Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
En 1979 entrevisté durante un día entero a los 80 presos de la cárcel de Yopal para conocer el sistema de defensa de los grandes hatos ganaderos de Casanare y encontré la respuesta, en la investigación más corta de mi vida profesional. Los presos eran jóvenes campesinos boyacenses y santandereanos que habían bajado de las montañas con la ilusión de colonizar una parcela en la vega de algún río, para sostener a sus familias. La mayoría estaba bajo detención preventiva, sin juicio ni pruebas, desde hacía tres o cinco años, sin abogados ni esperanza de salir en libertad.
Los dueños de los grandes hatos reclamaban la posesión de extensas áreas, limitadas por los caños o ríos que formaban linderos naturales, donde pastaban sus ganados. En esa época era muy importante el DAS rural, con vaqueros parecidos a los del medio oeste norteamericano, a caballo, con cartucheras cruzadas al pecho, y su tarea principal era combatir el abigeato. Para hacer su oficio, el comandante del DAS recibía el encargo del dueño del hato para sacar de sus linderos a los colonos que se asentaban allí y recibía el dinero necesario para los gastos de la comisión, más una prima de éxito por cada cuatrero capturado. Además se alojaban en la casa de la hacienda y eran atendidos como invitados especiales, con ternera a la llanera y abundante cerveza.
El procedimiento era sencillo. Al llegar donde el colono lo acusaban de cuatrero y le amarraban las manos atrás, para colgarlo de un árbol hasta quedar suspendido el tiempo necesario para descoyuntarle los hombros, con dolores atroces. En ese momento le arrancaban la confesión que estaba preparada de antemano. Con ese documento lo enviaban a la cárcel de Yopal, mientras la mujer y los hijos tenían que salir de regreso a su tierra de origen, luego de ver quemado el rancho y robadas las gallinas y el cerdo, después de matar al perro que no dejaba de ladrar.
El delito de colonizar baldíos no tenía defensa posible porque no llegaba a los jueces ni había defensores de oficio, que surgieron con la creación de la Defensoría del Pueblo en la Constitución del 91. Para derrotar cada fundación campesina bastaba encerrar por tiempo indefinido al hombre que la emprendía, y todo el mundo se olvidaba de él mientras vegetaba en prisión.
Esta violencia sorda y de bajo perfil, pagada por los dueños y administrada por el Estado, ha ocupado la vida cotidiana de los colonos de los Llanos Orientales y ha servido para consolidar las grandes propiedades ganaderas que se desplegaron sobre las tierras baldías, después de haber desplazado a los pueblos indígenas a punta de asesinatos y destrucción de sus cultivos, como recuerdan los viejos que presenciaron el deporte de las “guahibiadas”, como se conocieron en el lenguaje local las cacerías de indígenas, similares a los safaris para cazar venados y dantas por deporte y recreación.
La historia transcurre por debajo de la superficie reconocida de los grandes acontecimientos y personajes, pero las heridas en la memoria de las víctimas no cicatrizan en varias generaciones, que sobreviven con sus proyectos de vida rotos y sus sueños frustrados, hasta que esa energía social se canalice en luchas colectivas para fortalecer la democracia y la verdadera paz social.
El Acuerdo de Paz que este Gobierno quiere frustrar señala el camino de la reforma rural con enfoque territorial para llevar derechos sociales a la periferia violenta del país. Iván Duque está en riesgo de ser el enterrador de la paz y la verdad por cuenta de Álvaro Uribe, si las fuerzas democráticas se lo permiten.
Conoce más