Las negociaciones con E.U.

Ahora, cuando el Gobierno colombiano gasta enormes sumas en contratar a agencias de cabildeo, valdría la pena que quienes tienen a su cargo el asunto leyeran al menos las recomendaciones del libro. Y desde luego también deben leer el artículo de Cyntha Arnson, “La agonía de Álvaro Uribe”, publicado en el volumen 7, N° 4 (2007) de la revista Foreign Affairs  en español.

La información disponible en la prensa colombiana  indica que en la búsqueda de la aprobación del TLC y la prolongación del Plan Colombia, el Gobierno colombiano ha tendido a privilegiar mecanismos asociados con una diplomacia consistente en tratar de convencer a quienes toman decisiones de Colombia en Washington de que las demandas colombianas son razonables, por cuanto buscan, mediante el Plan Colombia, reducir la oferta de drogas ilícitas y acabar con la amenaza guerrillera, y mediante el TLC, obtener beneficios comerciales para ambos países.

Pues bien, respecto de los beneficios mutuos del TLC, Arnson argumenta que para amplios sectores del Congreso de su país, esto no es tan cierto: el argumento de que la desigualdad económica creciente en ese país responde a los mecanismos del mercado tiene, al parecer, muchas simpatías entre la población, y en consecuencia los tratados de libre comercio pueden propiciar una mayor desigualdad.

Y respecto del Plan Colombia, según Arnson, la ayuda militar ha encontrado resistencias entre algunos legisladores que consideran que un país que encabeza la lista de sindicalistas asesinados no puede recibir más apoyo bélico sin que se demuestre de manera fehaciente que el respeto por los derechos humanos es una realidad incontrastable.

El libro del Iepri aboga por un enfoque radicalmente distinto de la diplomacia de las relaciones públicas. A partir de considerar que “algunos de los más serios problemas de la sociedad colombiana hacen parte de la agenda internacional multilateralizada”, para que se dé una relación aceptable entre los dos países, Colombia debe ante todo realizar cambios profundos en su política interna, de modo que se pueda presentar ante la comunidad internacional como un país democrático, moderno y justo. De hecho, una recomendación postula que es necesario “impulsar un cambio radical en el país a partir de una autocrítica franca y profunda y con el objetivo de lograr nuevos consensos básicos, amplios y sólidos”. Otra, que es necesario “crear las condiciones para la convivencia, la paz y la seguridad internas mediante una mayor participación de la sociedad civil; lo cual requiere de nuevas formas de organización ciudadana”. Y otra más: “Promover una ética pública y privada en virtud de la cual se superen  las subculturas mafiosas, arbitrarias y violentas que vienen caracterizando al país”.

Se trata, en fin, de entender no solamente que las relaciones internacionales pasan por la construcción de una sociedad que realmente pueda presentarse ante la comunidad mundial como un país que busca seriamente resolver sus problemas más agobiantes de democracia y justicia social, y eso no se logra con viajes de diplomáticos y políticos a tratar de convencer a los demás de que los intereses del Gobierno coinciden con los de los interlocutores. Si hay algo de novedoso en el libro del Iepri es el reconocimiento de que  una buena inserción internacional se merece, y no se logra con agentes de relaciones públicas ni con discursos dirigidos a negar las realidades nacionales.