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El desastre que no cesa

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EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 EL CAnal del Dique rompió el jarillón que protegía las tierras del sur del departamento del Atlántico y sus aguas inundaron miles de hectáreas y las poblaciones de esa subregión.

El boquete por donde entraron las aguas del canal estaba a unos pocos kilómetros de la población de Santa Lucía. Todo su casco urbano permaneció debajo del agua durante meses, deteriorando las viviendas y las edificaciones públicas.

Hoy, seis meses después, la destrucción es evidente. A pesar de ello  los habitantes de Santa Lucía reconstruyen lentamente su población con escasa ayuda del sector público y privado. Los dos puestos de salud también  estuvieron bajo el agua y fue muy poco lo que se pudo salvar. La alcaldía municipal es una ruina. En uno de los colegios se albergan familias cuyas viviendas de bahareque se destruyeroncompletamente. La solución temporal que se ha dado ante la escasez  de aulas escolares es alquilar casas de vivienda y allí estudian ahora muchos niños en condiciones extremas de hacinamiento.

Por ningún lado en la población de Santa Lucía se nota una atención oportuna y efectiva a las víctimas de la inundación del 2010. Mucho menos se observa que la reconstrucción haya empezado. Uno queda perplejo al observar que en este momento Colombia Humanitaria, la organización creada para atender las víctimas de este desastre natural, reporta en su página web que a la fecha han girado el 60% de los enormes recursos con que cuentan. ¿Dónde está esa plata? En Santa Lucía no se ve un solo peso. Hay que señalar que la información que Colombia Humanitaria presenta en su página electrónica es poco transparente, pues solo dan cifras muy agregadas que no permiten el control ciudadano. Es urgente que entren a detallar el destino de los recursos ejecutados y por ejecutar. En el caso de Santa Lucía, por ejemplo, se menciona en la página que se han aprobado dos proyectos por 499 millones de pesos. ¿A quién se le dará el dinero y para qué?

Apenas la semana pasada un grupo de encuestadores estaba adelantando en Santa Lucía el censo de las afectaciones a las viviendas. A los pobladores se les hace responder un detallado formulario que solo incluye los daños civiles, no las pérdidas de muebles, electrodomésticos o instalaciones eléctricas, y se les ha dicho que se les reconocerán hasta 2,4 millones de pesos. Este engorroso proceso administrativo durará meses. ¿Por qué no se hace como en otros países que en  estas situaciones   aprueban una suma fija por vivienda y la entregan inmediatamente al propietario sin mayores trámites? Santa Lucía tiene 2.200 viviendas; eso equivale, si pagan los 2,4 millones por vivienda, a 5.280 millones en total, lo cual es una fracción insignificante de los 6,8 billones de pesos que se le han dado a Colombia Humanitaria. Es más, se debería dar una suma mayor, digamos unos 5 o 6 millones de pesos, y de esa manera se reactivaría la economía local, y se atendería directamente a las víctimas, que no solo tuvieron pérdidas materiales, sino el inmenso trauma de haber sido desplazados. Sí, el problema no es de recursos sino de capacidad institucional. Lo que uno encuentra al recorrer las calles de Santa Lucía son las consecuencias de un desastre que en este momento es sobre todo institucional. 

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