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Es evidente que la oposición va ganando la batalla jurídica sobre la consulta popular, y perdiendo la batalla política, pero puede empatarla.
Tiene fácil la batalla jurídica, porque a diferencia de los que gritan “dictadura”, en Colombia están en plena forma los controles de la democracia: los legislativos, los judiciales y los mediáticos. Las constituciones crean esos controles precisamente porque los poderes tienden a extralimitarse. Por eso lo que define una democracia no es la sublime inexistencia de excesos de poder sino la capacidad para controlarlos. El decreto de convocatoria de consulta popular seguramente será suspendido, inaplicado y declarado ilegal e inconstitucional por distintas instituciones.
Eso lo saben tanto la oposición como el gobierno. Insisten en su enfrentamiento porque entienden que la pelea es política, y su histrionismo catastrofista en realidad busca réditos electorales. A costa de las instituciones, como han hecho durante los últimos tres años alimentando esta polarización irresponsable.
Obviamente Petro va ganando la batalla política porque está del lado políticamente rentable –de los derechos de los trabajadores y del derecho del pueblo a expresarse– mientras que la clase política está en contra. Y se lo facilita enfocándose en la pelea jurídica, que le importa menos a las mayorías que sus derechos, especialmente porque es evidente que lo que busca es frenar la consulta con el argumento de la defensa de la democracia.
Lo paradójico es que la oposición fue quien le regaló a Petro los superpoderes de la consulta popular con la estrategia torpe de hundir las reformas sin discutirlas seriamente. De no haber hundido la reforma laboral, Petro seguiría sometido a su trámite farragoso y la oposición no habría tenido que recular.
El sueño populista es encontrar un vehículo para probar que se encarna al pueblo contra las élites. Petro no lo había encontrado. Con la reforma a la salud la oposición le había ganado el pulso popular, y las marchas de la oposición habían sido copiosas como las del gobierno. Pero con la consulta, que le llega a los sectores populares más difíciles de motivar, Petro está logrando aterrizar electoralmente el tema de la equidad, que se quedaba en discursos incomprensibles y que en México funcionó tanto para la reelección de la izquierda.
Así no se convoque la consulta y Petro pierda la batalla jurídica, lo que no le importa, porque la guerra es política. Inclusive le conviene que los jueces se unan a los políticos y empresarios en su contra para magnificar la narrativa del enemigo interno que necesita presentar en las elecciones como justificación: “la culebra sigue viva”, como sostuvo Alvaro Uribe para reelegirse.
Lo más paradójico es que la oposición tiene en sus manos la kriptonita contra los superpoderes que le regaló a Petro –la aprobación de una reforma laboral viable políticamente– que mataría la consulta, pero se enfoca en una batalla jurídica que le conviene a Petro, porque al final lo que entiende la gente humilde es que los excesos legales de Petro son para beneficiarlos, y los de la oposición, lo contrario.
Si se hunden las reformas laboral y pensional, le habrán regalado a Petro un portaaviones electoral más grande que el estallido social de Duque.
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