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Ingrid Betancur sufrió durante varios años crueldades que ningún ser humano debería padecer.
Betancur —con toda la razón– concluyó que en algún rincón de su tragedia, entre el inventario incontable de las cosas perdidas y los dolores concurrentes, había unos cuantos millones de dólares. Y resolvió que ella merecía ser sujeto de una compensación, al menos por esta pequeña pero cuantificable parte de la tormenta impuesta.
El siguiente paso refleja estupendamente su raíz cultural –tan francés, tan progresista: concluyó que una cosa abstracta llamada “el Estado” es el culpable y que, por ende, es quien debe girarle la compensación de marras. No se demoraron otras víctimas del hampa en optar por idéntica iniciativa. Sin duda, ya varios abogados deben estar concentrados en el noble empeño de “constitucionalizar” estas pretensiones. No es la libertad, al fin y al cabo, un derecho fundamental, ala?
Yo estoy muy agradecido con ella, no solo como columnista necesitado de tema, sino como contribuyente. Creo que la ira casi unánime que ha generado su aspiración abre las ventanas de un debate fundamental para nuestro futuro, oportunidad que yo sentía inexistente en el contexto del debate público colombiano –tan francés, tan progresista.
La masiva reacción en contra de la aspiración de Betancur, en efecto, muestra que para los colombianos existen pretensiones contra el Estado que resultan repugnantes. La repugnancia que suscitó el caso tiene que ver con el monto astronómico de su pretensión, con el feeling de ingratitud que emana y con la volatilidad acalorada del sentimiento popular hacia sus vedettes de turno.
Pero creo también que en el fondo hay otro tema, mucho más importante, que debemos rescatar y ampliar. Maria Jimena Duzán lo planteó con claridad: “Si la demanda prospera, el Estado tendrá que destinar más de 15.000 millones de pesos del dinero de nuestros impuestos para pagarle a Íngrid (…)” . Parte de la repugnancia, creo yo, se debe a que la inmensa mayoría de los colombianos pensamos que sería absurdo gastar un dinero que proviene de nuestro esfuerzo en semejante tochada. Que si el Estado se ve obligado a hacerlo por determinación judicial, se viola nuestro sentido de la justicia. Que deseamos ver esa plata invertida en asuntos armónicos con nuestros anhelos como sociedad.
El hecho preocupante es que el caso de Betancur es parte ínfima de una enorme espada de Damocles que emana de los reclamos que cursan en cientos de tribunales. El Marco Fiscal de Mediano Plazo 2010 lanzado hace unos días, presenta una cifra que a mí me dejó atónito y de cuyo impacto no he logrado recuperarme. Resulta que el valor estimado de las obligaciones derivadas de distintas sentencias y conciliaciones, las cuales representaban 0.7% del PIB en 2009, saltan a la bicoca de 18% del PIB en 2010, sin incluir una exótica demanda contra el INCORA en liquidación que sigue viva, y que cuadruplicaría esa cifra ya astronómica.
Para tener una idea de lo que esta realidad implica, basta verificar, usando la información del mismo documento, que para poder hacer un cheque por 18% del PIB, tocaría dedicarle al tema todo el IVA recaudado en casi tres años. O ponerle conejo para siempre a uno de cada cuatro pensionados. O despedirnos de la posibilidad de ejecutar inversión pública por unos 10 años. O cerrar todas las operaciones de la defensa nacional por 5. Y así.
Lo de Ingrid Betancur es, entonces, solo la punta de un Iceberg contra el cual estamos
condenados a reventar nuestro país si no implementamos una reforma constitucional que adecúe las pretensiones pecuniarias de unos cuantos ciudadanos, al tipo de sociedad que queremos construir para nuestros hijos.
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