¿Viene más protesta social?

La teoría sostiene que hay tres componentes para que un movimiento social se despliegue: la conciencia organizacional, es decir, la existencia de un reclamo o una aspiración sentida dentro de una comunidad o grupo de personas; los recursos de todo tipo para lanzarse y sostenerse, y la oportunidad política, que consiste en “las dimensiones del conflicto político que impulsan a la gente a enfrascarse en una política contenciosa” (Tarrow).

En el caso particular de la protesta estudiantil, la oportunidad política la sirvió en bandeja el Gobierno, aventurándose con una reforma tan audaz como inexperta era su gestora en el tema educativo, y, una vez iniciadas las marchas callejeras, revelando no ser street smart, término para describir a las personas habilidosas para sobrevivir en la calle. Un artículo de La Silla Vacía dice que los estudiantes “demostraron que Santos también tiene un talón de Aquiles: la calle”, llamando la atención a que la capacidad del Gobierno para manejar los factores de poder entre muros, parece inversamente proporcional a su destreza para hacerlo por fuera del marco institucional.

Pero la pregunta es si se habría podido conformar un movimiento estudiantil tan exitoso de no haber estado dadas las condiciones políticas que incentivan la aparición de movimientos sociales que presionan por cambios sociales. En la teoría de la oportunidad política, esas condiciones se dan cuando aumenta el pluralismo político, cuando se reduce la represión, cuando hay divisiones entre las élites o cuando se dan fenómenos políticos emancipatorios.

Por lo menos las dos primeras condiciones se están dando actualmente, porque están desapareciendo las que bajo el gobierno Uribe desestimularon la protesta social. La agenda política se está diversificando luego de la obsesión anti-Farc que monopolizó el debate nacional durante casi una década y que generó lo contrario a la protesta social —que las marchas fueran a favor de las políticas del Gobierno— como la del 4 de febrero. También desapareció la polarización política producida por el gobierno Uribe alrededor de la agenda antiterrorista, que generó un ambiente negativo para la expresión de las fuerzas sociales, a base de una combinación de consenso populista y énfasis en la autoridad.

Días después de que las elecciones locales evidenciaran la debilidad de la democracia representativa, el movimiento estudiantil demostró las posibilidades de la democracia participativa, así fuera por vías no institucionales. Los estudiantes nos están recordando que la Constitución del 91 diagnosticó la debilidad de la democracia colombiana como resultado de la falta de democracia participativa.

La realidad es que las oportunidades políticas para la protesta social están aumentando, tanto por factores internacionales como internos. Y que los estímulos —desigualdad, desplazamiento, informalidad— continúan altos. Por eso no bastaría que el Gobierno fuera street smart si la economía —el motor de la popularidad presidencial— se resintiera.