Censura contra Leonidas

Y el único que no tiene nexos con presidiarios, expresidiarios, futuros presidiarios, parapolíticos o patibularios. Es un candidato cívico, pero sin la financiación insondable de sus contrincantes. Su campaña elaboró una cuña radial donde menciona a los otros tres candidatos. Dice así: “Atención, noticia de interés general: Carlos Fernando Sánchez, patrocinado por parapolíticos e investigado por la Contraloría; Didier Tavera, arrestado el día de elecciones acusado de concierto para delinquir y homicidio; Holger Díaz, asociado con los implicados en el desfalco de Saludcoop”. La intención era transmitirla por Caracol, RCN y Olímpica en Santander, pero la cuña fue censurada por esas cadenas radiales en Bogotá dizque por “irrespetuosa”.

¿Quiénes serán los badulaques que se atreven a desconocer sentencias en firme de la Corte Suprema de Justicia y decisiones de otras autoridades? Los hechos condensados por la campaña de Leonidas Gómez han sido reiteradamente divulgados desde hace años por todos los medios de comunicación del país. Los conoce de memoria la opinión pública de Santander. Impedir que los subraye un candidato independiente equivale a acentuar las desventajas en que ya está colocado un aspirante que carece de la maquinaria de los demás. La candidatura de Leonidas Gómez representa para los electores la opción de votar sin asco. ¿Por qué censuran la higiene?

El politólogo Fernando Giraldo dijo en reciente entrevista con Cecilia Orozco que la elección popular significó entregar “la democracia local a las organizaciones criminales e ilegales, a la corrupción y a dirigentes políticos irresponsables y sin escrúpulos que han capturado políticamente todos los territorios, de manera total o parcial. No se escapa un solo municipio de Colombia”.

Según Giraldo las elecciones locales y regionales solamente sirven para legalizar el crimen: “Cuando la autoridad electoral competente declara públicamente los resultados, legitima automáticamente el fraude y el delito”.

El diagnóstico es unánime. El exministro de Gobierno Jaime Castro, uno de los padres de la descentralización administrativa, ha dicho que los municipios y departamentos “cayeron en manos de roscas y camarillas, a veces clanes familiares, que se comportan como mafias políticas y que convirtieron la descentralización en sinónimo de malos manejos y corrupción”.

La elección popular de alcaldes tiene 30 años, se aprobó en 1985 en el gobierno de Belisario Betancur. La de gobernadores data de la Constitución de 1991. Para el exministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez: “Los contratistas y las castas corruptas asumieron que la mejor inversión era hacer elegir con prácticas torcidas alcaldes y gobernadores dóciles que les entregaran los presupuestos para manejarlos a su antojo, como fue notorio en el asalto del paramilitarismo al sistema de salud, mediante mandatarios regionales amanuenses suyos”.

Se anuncia en La Habana la firma del acuerdo con las Farc, necesario pero tardío, casi anacrónico. Habría sido revolucionario hace 30 años. El Estado permitió que se derramara el 90% de la sangre que se iba a derramar. Y pasarán otros 30 años antes de que el Estado haga algo para ponerle remedio a la opción que enfrentan Santander y casi toda Colombia: escoger entre la sífilis, el sida o el cáncer.