dentro de Venezuela y sabe que se cometió fraude, pues no es que […] de la noche a la mañana [la ciudadanía] vaya a participar en un proceso electoral que es absolutamente desventajoso”, concluye.
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Por Juliana Valentina Vélez
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