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El clientelismo que corrompe a la justicia es como el sida: acaba con los glóbulos blancos que combaten a las infecciones y a las enfermedades que afectan a la democracia. Sin una eficaz cura antiviral, la muerte es el destino.
Hace algunos años viajé con un juez de la Corte Suprema italiana a Medellín. Era la primera vez que él visitaba Colombia. Venía de una larga carrera en el poder judicial, donde desempeñó papeles delicados, como en el proceso contra las Brigadas Rojas por el secuestro y asesinato del líder Aldo Moro en 1978.
El juez italiano se encontró con varios colegas colombianos y con organizaciones de la sociedad civil, con víctimas y victimarios involucrados en el conflicto armado del país. Con cada conversación crecía en el juez italiano el asombro por la corrupción que en Colombia permeaba de manera sistémica al poder judicial al igual que a la policía.
Una mañana, durante el desayuno, lo vi particularmente angustiado. Confesó que no pudo conciliar el sueño. “Sin un poder judicial honesto y eficiente, no hay por donde arrancar para sanar a una democracia”, me dijo. En aquel momento, la impresión del juez italiano era que un poder judicial corrupto dejaba a Colombia sin un punto de apoyo para sanar las profundas heridas de su cuerpo social.
Lo que está emergiendo alrededor del caso del magistrado Jorge Pretelt, no es solamente grave por tratarse de un caso individual que involucra al presidente de la corte más alta, sino porque evidencia una trama de relaciones y de comportamientos corruptos que son profundos y extendidos a lo largo de la rama judicial. No se trata solamente de un juez que mancha uno de los poderes sobre el cual se erige la democracia; esto es un cáncer que podría bajar peligrosamente los niveles, que ya son mínimos, de la justicia y de la democracia en Colombia.
Una justicia privada de la ética pública es una farsa. Por eso, no solamente son impresionantes las acusaciones contra el magistrado Pretelt, sino también el aferrarse de manera obstinada a su cargo. Si el presidente de la Corte Constitucional tuviera sentido de la ética pública, además que de la dignidad personal y de su función, hubiera presentado ya su renuncia para no perjudicar el trabajo y la autoridad de la Corte, y para poder defenderse libremente, en lugar de enviar mensajes en estilo mafioso.
La depuración del poder judicial de sus elementos corruptos es un primer paso, necesario y urgente, hoy en Colombia. No es posible imaginar un postconflicto y una transición exitosa hacia la reconciliación sin una justicia administrada de manera independiente, eficaz y honrada. De lo contrario, es como construir un edificio sin poner los cimientos; tarde o temprano se va a derrumbar.
La corrupción huele feo y nos despoja de la esperanza, dijo el papa Francisco hace algunos días durante su visita a Nápoles. El caso del magistrado Pretelt nos recuerda que la paz y la democracia van de la mano, y que para el país es tarea urgente redescubrir la noción de ética pública y de bien común.
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