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Interesante el debate que originó el planteamiento de Juan Manuel Santos según el cual en Colombia no resulta conveniente cobrar más impuestos.
Independientemente de algunas reacciones predecibles en un país cuyos intelectuales son tan afectos a la tesis de que nuestro colapso está siempre a la vuelta de la esquina, me parece un planteamiento serio que vale la pena discutir.
Hay dos ideas de fondo implícitas al planteamiento. La primera, que se equivocan quienes creen que la carga tributaria es muy baja en Colombia. Segundo, que la distribución actual de dicha carga está sesgada en contra del crecimiento y no conviene ahondar esta tendencia.
Creo que Santos tiene razón al implicar que la carga tributaria en Colombia no es baja. A los impuestos recaudados por la DIAN –que en el caso de la tasa efectiva empresarial no son ninguna bicoca, como lo muestran diversos estudios— hay que sumarle lo que recaudan a título de impuesto puro los gobiernos departamentales y municipales, el Fondo Nacional de Regalías, el FOSYGA, las Cajas de Compensación, el SENA, el ICBF y el ISS. Si queremos ser más rigurosos, habría que adicionar la plata que el sector privado paga por nuestros enrevesados atajos cuasifiscales, incluyendo el régimen de inversión forzosa en el sistema bancario, las tarifas que cobran los reguladores y supervisores por hacer su oficio, el sobrepago en servicios públicos destinado a financiar subsidios cruzados y el impuesto inflacionario que financia al Banco Central.
Un ejercicio que informa el debate que plantea Santos es construido desde varios años por el Banco Mundial en el contexto de su conocido estudio Doing Business. Con base en la legislación tributaria vigente, consultada cuidadosamente con prestigiosos abogados especialistas radicados en cada país, el ejercicio simula las consecuencias de ubicar una empresa comparable en cada uno de 183 países. Las conclusiones son pasmosas: en Colombia el gravamen que se le impone a esta empresa equivale al 78.7% de sus utilidades, una de las más altas del mundo y desproporcionada en relación con el promedio latinoamericano (48.3%) o con la OCDE (44.5%). La conclusión me parece muy clara: decir que las empresas en Colombia, amparadas en el estatuto general, pagan pocos impuestos, no pasa de ser otro cuento.
En segundo término, esta onerosa carga a las empresas formales va de la mano de una tributación personal extremadamente baja, como lo discute atinadamente un trabajo reciente de Fedesarrollo. Lamentablemente, en Colombia no se ha entendido cabalmente la diferencia entre la distribución estatutaria de la carga tributaria, es decir lo que el código dispone en materia de quien paga los impuestos, y su incidencia, o sea quién, efectivamente, los está pagando. A nivel conceptual, es claro que el impuesto empresarial no necesariamente incide de manera plena en las utilidades de las empresas ya que se traslada en mayor o menor grado a los consumidores, trabajadores y proveedores a través de los precios y los salarios. Además, en la medida en que hagan inviable el ejercicio formal de una empresa, también pueden estar fomentando la informalidad y el desempleo. Gravar con tanto entusiasmo las rentas empresariales, so pretexto de clavar ricos para mejorar equidad, bien puede estar implicando todo lo contrario.
Cuando Santos expresa desacuerdo con el expediente de clavar más impuestos, no creo que esté defendiendo el Estatuto Tributario vigente en Colombia, que todas sus víctimas sabemos es un esperpento. Lo que está sugiriendo, creo yo, es que una eventual reforma tributaria debe evitar la cultura del atajo e iniciar el tránsito hacia un Estatuto para el Siglo XXI: más simple, más técnico y más acorde con el crecimiento económico y el bienestar ciudadano.
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