Aplanadora de víctimas

Su trámite fue anormalmente veloz en la Cámara para permitir la aprobación del referendo reeleccionista. El centro de la discusión fue —y seguirá siendo con ley o sin ella— si los crímenes cometidos por agentes del Estado configuran una política oficial o deben ser considerados casos aislados, sin conexión unos con otros, meras contingencias. Los criminales, sostiene la bancada uribista, son ovejas negras, lunares, manzanas podridas. En una fuerza pública de 450.000 hombres, un par de docenas no hacen verano. ¡Como si la cosa fuera aritmética!

El tema tiene historia y no es independiente de la tradición violenta que cargamos. Cierto es que no existe una política explícita de fusilamientos, desapariciones, torturas. Pero que hay miles de ciudadanos asesinados, desaparecidos y torturados por agentes estatales, obedeciendo órdenes superiores o siendo encubiertos por el espíritu de cuerpo —coraza de la impunidad—, es una realidad que pocos pueden poner en duda. No en vano, la Alta Representante de la ONU para los Derechos Humanos considera que los crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública tienen un carácter “sistemático” y “generalizado”.

De manera que es obligatorio concluir que en materia de control de orden institucional hay dos códigos; uno blanco, explícito, escrito, transparente, que busca impedir los crímenes, y otro negro, implícito, silencioso, clandestino, que los permite y encubre, y a la hora de la verdad, evapora las responsabilidades. No es necesaria una dictadura para que exista una política monstruosa de gobierno apoyada o asistida por el terror y ejecutada por agentes oficiales. ¿Acaso la íntima y comprobada colaboración de la Fuerza Pública con el paramilitarismo no es una política de terror permitida y escondida por organismos del Estado? ¿Acaso la parapolítica no fue un proyecto de gobernabilidad a sangre y fuego que beneficiaba a conspicuos miembros de la bancada de gobierno, y que sólo la valiente posición de la Corte Suprema permitió que el país y la opinión internacional  conocieran? ¿El hecho de que la bancada uribista haya transformado a pupitrazo limpio la esencia del proyecto del Partido Liberal —apoyado por el Polo—, que buscaba fijar responsabilidades en lugar de las simples solidaridades de hoy, no es acaso una fórmula para curarse en salud?

Cuentan que daba pena ver al Ministro de Hacienda echándole lápiz al costo de la ley que reconoce un tope de 18 millones por víctima; él, que no le escatima un cobre al presupuesto de guerra, ya tiene listo el proyecto para que los colombianos tengamos que pagar lo que los Estados Unidos le rebajen al Plan Colombia por comprobadas violaciones de los Derechos Humanos cometidas por militares. (Entre paréntesis, con 18 millones de pesos no se compra un solar en el pueblo más apartado del país). Fue tanta la indignación que el cambio en la naturaleza de la ley causó en la oposición, que sus representantes optaron por dejar la responsabilidad del fraude histórico en cabeza de la aplanadora.