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La decisión de no subsidiar a tiempo las nóminas de las empresas y no evitar el despido de millones de trabajadores puede ser una de las grandes equivocaciones de política económica y social.
En contravía de lo que hicieron rápidamente muchos países del mundo ante la pandemia —salvar empleos subsidiando buena parte de las nóminas—, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, tomó la decisión de no subsidiar a las empresas, sino ofrecerles créditos garantizados. Primero gastó semanas críticas en negociar montos de las garantías con los bancos. Luego, semanas más esperando a que los créditos fluyeran, a pesar de que los noticieros informaban diariamente que muchísimas micro y pequeñas empresas no estaban siendo consideradas objeto de crédito.
El Gobierno sostenía que los subsidios eran demasiado costosos y que no contaba con recursos. Cuando finalmente reconoció que sí podía conseguir los recursos, y que el mecanismo de créditos no era eficiente para salvar empleos en una emergencia en una economía como la colombiana, habían pasado casi dos meses (la primera emergencia económica se decretó en marzo 17, los subsidios en mayo 7) y se habían perdido más de cinco millones de empleos.
El impacto y oportunidad de la medida son medibles. Con las cifras de desempleo del DANE a 30 de abril: 19,8 % (sumando la cifra de personas inactivas, asciende a 30 % según Fedesarrollo). Y con la prueba que se conoció esta semana: a pesar de que se presupuestaron dos billones de pesos mensuales para subsidiar nóminas (por tres meses), las solicitudes de subsidio de mayo solo llegaron a 840.000 millones, menos del 50 %. Como era previsible, muchas empresas ya habían despedido. Y por lo austero del subsidio (solo cubre 40 % del salario mínimo), muchos empresarios siguieron despidiendo.
Las explicaciones para semejante equivocación en una de las políticas públicas más sensibles de este siglo son identificables y eran fácilmente corregibles. Una es ideológica. El Gobierno ahora sostiene que está haciendo un salvamento fiscal de tamaño comparable a Perú, del 11 % del PIB (en realidad la mitad no es gasto sino garantías que pueden no llegar a concretarse, e incluye gastos anteriores a la pandemia como algunos para salud). Pero inicialmente el ministro Carrasquilla repetía las palabras de la más ortodoxa enemiga del endeudamiento público, Margaret Thatcher: las deudas hay que pagarlas. Otra explicación es la “prudente” estrategia gradualista, a pesar de que ahorrar agua para cuando termine un incendio solo logra que la devastación sea mayor. La explicación de fondo es que, a diferencia de otros países en que los paquetes de salvamento fueron definidos a tiempo conjuntamente por Congreso y Gobierno, con amplias discusiones públicas, en Colombia el ministro Carrasquilla impuso su opinión napoleónica y pocas voces alertaron sobre los riesgos de su extremismo.
Dos hechos dirán si la decisión de Carrasquilla fue prudente o temeraria. Si la economía rebota, como en los países que invirtieron rápido en mitigar el daño económico de la pandemia, o si se recupera lenta y dolorosamente. Y si en las elecciones presidenciales Gustavo Petro recoge los frutos de una crisis social que profundizó la decisión que permitió una pérdida de empleos tan brutal como prevenible.
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