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“Les voy a pedir a todos los congresistas que mientras no estén en la cárcel, voten”: la máxima del expresidente Álvaro Uribe que minimiza la ética en el ejercicio de lo público recobra vigencia con el gobernador electo de Antioquia, Andrés Julián Rendón (AJR), cuyo expediente irá a un delegado de la Fiscalía ante la Corte Suprema por los presuntos delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
El 20 de abril de 2022, Andrés Eduardo Cruz, líder de los scouts, fue asesinado a 800 metros del Comando de Atención Inmediata de la Policía (CAI) de Cuatro Esquinas. Esto impulsó a que, el 31 de agosto de ese año (antes de la campaña electoral regional), la Veeduría Ciudadana Identidad y Defensa de lo Público (VID) investigara sobre dos CAI construidos por el entonces alcalde de Rionegro (2016-2019), del Centro Democrático, AJR. Encontraron irregularidades como el cambio de la destinación original del contrato (escenarios deportivos), la contratación directa y la falta de aval para su funcionamiento.
Todo reventó porque la Contraloría determinó un detrimento patrimonial por casi $1.270 millones.
La VID denunció penalmente al entonces alcalde AJR; a Rodrigo Hernández, gerente de EDESO (Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente), y a otros. Dicho gerente es hoy alcalde de Rionegro. EDESO comenzó como empresa industrial y comercial del Estado en agosto de 2016, “exceptuada del régimen tradicional conforme a la Ley 1474 de 2011”, según consta en el contrato.
¿Cómo a una empresa recién creada, sin idoneidad comprobada, se le asignan contratos a dedo? El abogado John Osorio Pemberty, de la VID, explicó para esta columna: “Cuando llega a la Alcaldía, Rendón se da a la tarea de crear un sinnúmero de empresas… EDESO se crea con un patrimonio que entregó el mismo municipio. Desde entonces, se prescindió de las licitaciones públicas y demás formas de contratación que establece la Ley 80”. Agrega: “También se creó una empresa para monopolizar el alumbrado público (ESO, Empresa de Seguridad del Oriente SAS) como entidad descentralizada. Y otra que iba a ser de economía mixta pero que tiene una creación irregular, dedicada al transporte: SOMOS (Sistema Operativo de Movilidad Oriente Sostenible). Más recientemente crearon Nutriceres SAS a través de la cual monopolizan la contratación del PAE (Programa de Alimentación Escolar): la contratación es yo con yo, el municipio se autocontrata”. Y concluye: “Ellos no ejecutan casi nada, lo tercerizan. Es una empresa para cobrar comisiones”.
Según la VID, con esas entidades “se ha cartelizado y monopolizado la contratación pública en Rionegro”.
¿Cómo dejó AJR al municipio? Se le critica por la gentrificación generada por el incremento del impuesto predial; sin embargo, el informe “Nuevos órdenes, viejas disputas” (2022), de la Mesa de Derechos Humanos del Oriente antioqueño, constituye la mayor alerta: los derechos humanos tras su mandato. Advierte que “en el nuevo mapa de la región aparecen nuevos y grandes grupos, como Clan Isaza, Clan del Golfo y El Mesa”. Entre 2018 y 2021, Rionegro punteó en homicidios: 72. En 2021, 55 personas fueron desplazadas en ese municipio. Entre 2020 y 2021, la desaparición en dicha subregión aumentó 135 %: de 20 pasó a 47 casos, 20 solo en Rionegro.
¿Antioquia “se salvó” de “Luis XV” (como se conoce al exalcalde y exgobernador Luis Pérez) para ingresar en la era de “Andrés I”? Eso lo determinarán los entes de control.
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