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El paso de Pedro Rafael Tellechea por las entrañas del régimen venezolano terminó el domingo tras ser detenido por la “comisión de graves delitos que atentan contra los más altos intereses de la nación”, informó la Fiscalía de ese país el lunes.
El Ministerio Público lo acusa de haber entregado el “Sistema de Control y Mando Automatizado, conocido como el cerebro de PDVSA, a una empresa controlada por los Servicios de inteligencia de Estados Unidos, vulnerando así todos los mecanismos legales” de la soberanía de Venezuela.
La detención tomó al país por sorpresa. Días antes, Tellechea, alegando motivos de salud, se había retirado de la jefatura del Ministerio de Industrias y Promoción Nacional, adonde llegó tras dirigir la estatal petrolera, PDVSA, en 2023 y ocupar posteriormente la cartera de Petróleo.
“Sorprende que un presidente de PDVSA, que después es nombrado ministro de Industrias, en el ejercicio, renuncie informando sobre problemas de salud y que luego sea detenido por parte de órganos de seguridad del Estado, que, por cierto, son órganos o aparatos de ejecución de las instrucciones políticas de Nicolás Maduro y [su esposa] Cilia Flores”, comenta Nicmer Evans, politólogo y director del medio independiente venezolano Punto de Corte.
Evans se refiere a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y al Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), en donde, por cierto, también hubo revolcón en los últimos días. Del primero salió Iván Hernández Dala y en su reemplazo llegó el mayor general Javier Marcano Tábata. Gustavo González López, por otro lado, fue apartado de la jefatura del SEBIN, que pasó a manos del mayor general Alexis Rodríguez Cabello, familiar de Diosdado Cabello, número dos del chavismo y nuevo ministro de Interior y Justicia. Por lo anterior, se ha dicho que con los cambios en la cúpula militar Cabello ha afianzado aún más su poder dentro de la más alta esfera del régimen.
“Estos cambios vienen a fortalecer la cohesión, la organización, la disciplina, y la capacidad de Venezuela para defenderse”, dijo Maduro a propósito del remezón en dos entidades acusadas de estar en el centro de la represión del régimen, que ha arreciado tras las elecciones del 28 de julio. Horas antes de la remoción de Hernández Dala y González López, quienes llevaban prácticamente 10 años al frente de los servicios de inteligencia civil y militar, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela publicó un informe en el que señala que hay motivos para sostener que en el país se han cometido crímenes de lesa humanidad en el último año. Detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir las protestas, así como tratos crueles y degradantes, están entre las acusaciones contra el SEBIN, el DGCIM, la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía.
Txomin Las Heras Leizaola, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y presidente de Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano, señala el rango de coronel que detenta Tellechea, por lo que incluso se le podría considerar cuota del sector militar en el sistema económico venezolano. “Me llama la atención que lo hayan defenestrado teniendo ese perfil y no sé hasta qué punto puede ser reflejo de problemas internos graves dentro del régimen. Es muy difícil especular sobre eso, pero [su rango militar] es un dato objetivo”.
Para Evans, Tellechea, “era más una cuota de responsabilidad civil dentro de la cuotas de poder que se reparten las instituciones en Venezuela”, en este caso, el grupo de los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge, vicepresidenta de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, respectivamente. Tellechea “ganó el espacio” al ser el “principal denunciante de las irregularidades que cometió Tareck El Aissami”, del círculo más íntimo de Hugo Chávez, también expresidente de PDVSA y exministro de Petróleo, quien terminó detenido por corrupción. La movida en su momento fue leída por muchos como una recomposición interna para evitar posibles desafíos al poder que ostentan Maduro y su entorno más cercano.
Para el analista, por cierto, la “causa real de la detención de Tellechea no está clara porque se afirma lo de la venta del corazón cibernético de PDVSA a una transnacional, cosa que no se ha podido corroborar […] de fondo debe estar algún elemento de repartición o intereses de cuotas en temas económicos y de poder”. En todo caso, tratándose de supuesta corrupción o traición a la patria, “no son los que designan a estas personas o los que atribuyen esos cargos los responsables de lo que sucede [como los hermanos Rodríguez], sino que por el contrario son los que siguen colocando la gente que según ellos los traiciona”, añade Evans.
Las Heras, por su parte, no descarta que la detención de Tellechea sea una jugada distractora del fraude electoral que la oposición reclama sobre el 28 de julio pasado, cuando la autoridad electoral dio por ganador a Nicolás Maduro, sin haber mostrado, hasta el día de hoy, ninguna acta que lo sustente, cosa que sí ha hecho la oposición liderada por Edmundo González (hoy exiliado en España) y María Corina Machado, en la clandestinidad en Venezuela.
Para Evans, la salida de Tellechea, además, “es la ratificación de la incapacidad del gobierno de tener algún tipo de legitimidad y consolidación de cuadros políticos técnicos o gerenciales que tengan vocación de gobierno transparente […]. Al final, ser designado en el cargo es ser parte de una mafia económica a la que se le debe el favor de manera permanente, sin más interés que responder a los intereses de la cúpula, y al no cumplirle a la cúpula, la traición se paga con cárcel y escarnio público”.
No hay que olvidar que, en reemplazo de Tellechea, al Ministerio de Industrias llegó el colombiano Álex Saab, hombre de confianza de Maduro que estuvo preso en Estados Unidos por lavado de dinero y otros delitos, intercambiado por prisioneros estadounidenses el año pasado.
El nombramiento del barranquillero nacionalizado venezolano ha causado un debate entre juristas que “señalan que para haber sido designado ministro no podría ostentar doble nacionalidad”, explica Las Heras, quien, de nuevo, no descarta que sea otra maniobra distractora “para generar la polémica y desviar los temas de la opinión” a medida que se acerca el 10 de enero, día de la investidura presidencial.
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