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El desempeño legislativo del Gobierno

Alvaro Forero Tascón
19 de diciembre de 2010 – 09:59 p. m.

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LA IMPORTANCIA DE UN GOBIERNO tiende a ser proporcional al tamaño de su récord legislativo.

Ese es un axioma en las democracias, por la sencilla razón de que toda obra importante y duradera requiere de concreción y permanencia institucional, así ello se practique poco en América Latina, en donde las realizaciones de los gobiernos se miden más por las gestiones coyunturales y populares de los gobernantes que por la acción concertada y perdurable del Estado. Esa distinción fue evidente en los resultados de la reciente evaluación de los presidentes colombianos.

Ni siquiera en materia de obras públicas basta la capacidad ejecutiva de los gobiernos. Como muestra el estado deplorable de la infraestructura del país, que es un reflejo de la debilidad institucional del Estado para concebir, diseñar, financiar y supervisar la construcción de obras públicas, especialmente las de gran envergadura. Para resolver esa situación no se requiere que el Presidente recite de memoria todos los tramos de las vías secundarias en construcción, sino que se arbitren recursos suficientes como pretende la ley que autorizaría vender un porcentaje de Ecopetrol, y se fortalezcan instituciones como Invías e Inco con la ley de reestructuración del Estado en trámite.

En países como Estados Unidos se valora la capacidad de pasar reformas por el Congreso, porque hacerlo es una tarea titánica para los gobiernos, al punto que algunos sostienen que el sistema político norteamericano se encuentra atrofiado por la dificultad para aprobar leyes de envergadura. En Inglaterra, el tema de cómo se debían aprobar las reformas fue clave en la pasada campaña electoral y en el diseño de la nueva coalición política.

En cambio en Colombia ese es un aspecto poco tenido en cuenta en la evaluación de la gestión de los presidentes. Por una razón evidente: que la capacidad legislativa de los gobiernos muchas veces no obedece a las bondades de los proyectos de ley, sino a la condición clientelista del sistema político. Y por otra menos evidente: que tantos años de gobiernos no reformistas y de intenso protagonismo presidencial nos han acostumbrado a creer que la efectividad de la acción estatal depende de la proactividad y firmeza de los presidentes y no del diseño moderno y eficaz de las instituciones.

Lo anterior significa que, con excepciones como las de Lleras Restrepo y Gaviria en las últimas décadas, los gobiernos tienden a desaprovechar la facilidad para aprobar reformas legislativas propia del sistema colombiano. O, lo que es peor, que la relación costo beneficio de la gobernabilidad clientelista es muy alta, porque implica unos costos gravísimos en materia de corrupción y politización de la burocracia, versus unos beneficios escasos a nivel de aprobación de reformas.

Por eso el éxito legislativo del Gobierno tiene mérito. No sólo muestra el inmenso poder de Juan Manuel Santos, la importancia de la Unidad Nacional y la capacidad política del ministro Germán Vargas, sino que la fórmula de tercera vía, consistente en matrimoniar uribismo con reformismo, no sólo es viable políticamente y puede llegar a ser rentable electoralmente, sino que superará la falta de estructuralidad de la obra del gobierno anterior.

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