La popularidad de la seguridad

Para ganar las guerras los gobiernos necesitan el firme apoyo de la población, porque una sociedad dividida carece de la fortaleza que requiere una empresa tan exigente. Álvaro Uribe consiguió un consenso sobre la necesidad de ejercer la autoridad en defensa de una ciudadanía acorralada por la violencia. Pero lo logró con una propuesta que no parece cumplible después de una década de los mayores esfuerzos económicos, militares, internacionales, sociales y políticos: la promesa tácita de derrotar a las Farc por la vía militar. La seguridad democrática es la combinación del Plan Colombia con un componente populista alimentado por la indignación popular con los malos resultados del proceso del Caguán, que consistió en proscribir la negociación con las Farc por razones éticas (terroristas), prácticas (falta de voluntad de paz) y políticas (carencia de ideales), y que no dejó camino distinto al de la aniquilación militar de la guerrilla.

El arraigo popular de esa promesa implícita de victoria militar no está dejando que se reemplace la seguridad democrática por una estrategia más realista y de mayores posibilidades de éxito, a pesar de la evidencia clara de que está desgastada debido a un exceso de ambición y de ingenuidad comparable al de su contraparte pacifista durante la administración Pastrana. Es evidente que la seguridad democrática fue efectiva para alejar a las Farc de las áreas urbanas, pero no para extraerlas de las zonas rurales apartadas; que permitió que el narcoparamilitarismo se reagrupara en las bacrim; que no combate con efectividad el narcotráfico que nutre con cientos de millones de dólares anuales a los violentos; que carece de un complemento suficiente de inversión social en zonas de violencia.

Pero la popularidad de la seguridad democrática genera estímulos para buscar resultados de corto plazo que dificultan la verdadera resolución del conflicto, como la retórica triunfalista, el rescate militar de los secuestrados a pesar del evidente riesgo para sus vidas, la vistosa baja de cabecillas que arriesga debilitar la unidad de mando de la Farc y promover una peligrosísima atomización que dejaría miles de excombatientes dedicados a empresas criminales como las bacrim. Y las marchas para gritarle indignación a las Farc, que aunque es un sentimiento comprensible, pueden estimular a que los guerrilleros se sientan condenados a seguir armados ante la evidencia de que no tienen posibilidades de conquistar políticamente a una sociedad que los odia y no les reconoce idealismo alguno.

Mientras la sociedad colombiana siga enfrascada en celebrar alborozadamente los éxitos y desfogar rabiosamente los fracasos de la seguridad democrática, no se concentrará en estrategias más útiles, como operaciones militares menos vistosas y más efectivas, y manifestaciones para atraer a la guerrilla hacia una salida política y no para cerrarle el espacio político. Y no confiará en la conclusión a la que parece haber llegado el presidente después de tanto trasegar con la seguridad democrática: que no basta con el componente militar, ni siquiera con el jurídico, que el político es inevitable.