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La batalla de estas elecciones presidenciales no es por el modelo económico, ni por el modelo social, ni siquiera por el modelo de seguridad. Es por el modelo político.
La polarización de la campaña es producto de que la tensión entre el modelo político tradicional colombiano —el institucionalista— y el nuevo —el caudillista— entró en una fase de contradicción aguda.
Esa tensión surgió con la derrota del bipartidismo y el triunfo de un proyecto político caudillista en 2002, que proponía solucionar los problemas colombianos por vía de la autoridad. Así como el instrumento de acción del institucionalismo ha sido el clientelismo, el del caudillismo es el populismo. Ambos son atajos latinoamericanos clásicos, que pretenden resolver los problemas de gobernabilidad que presentan sistemas políticos bajos en legitimidad.
El caudillismo aprovechó la degradación paulatina de las instituciones por la falta de continuidad de las reformas iniciadas en la Constitución de 1991, al punto que no sólo no combaten las cinco plagas colombianas —la violencia, la corrupción, la desigualdad, la impunidad y la informalidad—, sino que tienden a perpetuarlas. Álvaro Uribe utiliza esa circunstancia para fustigar sistemáticamente las instituciones desde hace más de una década: empezó con los partidos políticos en 2002; siguió con el Ejecutivo, eliminando ministerios, suplantándolo con su personalismo entregando cheques; continuó con la justicia; en las elecciones pasadas la enfiló contra el Legislativo, cuando sus antiguos aliados no quisieron acompañarlo; y podría terminar de desprestigiar completamente las instituciones atacando el sistema electoral. Con ello busca el rechazo de los ciudadanos a las instituciones para que sólo quede el “remedio” del caudillismo, y eso desemboque en una constituyente para “enderezar” las instituciones por vía de mayor poder presidencial.
Por el contrario, Juan Manuel Santos representa el institucionalismo de la tradición liberal, convencido de que a pesar de sus grandes imperfecciones, las instituciones colombianas son superiores a las de los países de la región y han permitido una mucha mayor estabilidad política y económica. Que en lugar de recurrir al modelo nefasto de los países andinos, se debe insistir en reformarlas desde el propio sistema. Y que la paz es un requisito para desactivar la anestesia de la guerra sobre la pluralidad ideológica, que en últimas es la que tiene frenada las reformas.
La explicación para que una parte de la clase dirigente —normalmente institucionalista y aterrorizada con el populismo— esté apoyando la forma atenuada de populismo de Álvaro Uribe, es que se convenció que éste, y su fórmula de mantener la guerra contra el comunismo, es la mejor manera de garantizar el mantenimiento del statu quo, porque teme que la paz le abra espacios a la izquierda. La guerra se convirtió en un instrumento inmoral, pero seguro, de frenar los cambios.
Los resultados de las elecciones presidenciales pueden inclinar la balanza a favor de uno de los dos modelos, porque el establecimiento está dividido, y a pesar de los avances del modelo caudillista, el instititucionalismo conserva el poder de la gobernabilidad gracias a que el clientelismo aún controla más de la mitad del Congreso.
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