Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La causa de la crisis de la universidad pública en Colombia está en la modo de gobierno practicado por los presidentes en este siglo.
Los gobiernos concebidos desde el funcionalismo financiero y la mentalidad de mercado obvian las responsabilidades sociales y prestan la entidad estatal a favor del enriquecimiento de la empresas privadas, los servicios y los bienes públicos les resultan onerosos. En efecto, tal noción de Estado, de desarrollo y de sociedad, desemboca en exclusiones, inequidades, causales de la crisis estructural de la institucionalidad y la ilegitimidad del país.
Con esa visión de desarrollo rentista y de economía funcional, los presidentes de Colombia, en lo que va del siglo, han orientado el Presupuesto Nacional en sus planes de desarrollo desobligado de la universidad pública, y el argumento para dicha displicencia resulta de una interpretación ventajosa del artículo 67 de la constitución, que define “ la educación como un derecho de la persona y un servicio público de función social” pero además, con el mejor espíritu democrático” faculta a los privados, en iguales condiciones” para ofrecer los servicios educativos.
El ciudadano del común, la clase media particularmente, asume que la educación privada es de mejor calidad que la pública y, por supuesto, los mercaderes de la educación se ocupan, con creces, de alimentar ese imaginario con marketing, con publicidad que resalte la calidad de su infraestructura y de su oferta académica. La rentabilidad de la universidad-negocio es mayor en tanto el Estado premie “el servicio público con función social” con laxitud en las obligaciones tributarias y mejor con créditos para su responsabilidad social como son las Becas del ICETEX y últimamente el programa “ Ser pilo paga”(20 universidades privadas reciben 275,775 créditos educativos más las tres cuartas partes de $591. 000 millones destinados para “Ser pilo paga”)
Mientras que todas las universidades públicas del país les toca bandearse, para todos sus gastos de infraestructura, funcionamiento, mantenimiento, nómina de docentes, tecnología en investigación, con $215.000 millones de Cree, impuesto sobre la renta para la equidad que creó la ley 30 de 1992 y que hoy su destinación ya no es exclusiva para el fortalecimiento, así que el hueco financiero asciende a $434.874 millones.
La educación es el factor determinante del desarrollo, la universidad pública ha de ser la instancia que brindan las naciones a sus habitantes para garantizar el ascenso social de los más pobres, la equidad, la cualificación de las conciencias, la formación de pensamientos críticos, imaginativos, creativos, proyectivos, capaces de impulsar el progreso colectivo, con conciencia ambiental y humanismo. Un país que no invierta en la universidad pública propicia la desigualdad y por lo mismo, la delincuencia, la violencia.
La misión magna de las universidades públicas es democratizar el saber para que todos las personas realicen su ser.
Es necesario pues, que la sociedad civil, todos los ciudadanos colombianos, nos manifestamos públicamente en defensa de la universidad pública, nuestra voz y nuestra manifestación colectiva es el modo más idóneo para presionar a los gobernantes a destinar del presupuesto nacional la porción justa para la universidad pública.
Conoce más