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El Gobierno Petro decidió hacer la reforma agraria por la vía de intervenir el mercado de la tierra mediante compras para acopiar el fondo de tierras y distribuirlas a campesinos. Se trata de un mercado muy imperfecto y segmentado, en el que los más ricos transfieren a otros ricos el monopolio por un precio inflado, pues se calcula la renta de la tierra escondida en la valorización, por encima de su valor como factor de producción. En el otro extremo, los pequeños transfieren posesiones y mejoras a precios inferiores, cuando no han podido consolidar plenamente la propiedad registrada.
La mayor ventaja de comprar la tierra es que aleja los temores y conflictos propios de la expropiación y la recuperación de baldíos irregularmente apropiados, procesos agrarios que toman mucho tiempo y enfrentan al Estado con los ciudadanos. Según la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria (UPRA), en el país hay 1’135.000 predios baldíos ocupados, con una extensión de 24’259.000 hectáreas, una cuarta parte de la tierra apropiada. Esos baldíos ocupados se transan en el mercado informal, son los ahorros de trabajo acumulados por los agricultores y son reconocidos a menor precio por la comunidad y aun por la ley, como lo hace la de restitución de tierras cuando los han despojado. En sus menores precios no se capturan las rentas de la tierra, como lo hacen los propietarios registrados.
Como el objetivo del fondo de tierras es acopiar la mayor extensión posible, con presupuesto limitado, las compras deben priorizar la mejor calidad de suelos y la mejor localización cercana a los mercados para hacer viables las economías campesinas, y no priorizar las tierras tituladas. Es preferible para el Estado comprar las posesiones informales y las mejoras de baldíos, que no incluyen rentas de la tierra, con lo cual se puede comprar mucha más tierra con igual presupuesto.
Siendo así, el proceso de compra debe focalizarse en las regiones y los territorios donde hay población campesina sin tierra, partiendo del análisis riguroso de suelos para determinar el precio, que varía según las zonas agroecológicas homogéneas, que el país ya ha establecido y que está atado a su aptitud productiva, no a la escasez artificial del monopolio de la tierra. Frente a la opción de tierras semejantes, es preferible adquirir, a menor precio, tierras informales que formales. Con esto, además, se va reduciendo la informalidad de los baldíos ocupados y, sobretodo, en este mercado ampliado, se compite con quienes quieren cobrar las rentas de la tierra gracias a su monopolio, bajando la generalidad de los precios de la tierra por la vía del mercado, en favor de los productores que la quieran trabajar.
Con $5 billones para la compra de tierras en los próximos tres años, la reforma agraria de Gustavo Petro y Jhenifer Mojica puede incidir seriamente en el acceso a tierras, aumentar la producción de alimentos, mejorar los ingresos de los productores campesinos, indígenas y negros, doblegar las rentas de la tierra de los afiliados a Fedegán y, lo mejor, bajar los precios promedio de la tierra en beneficio de quienes la quieran hacer productiva y en perjuicio de los especuladores.
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