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El incremento de la populari- dad presidencial es resultado del aumento sustancial de su poder, que es a su vez consecuencia de la apropiación política exclusiva del boom económico de la última década por parte de la presidencia.
Lo novedoso de la favorabilidad en las encuestas de los últimos dos presidentes no son los altos niveles —César Gaviria salió del gobierno con índices similares a los de Santos hoy— sino su constancia: casi diez años arriba del sesenta por ciento. Con la excepción de Brasil y Rusia, que tienen parecidos con el caso colombiano, pocos países muestran un patrón similar en los últimos años.
Se suponía que la reducción del poder presidencial era estructural después del reacomodo institucional que hizo la Constitución del 91, pero en la primera administración de Álvaro Uribe se dio una paulatina acumulación de poder por parte del presidente, al punto que el país se acercó a fenómenos de personalismo y autoridad ajenos a su tradición moderna. Ese aumento de poder se atribuyó a la seguridad y al talante de Uribe, pero el hecho de que Santos lo conservara y aumentara contradice ese supuesto.
En mi opinión, el agrandamiento del poder presidencial obedece a que, a diferencia de otros períodos históricos de alto crecimiento económico, Uribe monopolizó para la presidencia los rendimientos políticos a través de dos mecanismos: el caudillista, para centrar en la persona del presidente todo el mérito, sin compartirlo con los partidos políticos y sin reconocer que era producto de un fenómeno económico internacional común a casi todos los países de la región, y un nuevo modelo asistencialista.
Mientras que la expansión del gasto público durante el período de crecimiento económico anterior (gobierno Gaviria) se trasladó a las regiones por vía de transferencias, y a otras ramas del poder (justicia), la actual se enfocó en seguridad y gasto social directo. Por primera vez Colombia viene gastando sumas astronómicas en subsidios directos a los más pobres, que dejaron de ser satanizados como populistas por las instituciones financieras internacionales.
Entre programas como Familias en Acción, Familias Guardabosques, Red Unidos, que afortunadamente el Gobierno viene institucionalizando, más de diez millones se benefician económicamente de él en forma directa. Si a eso se suman los millones adicionales beneficiados con el aumento de cobertura del Sena (a dos millones de estudiantes), del ICBF, de la Ley de Víctimas, y los cientos de miles de nuevos vinculados a las Fuerzas Armadas, más sus familias, el número de colombianos dependientes económicamente del Gobierno aumentó en una proporción muy alta de la población.
Eso explicaría por qué, a pesar de los altos niveles de desigualdad e informalidad, el apoyo popular de los presidentes es alto en los estratos bajos. Y por qué el desplazamiento de cuatro millones de personas no produjo graves consecuencias políticas.
Con el inmenso poder presidencial dependiendo del comportamiento de la economía, si ésta se desacelera y se reduce el gasto público, habrá un gran impacto social con efectos políticos. Si para entonces no se hubiera conseguido la paz, quedará la pregunta de si el boom económico se invirtió, o se gastó.