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El Gobierno ha dicho que quiere promover la organización y movilización campesinas en apoyo de la reforma agraria, como hizo Carlos Lleras Restrepo al crear la ANUC, cuando los terratenientes expulsaron a sus arrendatarios como respuesta a la Ley 1 de 1968, que les prometía volverlos propietarios de las parcelas que ocupaban. Esa gran masa campesina desplazada llenó de contenido y propósito la ANUC, que, ante la parálisis de la reforma agraria en el gobierno de Misael Pastrana, se lanzó a “recuperar” fincas para forzar al Incora a comprarlas y parcelarlas a los campesinos recién expulsados de sus cultivos de pancoger.
El punto más delicado en las actuales circunstancias es el de promover la movilización en el contexto de los dominios territoriales de grupos armados criminales, que están matando líderes locales para afianzar el control de rutas y escenarios de los tráficos ilegales. Todo líder social que emerja lleva un blanco pintado en la espalda, porque su eliminación aterroriza a las comunidades. Hay que lograr articular la movilización con la política de seguridad de las comunidades, pero no al estilo de Tierralta (Córdoba).
Los campesinos son muy pragmáticos y se organizan localmente ante objetivos definidos y concretos. Decir que lo hagan en apoyo de la reforma agraria resulta vago cuando no se ha definido bien el rumbo que tomará la reforma. Esta no parece ser una confrontación social entre terratenientes y campesinos, pues no se pretende quitarles a unos para darles a otros, sino comprar las tierras para distribuir, en lo cual no están en oposición los gremios de propietarios. Se puede preguntar: ¿movilización para qué?, ¿en oposición a quién?
Se puede reorientar la política de promoción de la organización campesina con un enfoque territorial, para convocar a los campesinos desde sus organizaciones políticas, que son las juntas de acción comunal, a que participen integrando los consejos municipales de reforma agraria, y estos en consejos territoriales, como instancias de formulación de demandas campesinas, concertación y veeduría. Se puede incentivar esa participación asignando a los consejos municipales y territoriales la tarea de priorizar la focalización de los núcleos de reforma agraria en sus regiones, para calibrar la demanda de tierras que se manifieste de abajo hacia arriba, para que empate con la focalización de la oferta desde arriba. El último gran ejercicio de participación campesina local fue la creación de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que reunió 11.000 juntas de acción comunal y 220.000 personas en 170 municipios.
Sugiero quitar la palabra movilización del decreto, porque su promoción no es tarea del Estado sino de la sociedad campesina, siguiendo su iniciativa. Es muy sospechoso y difícil de justificar que el Gobierno promueva movilizaciones, cuando estas interrumpen la circulación de productos, bloquean todas las actividades productivas y radicalizan a los afectados. Las movilizaciones pueden ser fecundadas desde dentro por intereses contrarios al campesino, por ejemplo de las guerrillas y disidencias, grupos criminales o narcotraficantes para sus propios intereses. Los campesinos se movilizan cuando la necesidad surge desde adentro, tienen objetivos concretos y sienten que tienen la fuerza necesaria para hacerse visibles y expresarse sin riesgos.
Con enfoque territorial, la organización campesina es la base social del desarrollo rural de los territorios, para que, en concertación con el Gobierno, se haga el ordenamiento ambiental, el ordenamiento social de la propiedad y se defina la visión de desarrollo desde lo local a lo territorial y nacional.
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