Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Era fácil prever que, en uno de los momentos más críticos de la crisis económica, social y de salud más grande de la historia del país, amenazar con subir los impuestos a los alimentos básicos, a los servicios públicos, a la gasolina, a la clase media vulnerable era tirar una granada contra el combustible derramado en un bosque seco.
El resultado ha sido que se dispararon la protesta social y el vandalismo en las calles, y Gustavo Petro y la desfavorabilidad de las instituciones y de la gran mayoría de líderes políticos en las encuestas. No se sabe qué es peor, hacerlo con sangre fría conociendo lo que podía sobrevenir o no tener la mínima competencia política para medir las consecuencias. Es difícil creer lo segundo, después de meses de tensión política en las calles, de estallidos de violencia como los del 9 y 10 de septiembre pasados en Bogotá, y de unas encuestas que llevaban meses mostrando que la oposición tenía la iniciativa política con su oferta de cambio drástico.
Después de un año en que los sectores sociales hicieron enormes esfuerzos de mesura y paciencia para soportar los rigores de una pandemia que varios estudios han evaluado como una de las peores per capita en el mundo, tanto en salud como en economía, el principal beneficiario de esa generosidad de los ciudadanos, el Gobierno decidió romperla con una reforma incendiaria. Escogió para hacerlo el peor pico de la pandemia y de escasez de vacunas, y el momento en que el DANE oficializaría los dramáticos resultados de aumento de la pobreza. Sabiendo que una reforma tan ambiciosa no tenía ninguna posibilidad de ser aprobada en este momento.
La puesta en escena de dos reformas —una efecto placebo del Gobierno y una real del Congreso, una vez implosionara la primera— parecía estar dirigida a dos galerías distintas. La del placebo, a las calificadoras internacionales de riesgo. Pero la audiencia externa la estaba recibiendo muy mal. Sin haber perdido el grado de inversión, sin saber si se va a perder, los bonos soberanos colombianos ya están siendo tratados por los especuladores como papeles basura. Bloomberg informa que eso es consecuencia de que el mercado internacional vio que el gobierno Duque no lograría pasar la reforma tributaria que presentó y que esta generó grandes movilizaciones sociales en contra.
Muy posiblemente saldrá una tributaria modesta y se consigan los recursos faltantes para el corto plazo de ventas como la de ISA e ingresos petroleros más altos de lo previsto. En lugar de aceptar que los partidos de la coalición pedían gastar aún más para subsidios en el año electoral y que pasaría el problema fiscal al próximo gobierno, el ministro de Hacienda prefirió proteger su campaña a la presidencia de la CAF y volver a pasar como el pastorcito mentiroso, pues en 2018 también dijo primero que heredaba un hueco fiscal de $25 billones; luego, que era de $14 billones, para terminar haciendo una reforma de $7,5 billones y aumentando el gasto.
Esta parece una crisis inducida para disparar el extremismo y la polarización, que solo se explicaría por la búsqueda de protección en las encuestas a través del miedo y de impulso a los débiles candidatos que el gobierno Duque dejó sin las banderas tradicionales de derecha, de seguridad, economía y justicia.
Conoce más