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Acto de venganza

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Calificar el atentado en contra del exministro Fernando Londoño como un acto de venganza es tanto como decir que éste había agredido primero a quienes hoy se cobran en su sangre y en su vida una codiciada revancha.

Londoño Hoyos ha sido un hombre público, como pocos vertical, el más duro y enhiesto de los de su tiempo, caído en desgracia ante su jefe por cierta filtración periodística, regresó a la presencia pública, a través de la radio. Uribista irremediable, crítico de sus sucesores en el cargo de ministro del Interior y de Justicia, y de nuevo, a la carga, esta vez en contra del actual presidente y de sus políticas, a su juicio blandas para enfrentar a la guerrilla y en materia de orden público.

Diserto, neoclásico y, como buen caldense a la antigua, grecolatino, esté uno de acuerdo o no lo esté con su pensamiento, es delicioso escuchar su peroración en el Congreso y en los micrófonos, por el buen decir, el flujo verbal de su inteligencia y la tonalidad un tanto nasal de su voz, de perfecta articulación.

La palabra que exprese y explique la reacción en su contra no puede ser la que dé a entender que se trató de una venganza, pues quedaría implícito que sus actuaciones anteriores constituyeron ofensa equiparable con la agresión de hoy. Tal expresión más parece propia de quien ha estado comprometido en actos como los que hoy debe reprimir, a título de autoridad competente, en contra del terrorismo.

Vi por la televisión que el alcalde Petro se refería en esos términos a las actuaciones de los siniestros atacantes del exministro. Hablaba de actos de odio y de venganza —así los calificó— repudiándolos, claro está, pero dejando en el ambiente la idea subliminal de que se trató de una cuenta de cobro a un primer agresor.

Londoño, así se diga lo que se diga en su contra, ha actuado dentro del Estado de Derecho reconocido por la mayoría de los colombianos. Políticamente situado en alguna de las extremas de la escena pública, no media en su contra acusación alguna de ejercicio violento.

Tocado por el asunto de unas acciones comerciales, que se creyó en el derecho de adquirir (la verdad es que nadie dijo quién fuera, entonces, el gerente de Invercolsa, si Londoño sólo era el representante legal), su habilidad mercantil —tema del que poco se ocupa Lorenzo— no merecía la dura exclusión del servicio público a que lo sometió una Procuraduría que se quedó ensañada en contra de los políticos, a los que en su sentir voluntarioso y omnímodo aparta del escenario cuando le apetece.

Una cosa es estar de acuerdo con la acción pública de los personajes que son sus protagonistas y otra tolerar y respetar, como se debe, su libertad de acción dentro de una democracia bien entendida.

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