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Con la jurisdicción agraria y el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos se completa el equipamiento necesario para la reforma rural integral, que debe reorientarse para que despegue en profundidad. El mercado de tierras no va a aportar la extensión necesaria para repartir tres millones de hectáreas y es necesario acudir a los procesos agrarios para acopiar el fondo de tierras, que debe crecer hasta los 10 millones si se quiere afectar la distribución de la tenencia en el país.
Las fuentes son muchas. La más importante es que los baldíos ilegalmente apropiados con títulos no consolidados se recuperen para el fin establecido en la ley agraria, que es la distribución a los sujetos de reforma agraria. Esa recuperación debe hacerse con inteligencia geográfica, en dos grandes arcos: desde Urabá al Catatumbo, el primero, pasando por el Magdalena Medio, y en el piedemonte de la cordillera Oriental, desde Arauca al Putumayo, el segundo.
Otra fuente importante para asignar baldíos es la sustracción de las áreas colonizadas en la reserva forestal de la Ley 2 de 1959, que las saca de la condición de reservadas y las convierte en adjudicables, para formalizar a los campesinos ocupantes desde hace décadas. Una tercera fuente es la extinción del dominio de tierras que se mantienen ociosas en espera de valorización, sin indemnización, por el incumplimiento de la función social de la propiedad. Aunque en menor extensión, están las tierras extinguidas al narcotráfico, así como los remanentes que siguen en cabeza de la Agencia de Tierras en el fondo agrario, que quedaron como remanente de la reforma agraria.
Para hacer posibles las medidas anteriores es necesario fortalecer la Agencia Nacional de Tierras con un sólido equipo de abogados especializados en derecho agrario y usar el acopio de información sobre tierras acumulada por la UPRA, la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria del Ministerio de Agricultura. La reforma rural tiene enfoque territorial y eso significa que las políticas deben focalizarse para atender la naturaleza propia de cada territorio, distinto a los demás.
Los actores sociales de la reforma social son los campesinos, los indígenas y las comunidades negras y palenqueras, y el Gobierno debe concertarla con las organizaciones de base de cada territorio, dado que no existen organizaciones capaces de representar a los futuros beneficiarios de la reforma.
A diferencia de las otras reformas propuestas por el Gobierno Petro, con riesgo de hundirse en el trámite sin mayorías parlamentarias, la reforma rural ya está aprobada como parte de la paz con las Farc, ya tiene un decreto-ley para hacerla operativa y cuenta, para impulsarla, con una ministra dinámica y orientada a resultados, que se ha comprometido desde hace tiempo con los campesinos y las minorías étnicas.
Uno de los cambios de fondo de este Gobierno ha sido el uso de las Fuerzas Armadas para proteger la seguridad humana y combatir las organizaciones criminales, mientras las retira de la función tradicional de reprimir las protestas y manifestaciones populares. Con esto, despeja el escenario democrático para que emerjan las fuerzas organizadas que presionan para que se cumplan las promesas, siempre incumplidas, de hacer la reforma agraria, sin temor al exterminio de sus líderes por las fuerzas del orden. Es la oportunidad para que se expresen los campesinos en los territorios donde debe hacerse la reforma social más profunda, que el país reclama desde hace décadas.
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