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Sólo faltan 90 días para las elecciones de alcaldes y gobernadores. Cada elección es la oportunidad de promover el cambio cuando y donde sea necesario.
La primera tarea es evaluar a los candidatos. Como criterio de evaluación quiero proponer la experiencia paradigmática de Leoluca Orlando, el alcalde antimafia de Palermo, en Italia. Antanas Mockus definió a Orlando como el mejor político de Europa, y Hillary Clinton propuso su nombre para el Premio Nobel de Paz.
Según Orlando, la corrupción no es solamente el acto criminal de unos individuos, sino una práctica que se ha vuelto sistemática y una costumbre. Para erradicarla, la sola actuación de la Rama Judicial no es suficiente. Se necesita también promover una cultura de la legalidad, que es mucho más que simplemente cumplir con la ley.
De hecho, además de ser justo, cumplir con la ley tiene que ser conveniente. Se trata de cambiar la calidad de la relación entre ciudadanos y Estado. Eso es posible cuando quienes gobiernan no están al servicio de intereses personales, clientelistas o hasta mafiosos, sino al servicio de los ciudadanos.
Entonces, ¿qué características hay que buscar para identificar y apoyar a un alcalde que pueda generar los cambios que logró Leoluca Orlando en Palermo, donde hoy la mafia ya no gobierna?
La primera característica es la independencia. Leoluca Orlando fue elegido alcalde cuatro veces, siempre radicando su candidatura por firmas, apoyándose sólo con el respaldo de los ciudadanos honestos. Mantener esta independencia le ha permitido no tener que devolver favores. Desde este punto de vista, estoy observando con interés la candidatura de Federico Gutiérrez, quien aspira a ser alcalde de Medellín.
Segundo, la “cultura de la legalidad” tiene que ser el eje central del programa de gobierno. Un alcalde inspirado por la cultura de la legalidad es un alcalde que no hace acuerdos a puertas cerradas y que tiene el coraje de denunciar la corrupción y el dominio territorial del crimen organizado; un alcalde que cierra la puerta a los amigos de los mafiosos y corruptos.
La independencia y la cultura de la legalidad son interdependientes. Si no, pasa lo que pasó la semana pasada con la senadora Claudia López, quien renunció a la comisión de avales por el apoyo que los verdes ofrecen a algunos candidatos cuestionables, al mismo tiempo que valida (seguramente de buena fe) dinámicas estériles de la partidocracia: en Medellín acreditó la destitución del concejal Miguel Quintero como cabeza de lista del partido.
Tercero, la cultura de la legalidad presupone una visión integral de la seguridad. La seguridad urbana no puede coincidir solamente con instalación de cámaras y el aumento del pie de fuerza. El eje central de la seguridad urbana es la construcción de comunidad. Asimismo, un candidato tiene que entender, promover y respetar la autonomía de los procesos ciudadanos, sin tratar de cooptarlos.
En la integración de estos tres principios radica la posibilidad de que la cultura de la legalidad no quede sólo en un lema bonito.
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