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LA INSISTENCIA DEL GOBIERNO EN impulsar la prohibición de la dosis personal de marihuana, cocaína y hachís ya se está volviendo sospechosa.
No se entiende que un Congreso que cuenta con un plazo muy corto para evacuar una serie de problemas que afectan la marcha institucional del país se vaya a entretener en la discusión de una propuesta que ya ha sido repetidamente derrotada, primero por el voto popular en el referendo de 2002, y luego en los varios intentos de hacerla pasar en el Congreso.
No se entiende que un Gobierno que poco ha hecho para resolver problemas acuciantes de la población desplazada, que ha dado escasa importancia a la reconcentración de la tierra en manos de testaferros, neoparamilitares y de empresarios aprovechados, se empeñe en presionar al Legislativo para que le dé gusto a un simple capricho presidencial.
Porque realmente se trata de un capricho, que resulta de una mentalidad ultraconservadora y que desdeña principios clave de la autonomía personal de los ciudadanos. Mentalidad que pretende ser la portadora de una moralidad estatal, la que a su turno ha mostrado indiferencia ante otras iniciativas que sí son problemas morales.
Porque no es lógico que se impulse, por ejemplo, el referendo reeleccionista porque expresa una voluntad popular y se engavete el referendo por el derecho al agua, también producto de una voluntad popular expresada en miles de firmas. Tan democrático es un referendo como el otro, y un ciudadano normal esperaría que tuvieran la misma iniciativa de urgencia y de tratamiento.
Y digo que es un capricho de dudosa moral, porque sin duda en el Gobierno se habrá contemplado que la iniciativa prohibicionista impulsará la clandestinidad del consumo. Me imagino que un consumidor recreativo de marihuana preferirá fumarla a escondidas que ser enviado a un tribunal que tratará de averiguar si es consumidor habitual y, en caso positivo, ordenarle tratamiento para que se aleje del peligro inminente. Será un tribunal al estilo del de la película La naranja mecánica. Y más de un cínico dirá que afortunadamente ese tribunal será como el resto de los aparatos de justicia del país: inoperante. Esto de propiciar la clandestinidad y la ineficacia judicial no es muy moral que digamos.
Pero quedan otras dudas. Si se busca proteger la salud de los colombianos, ¿por qué no se ha contemplado hacer algo frente a la desmesurada campaña publicitaria de las fábricas departamentales de licores, templos favoritos del clientelismo? ¿Será que financiar la salud y la educación con el consumo de aguardiente sí es muy moral? ¿Conocerán en el Gobierno las estadísticas sobre homicidios y lesiones personales producidas por el consumo de esos aguardientes? Una breve consulta con Medicina Legal puede aportar argumentos para hacer algo.
Algo más: el tiempo que se va a dedicar a la discusión sobre las virtudes y defectos de la prohibición de la dosis personal podría destinarse a impulsar una ley de víctimas que realmente haga justicia a los miles de viudas y huérfanos, y que no se traduzca en que el Estado se les esconda a sus responsabilidades.
Posdata: muchos de quienes asistimos el jueves a la concentración en defensa de la dosis personal y no somos consumidores, lo hicimos por simple solidaridad.