Adiós a las armas

 Probablemente uno de los errores más crasos que cometió Rafael Pardo cuando era ministro de Defensa e impulsó algunas medidas contra el armamentismo de los civiles fue el haber otorgado la autoridad sobre la tenencia y porte de armas a los comandantes de las brigadas militares. Esto se tradujo en varios problemas muy graves. En primer lugar, resultó que los mismos militares que producen las armas y tienen el negocio de venderlas, son los mismos encargados de controlar la tenencia privada. En segundo lugar, cuando ha habido necesidad de prohibir o restringir el porte por razones de orden público local, los alcaldes tienen que solicitar a los comandantes que procedan. En más de una ocasión, y en más de una ciudad, este proceso ha dificultado el control y el orden por parte de la Policía, que es la fuerza del Estado a la que lógicamente le debería corresponder el manejo de las licencias de tenencia y porte, como responsable del llamado orden público policial, que no es otra cosa que la búsqueda de las vías pacíficas y desarmadas de tramitación de conflictos ciudadanos, en momentos de normalidad, o de control de asonadas y/o motines que puedan derivar en pérdidas de vidas.

Es de esperar que en esta ocasión el Gobierno imponga un severo estatuto, dirigido a restringir, si no a prohibir, que los civiles anden armados y vayan disparando a diestra y siniestra, inclusive contra buses de transporte escolar, y matando niños inocentes.

Ese estatuto debe, por lo menos, contener algunas disposiciones como la exigencia de condiciones muy especiales y rígidas para la venta y concesión de licencias de tenencia y porte; la elaboración de un registro único de armas en el país; la exigencia de que quien posea un arma debe también contar con un seguro de vida y de responsabilidad a favor de terceros, y que los eventuales procesos de control del porte recaigan en la Policía.

No se debe olvidar, por otra parte, que la gran mayoría de homicidios producidos por armas de fuego corresponden a revólveres y pistolas que no son de uso privativo de la Fuerza Pública, y que por tanto las autoridades deben ser especialmente severas frente a éstas. Las medidas frente a las otras, las de calibres más altos, forman parte de un problema distinto, que sólo se resuelve con políticas de combate a las fuerzas armadas irregulares y seguidas de políticas de reconciliación y paz.

El ideal será que luego de expedida la norma que se proponga, se organicen acciones permanentes y eficaces en torno al desarme ciudadano, se propongan medidas de severos controles a los consumos de alcohol y campañas como las que ocasionalmente se organizan en Bogotá, de intercambio de armas por otros bienes, y, sobre todo, por reconocimientos positivos como  buenos ciudadanos a quienes participen en los intercambios.