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Cuando escucho en Colombia a líderes políticos hablar de persecución política por parte del poder judicial, siento un eco de las lamentaciones de Silvio Berlusconi, quien siempre se presentó como un mártir de la justicia italiana.
Berlusconi es un maestro en hacerse la víctima. Es teatral, histriónico, exagerado y desbordante en sus declaraciones. “Soy el político más perseguido a lo largo de la historia, en todas las edades del mundo”, dijo mientras era primer ministro. “El poder judicial es incontrolado e incontrolable, es irresponsable y goza de total impunidad”, dijo hace algunos meses.
Evitar la cárcel no ha sido el único objetivo de los ataques de Berlusconi. Mas allá de un interés personal, su estrategia ha sido debilitar al sistema judicial en su capacidad de combatir la corrupción y las relaciones de la política con poderes criminales; algo que sus gobiernos han logrado en buena parte. De hecho, Berlusconi fue quien garantizó en Italia la impunidad a funcionarios de partidos, empresarios y banqueros corruptos, promulgando leyes y promoviendo una reforma del proceso penal que los favoreció.
Fue así como quienes, entre fiscales, periodistas y políticos (unos pocos), definían la corrupción y los vínculos entre mafia y política como una amenaza a la democracia, fueron presentados día tras día por Berlusconi y sus acólitos como peligrosos subversivos. La difamación del poder judicial ha sido una estrategia privilegiada por Berlusconi, que muchas veces acusó a los fiscales anticorrupción y antimafia de ser comunistas y miembros de una asociación para delinquir.
Es así como, amargamente, en Italia tuvimos que tomar conciencia de un secreto a voces: que la ley no es igual para todos; que, mientras gobernaba Berlusconi, la Constitución no era la fuente de la legislación, sino que lo fueron los intereses personales de él y de sus aliados.
Es por esta reciente historia de Italia que soy escéptico cada vez que en Colombia líderes políticos se presentan como perseguidos políticos. Aun más escéptico quedo cuando se lanzan campañas de opinión como el video “Yo Creo en Óscar Iván Zuluaga”, que pretende recoger firmas contra la persecución judicial al excandidato Zuluaga y su familia.
La lista de personas vinculadas al expresidente Álvaro Uribe y al Centro Democrático que salen del país huyendo de la justicia y que lanzan ataques al poder judicial, es cada semana más larga. Quizás valga entonces la pena preguntarse si la polémica de estos días no sea parte de una tentativa más amplia de desprestigio y de deslegitimación de aquellos fiscales que se han atrevido a investigar casos de corrupción, abuso de poder y vínculos con poderes criminales por parte de amigos y aliados del expresidente Uribe.
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