El espejismo de la cárcel para las Farc

Primero, puede llevar al traste la posibilidad de la paz. Sólo porque el país se acostumbró a no oír a las Farc, y porque éstas han pisado mil veces su credibilidad, se sigue creyendo que los cabecillas de una organización con miles de combatientes, cientos de millones de dólares de ingresos anuales, una geografía protectora, y el orgullo de haber sobrevivido al Plan Colombia y la seguridad democrática, están en La Habana para acordar los términos de su rendición. Con seguridad los cabecillas piensan que si entran a la cárcel no volverían a salir, porque les cambiarían las reglas de juego, como a los paramilitares.

Segundo, porque si hay cárcel para las Farc, tendrá que haberla para muchos otros, y no sabemos qué tan lejos y qué tan alto pueda llegar eso. La verdad es que luego de una guerra sucia de décadas, no sólo las Farc necesitan impunidad. Ese es el mensaje profundísimo de César Gaviria, dicho de manera políticamente correcta, que está despertando la sed de justicia de un sector: amigos del proceso que se oponen a la propuesta de Gaviria porque se están ilusionando con ver generales, empresarios, ganaderos, y hasta expresidentes en la cárcel, por cuenta de la “paz sin impunidad”. De tanto abusar demagógicamente de esa frase, los enemigos del proceso la volvieron exigencia ciudadana, y se les está devolviendo como un bumerán. Si no debe haber impunidad para las Farc, tampoco puede haberla para sus enemigos que cometieron crímenes, reza el nuevo mito urbano. Con los cabecillas de las Farc en la cárcel empezaría una guerra jurídica para enjuiciar a sus opositores. Los mismos defensores de derechos humanos que coinciden hoy con el expresidente Álvaro Uribe y el procurador serán quienes pidan a la Corte Penal Internacional que capture a los aliados políticos de éstos. Un proceso completamente libre de impunidad es un lujo costoso para una sociedad con noventa por ciento de impunidad, que ha cometido todos los abusos con la excusa de la guerra, cuya violencia descomunal es generada en noventa por ciento no por guerrilleros sino por ciudadanos, que tiene institucionalizada la impunidad para los cargos más altos del Estado.

La cárcel para unos cabecillas no va a cerrar la confrontación. Lo único que va a lograrlo es que esa confrontación se civilice trasladándose a la democracia, porque el castigo a las Farc, para que tenga efectos perdurables, tiene que ser político. En las urnas, en el Congreso y en los tribunales por acciones cometidas luego del acuerdo. Sólo haciendo política, las Farc van a tener la presión y los incentivos para ayudar a perseguir guerrilleros que no se desmovilicen, para reemplazar siembras de coca, desminar, para ayudar a cambiar condiciones sociales en sus zonas de influencia. La solución es una justicia transicional hecha para terminar una guerra, no para obtener indulgencias internacionales de quienes empezaron la Guerra Fría, que —degradada— aún sufrimos en Colombia.