El dilema moral de los narcóticos

Por eso la primera tesis tiene una aureola ética y compasiva ,y la segunda una de condescendencia con el crimen y el dolor ajeno, cuando en realidad es al contrario. El prohibicionismo de drogas puede terminar siendo visto por los historiadores, en unos años, como una de las políticas más inhumanas y violentas de la historia de la humanidad. Ninguna otra puso tanta gente en la cárcel (millones sólo en Estados Unidos), por tan poco (desde cargar una porción pequeña de marihuana hasta ser adicto a una droga), y pocas han generado tanta violencia, tanta muerte, tanta corrupción, por vía del narcotráfico, que es una creación artificial del manejo del problema secular de la tendencia humana a consumir narcóticos, no una consecuencia inevitable de éstos. Ninguna política ha sido tan cruel con las víctimas de una enfermedad, tratándolas como criminales y negándoles un tratamiento humano. Y pocas han destruido tanta riqueza, malgastando cientos de billones de dólares en políticas fracasadas, generando atraso y quitándoles recursos a políticas más útiles de educación y prevención. El prohibicionismo de drogas no será visto en el futuro como otro capítulo pintoresco, similar a la Prohibición del licor en Estados Unidos, sino como una gigantesca Inquisición, tan bárbara e inepta como la primera.

Por eso el debate en la Cumbre de las Américas debe centrarse en argumentos racionales, de conveniencia social y económica, pero no debe dejar de enfrentar la tesis prohibicionista en el terreno moral y ético. Sólo demostrando que las razones morales del prohibicionismo hirsuto son en realidad de doble moral, pueden neutralizarse los argumentos de los sectores más intolerantes de la derecha norteamericana. América Latina debe plantear con contundencia su dilema moral, de verse obligada a defender intereses de países consumidores por encima de los propios, que son distintos, porque aunque tiene problemas de consumo, éstos son muy inferiores a los de la problemática que generan la producción y el tráfico. Eso tendría más fuerza que limitarse a propuestas como la del presidente de Guatemala, de cobrarles a los países consumidores las confiscaciones de droga a precios de mercado.

La distinción entre países productores y consumidores que se estableció en la Cumbre de Cartagena en el gobierno Barco, y que pretendió eliminar el gobierno anterior, es esencial para el argumento moral sobre la injusticia de que los países productores y de tráfico tengan que pagar el precio más alto. Se debe insistir en que el efecto devastador del narcotráfico no es sólo producto de la debilidad del Estado y los sistemas policiales, como alegan los países consumidores, sino también consecuencia de la prohibición. La incapacidad para derrotar a las Farc tiene tanto de debilidad del Estado, como del efecto debilitante del narcotráfico sobre éste.