Las «racionalizaciones» sobre la seguridad

Y racionalizaciones son los juegos pirotécnicos contra el ministro de Defensa Rodrigo Rivera, que buscan evitar los efectos políticos de que las bacrim son hoy de tamaño similar a las Farc y que el año pasado cometieron más homicidios que la guerrilla.

Racionalizaciones como que el ministro de Defensa es responsable de un supuesto deterioro de la seguridad, o que la seguridad se deterioró súbitamente, buscan soslayar una razón obvia: que la política de seguridad democrática fue diseñada esencialmente para contrarrestar a las Farc, por lo que ha tenido éxitos contra la guerrilla pero ha resultado insuficiente para combatir la violencia general, que en Colombia tiene dos manifestaciones: guerrilla y bandas narcotraficantes. Y una justificación económica común: el narcotráfico. Esas racionalizaciones buscan ignorar que la política de seguridad no había sido integral para combatir todas las manifestaciones de violencia y que por tanto es necesario rediseñarla. Porque la seguridad democrática tuvo éxito en reventar la burbuja de la crisis de seguridad del cambio de siglo, pero terminó convertida en la vaca lechera de la política y por ende sometida a grandes distorsiones para acomodar los intereses del uribismo, como pretender que algunas violencias tienen justificación, o que la complicidad de la política con el paramilitarismo es culpa de las Farc, o que éstas impulsan el narcotráfico y no al revés.

El problema de las bacrim no es el resultado de un supuesto fracaso del proceso de reintegración de los paramilitares. Es resultado de una política de seguridad que en lugar de aceptar que con las desmovilizaciones surgía una nueva y grave amenaza a la seguridad —grandes mafias interconectadas entre las ciudades y el campo—, trató de disimularlo con fines políticos. Decir que el paramilitarismo desapareció completamente porque las bandas actuales no son contrainsurgentes, es una racionalización, porque los paramilitares siempre fueron más narcotraficantes que contraguerrilleros, razón que el mismo gobierno aceptó extraditando por narcotráfico a quienes meses antes les había reconocido estatus político en Ralito. Que el narcotráfico se camufle cada 5 a 8 años para adaptarse a nuevas realidades no quiere decir que deje de serlo. En los últimos 30 años se ha pasado de narcos arribistas y clientelistas, a carteles enfrentados contra el Estado, a carteles intentando sobornar al Estado, a carteles militarizados aliados con el Estado en contra de la guerrilla, hasta llegar a las actuales bacrim.

Por eso una de las más flagrantes racionalizaciones es que el problema de las bacrim tomó al Estado y al país por sorpresa. Esta racionalización busca esconder que éstas crecieron bajo la seguridad democrática, para evitar que se devuelva en contra del uribismo su aplaudida narrativa de que los gobiernos anteriores permitieron que los grupos ilegales les crecieran en las narices, sin hacer nada para evitarlo. Y busca desconocer que el Partido Liberal advirtió hasta el cansancio del riesgo de las bacrim, al punto que la negociación con los paramilitares desencadenó el rompimiento definitivo de Rafael Pardo y de César Gaviria con el gobierno Uribe.