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Diciembre es un tiempo de verano en Bogotá y sus municipios vecinos. Son días en que los capitalinos se calzan las gafas de sol y tiran a un rincón la sombrilla. Cuando era niño, eran los días perfectos para remontar el río Teusacá, saltando de piedra en piedra, chapoteando en sus hondos y persiguiendo truchas, que las había en esos días no tan lejanos. Ahora, los días veraniegos me traen la angustia de cuándo el agua se acabará. Y es que este año ha sido de intenso verano; si tuvimos tres semanas de lluvias en el segundo semestre fue mucho, y en La Calera, donde nace el agua de reserva para Bogotá, paradójicamente sus habitantes sufrimos por la carencia del recurso.
Es una paradoja que parece ser “lógica” en nuestro modelo de desarrollo. En Chocó, la región donde más días llueve al año en el mundo, la gente vive sin agua potable, cazando agua-lluvia en baldes. En las puertas de Campo Rubiales, el mayor campo petrolero del país, se vende el galón de gasolina más caro del país. Cuesta 20 % más del precio en Bogotá, Cali o Medellín. De manera que en los montes calerunos, donde nace el agua que sirve de reserva para los de repentes del acueducto de Chingaza, este año hemos tenido que comprar carrotanques para pasar el verano.
Los vecinos de las veredas como El Hato, El Líbano y El Verjón tenemos agua por cuenta de acueductos veredales que día a día se hacen más precarios ante el auge de los neocampesinos y la construcción de casas de campo. Auge que se agravó con la pandemia. Los especuladores inmobiliarios han hecho el agosto, las constructoras hacen marrullas con los funcionarios públicos para acomodar el POT, entregar licencias ambientales o de construcción. Cada día los calerunos vemos más camionetas de lujo mientras son menos los campesinos de ruana y sombrero.
A la vera del río Teusacá, entre La Calera y Guasca, se han multiplicado los condominios de casas de campo para ricos, con canchas de tenis, gimnasios y piscinas. Y tal ha sido el hambre de las constructoras, que ven el lucro en la ansiedad de verde de los habitantes urbanos y empiezan a calcular sus ganancias hasta robándole la ronda al río. Para esta operación, pactada subrepticiamente entre funcionarios inescrupulosos, ingenieros y constructores, se viene prestando la Corporación Autónoma Regional (CAR), que a un costo ambiental incalculable ha decidido convertir el Teusacá en un canal de aguas muertas, para así entregar la ronda a los urbanizadores, volteadores de tierras y contratistas.
Tan oscuro es el interés, que el contrato de adecuación hidráulica del río Teusacá se firmó el 31 de diciembre del año pasado, horas antes de que dejara el cargo el pasado director de la CAR —quien, entre otras, fue sancionado por la Procuraduría—. El contrato, sólo para la cuarta etapa de la intervención del río, es por $4.700 millones y se firmó con el Consorcio Hidroteusacá 2020. La obra se viene adelantando a lo malditasea y contra la riqueza ambiental de nuestro río. Sin licencia ambiental, ni estudios localizados, ni plan de manejo de material, no cumplen con las mismas guías que la CAR ha construido y, según el contrato, los contratistas cobran por metro cúbico removido, lo que explica que quieren hacer el hueco del cauce lo más hondo posible.
La obra de prevención de inundaciones del río Teusacá es sólo el interés disfrazado de los urbanizadores que necesitan ganarse la ronda del río para desarrollar el proyecto de la ciclorruta de la sabana que se soñó Peñalosa, al tiempo que convierten la ronda del río en conjuntos y edificios estrato 10. Eso sí, lo que no han podido decidir es cómo van a abastecer de agua a todos estos nuevos habitantes rurales que planean traer a La Calera, y mucho menos habrán pensando qué hacer con las aguas negras, o de pronto sí lo están pensando, el proyecto de Chingaza II ya están en plano y para eso necesitaban sacar a Julia Miranda de Parques Nacionales.
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